educación

Fuengirola ofrece una beca para estudiar en el extranjero

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Última llamada para las futuras ingenieras: ‘STEM Talent Girl’ reabre plazas en Málaga hasta el 16 de octubre

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Fuengirola

Fuengirola invierte más de 830.000 euros en sus colegios públicos para el inicio de curso

PISA 2025

El informe PISA 2025 constata el nivel de rendimiento educativo más bajo jamás registrado en los países evaluados

Educación invierte más de 423.000 euros para reparar daños del temporal en el IES Monterroso de Estepona

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IES Ciudad Jardín

Educación invierte cerca de 500.000 euros en la sustitución de cubiertas y reforma del muro del IES Ciudad Jardín

La Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) entra en vigor el 26 de marzo, después de que el pasado 11 de febrero se aprobara por el Parlamento andaluz. Esta nueva norma sustituye al marco legislativo que data de 2013 y aborda los derechos del estudiantado, la protección del sistema público universitario y el modelo de financiación, así como la carrera académica, la internacionalización y la formación continua. De igual modo, recoge el acceso a la vivienda del alumnado, la transparencia de las instituciones académicas, la gobernanza y las condiciones para la creación de universidades privadas. Sobre el estudiantado, la ley reconoce la bonificación de las matrículas, la desconexión digital o la suspensión temporal de los estudios. Igualmente, también refleja la necesidad de fomentar el acceso a las residencias de los estudiantes a través de programas de actuación conjunta de las instituciones académicas. El documento incluye en su articulado la promoción de programas para la movilidad del estudiantado, con el fin de mejorar su formación integral y el conocimiento del entorno social, cultural y académico autonómico, estatal e internacional, dando prioridad a la cobertura del Erasmus+. En relación con el personal docente e investigador (PDI) y el personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) de las universidades públicas, la LUPA se asienta sobre tres ejes: estabilidad, mérito y garantías en la carrera profesional. En su contenido se flexibiliza la compatibilidad de la actividad del PDI para fomentar la transferencia del conocimiento y el perfeccionamiento de su formación, se recupera la figura del profesorado ayudante, se limita el uso indebido de la figura del profesor sustituto interino y se instaura la obligatoriedad de un nivel de idioma extranjero (B2) para el acceso a la figura de ayudante doctor a partir de 2029, una medida que también es exigible para la obtención de títulos universitarios oficiales. La norma introduce medidas en lo relativo a la gobernanza, de modo que las universidades disponen de mayor autonomía en materia de personal y en el ámbito de planificación de la programación académica. De esta manera, se regulan órganos de coordinación autonómica como el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, espacio de diálogo y planificación estratégica entre el Gobierno andaluz y las universidades, y el Consejo Asesor de Estudiantes de las Universidades Públicas de Andalucía, que canaliza propuestas y consultas de forma estable. En el área de la financiación, la LUPA se hace eco del modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas, que se acompaña de mecanismos de evaluación y control del gasto público basado en indicadores de calidad y resultados. Además, se establece el uso de remanentes no afectados. Junto a estas medidas, se introduce la figura de un interventor como parte del personal técnico y de administración, y aumentan las competencias de inspección, evaluación y sanción. En el ámbito de la gestión universitaria, se regulan los campus universitarios, a los que hay que dotar de los recursos necesarios de carácter docente, de personal técnico y de administración, de infraestructuras y de servicios a la comunidad universitaria. Respecto a los Consejos Sociales, se refuerzan sus funciones en la captación de fondos y se crea el Consejo Andaluz de Consejos Sociales Universitarios.

La Ley Universitaria para Andalucía entra en vigor y sustituye al marco legislativo que data de 2013

La Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Torrox han iniciado en la localidad nuevos cursos becados con prácticas de empleo, educación, formación y economía social. Forman parte del programa EnRuta, cuentan con financiación del Fondo Social Europeo+ y han sido inaugurados en el Organismo Autónomo Local de Desarrollo y Empleo (OALDE) de Torrox por la diputada de Empleo, María del Carmen Márquez, y la concejala de Presidencia, Mari Ángeles España. El alcalde, Óscar Medina, ha agradecido la implicación de la Diputación de Málaga y ha subrayado “la importancia de desarrollar en Torrox cursos orientados hacia el turismo y la agricultura para personas desempleadas, con formación incentivada que incluye prácticas y ayudas económicas”. Estos programas “suponen una oportunidad real para muchos jóvenes y mujeres del municipio que necesitan una primera experiencia laboral o mejorar su cualificación para acceder al mercado de trabajo en mejores condiciones”, ha añadido el alcalde. Por su parte, Márquez ha explicado que el proyecto EnRuta implica a los servicios de Empleo, Recursos Europeos y Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación Provincial de Málaga, además de a los agentes del territorio. Esta es la primera convocatoria, financiada mediante el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (EFESO) del Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Para toda la provincia de Málaga, EnRuta cuenta con un presupuesto global de más de siete millones de euros, de los que casi seis provienen del FSE+, mientras que el millón restante lo aporta la Diputación de Málaga. En Torrox, el primer curso que se desarrolla es el de camarera de pisos y ya se proyecta una nueva serie de acciones formativas en el municipio enfocadas a actividades auxiliares en agricultura; promoción turística local e información al visitante; atención al cliente en turismo y hostelería; y atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. El objetivo principal es facilitar el acceso al empleo de la población general y, más específicamente, de los colectivos más alejados del mercado laboral. Los itinerarios diseñados, como es el caso de Torrox, son itinerarios integrados orientados a mejorar la formación y aumentar la empleabilidad. Los participantes recibirán formación específica, transversal y complementaria, así como prácticas profesionales con tutorías y orientación individualizada. Las personas participantes tendrán derecho a recibir una beca de formación, en el caso de carecer de rentas o ingresos, por importe igual o superior al 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en el cómputo mensual. Para el cálculo de la ayuda económica se fijará un importe de 13,45 euros por persona y día lectivo. El programa EnRuta también incluye jornadas de activación e intercambio de experiencias y buenas prácticas. En toda la provincia, la Diputación plantea mejorar la empleabilidad de 1.830 personas desempleadas, para lo que se llevarán a cabo 122 itinerarios de inserción. Así, se implementan programas y actuaciones priorizando los municipios que no formen parte de una gran área urbana y que cuenten con menos de 5.000 habitantes. Medina ha destacado que el Ayuntamiento de Torrox seguirá impulsando políticas activas de empleo propias, apoyadas en la colaboración con otras administraciones, con el objetivo de generar oportunidades reales en el municipio. “Cuando las instituciones trabajamos coordinadas, conseguimos que los recursos lleguen donde más se necesitan y que la formación se traduzca en empleo y estabilidad para muchas familias de Torrox”, ha subrayado el alcalde.

Diputación de Málaga y Ayuntamiento de Torrox inician cursos becados de empleo, educación, formación y economía social

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