322 rebajas de condena más tarde, Sánchez reformará la Ley del ‘sólo sí es sí’ con Podemos aún en contra

Cuando ya se han rebajado 322 condenas a agresores sexuales, Pedro Sánchez ha dado un paso para reformar la conocida como Ley del sólo sí es sí.

El presidente socialista, que durante meses se ha declarado «orgulloso» de la norma impulsada por Irene Montero, ha instado a su partido a presentar una iniciativa en el Congreso de los Diputados que subirá las penas aunque no evitará los beneficios para quienes ya están condenados.

El anuncio unilateral por parte del PSOE de que la ley va a ser corregida paso ha sido duramente criticado por dirigentes de Podemos, que llegaron a equiparar la postura de los socialistas con la del PP.  La amenaza de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez: «Si pacta la ley del solo sí es sí con el PP, lo pagará«.

El CGPJ, en concreto, avisó por escrito al Ejecutivo de la posibilidad de una cascada de revisiones a la baja en condenas a agresores sexuales. En su informe, en este caso obligatorio, sobre el anteproyecto de la ley orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual se advertía de que Igualdad no ofrecía «una justificación de los nuevos umbrales de pena previstos» y que la reducción de los límites máximos de las penas comportaría «la revisión de aquellas condenas» en las que se hubieran impuesto «las penas máximas conformes la regulación vigente». Los vocales lamentaron, rotundos, que la norma podría «tener el efecto de desprotección a las víctimas».

El informe forense de Griñán señala «la no conveniencia» de su ingreso en prisión hasta remitir su cáncer de próstata

El informe médico forense concluye que no es conveniente que el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán entre en la cárcel para cumplir la condena de seis años de cárcel por los ERE, debido al cáncer de próstata que padece.

En una providencia emitida este mismo lunes y recogida por Europa Press, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla daba ya traslado de dicho informe forense a la Fiscalía y al PP, habilitando un plazo de «tres días» para que tales partes se pronuncien sobre la petición del expresidente andaluz de suspender su entrada en prisión por dicha enfermedad grave sobrevenida, en concreto un cáncer de próstata.

LOS DIEZ DÍAS DE PLAZO

Todo ello, después de que a las 23,59 horas del pasado 2 de enero expirase el plazo de diez días habilitado por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla para el ingreso voluntario en prisión de Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, el también exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.

Todos ellos fueron condenados a diferentes penas de prisión por malversación en el citado mecanismo o «procedimiento específico» de financiación de los ERE fraudulentos y subvenciones arbitrarias a empresas, junto con el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá.

No obstante, después de que el Tribunal Supremo redujese la pena de cárcel de Juan Márquez de siete años y un día de prisión a tres años, al apreciar la atenuante analógica de reparación del daño, la Sección Primera de la Audiencia accedió a suspender un año su ingreso en prisión a la espera del resultado de la petición de indulto parcial solicitada por su defensa al Ministerio de Justicia.

En el caso de Agustín Barberá, aunque la Sección Primera de la Audiencia desestimó su recurso de súplica en la fase de ejecución de la sentencia, sí accedió a suspender su ingreso en prisión hasta que se tramite la suspensión de la ejecución de la pena solicitada por su defensa en base al artículo 80.4 del Código Penal, relativo al caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, al estar pendiente de informe por el médico forense.

Tras ello, el tribunal requería a Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, el también exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, para que en un plazo de diez días que finalizaba este pasado lunes 2 de enero «ingresen voluntariamente» en prisión.

LA SITUACIÓN DE GRIÑÁN

Empero, la defensa de José Antonio Griñán alegó a continuación que al mismo le había sido diagnosticada recientemente una enfermedad grave sobrevenida, solicitando de nuevo la suspensión del plazo de ingreso en prisión respecto a este encartado, con arreglo a tal motivo.

Ante ello, y una vez vista la documentación médica aportada por la representación de Griñán, la Sección Primera de la Audiencia ordenaba que un forense del Instituto de Medicina Legal examinase la documentación e hiciese un reconocimiento a Griñán en caso de ser necesario, para que emitiese un informe «valorando si el ingreso en centro penitenciario pudiera tener incidencia en el desarrollo de la enfermedad o en el tratamiento prescrito».

Entretanto, los exconsejeros Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y José Antonio Viera, el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano y el exviceconsejero Jesús María Rodríguez Román han ingresado ya en prisión.

El PSOE critica que equipo de gobierno «abandona» colegios públicos del distrito Este de Málaga

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Málaga Mariano Ruiz ha criticado «el abandono constante» por parte del equipo de gobierno de los colegios públicos del distrito Este, «mientras que ha realizado unas obras para arreglar las pistas deportivas del colegio privado San Estanislao de Kostka por un montante de 34.516,46 euros».

«Desde el grupo municipal socialista pensamos que este tipo de actuaciones no se pueden recoger dentro del objetivo ni del objeto social de la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Málaga (Smassa) que es quien ha realizado la obra», ha señalado.

El concejal ha agregado que «llevamos años denunciando el abandono constante de los centros públicos por parte del equipo de gobierno y según las últimas informaciones nos hemos enterado de nuevas actuaciones irregulares relacionadas con la construcción del aparcamiento subterráneo de la calle Pio Baroja».

Al respecto, ha agregado que «hemos sido conocedores de la inversión de más de 30.000 euros en las pistas deportivas de un colegio privado para su uso durante escasos dos meses. Consideramos que este tipo de inversiones tienen que ir a parar a los colegios públicos del entorno que llevan años esperando mejoras importantes que no se solucionan con micro actuaciones».

Según Ruiz, «a estas obras de remodelación hay que sumarle otra cantidad de 4.174,50 euros por el trazado y cortado con máquinas especiales para hormigón, excavación con medios mecánicos y otras actuaciones que se han realizado, en adjudicación directa y sin publicidad, en este centro privado por parte del Ayuntamiento de Málaga».

«El acondicionamiento de estas pistas del colegio San Estanislao de Kostka se han realizado para solamente dos meses de entrenamientos del Club de Baloncesto El Palo, que se habían quedado sin instalaciones para entrenar a consecuencia de las obras del parking subterráneo bajo el colegio Valle Inclán y cuyas pistas deportivas, según informaciones del propio Ayuntamiento, ya han vuelto a ponerse a disposición», ha dicho.

También ha agregado, al respecto, que «el Ayuntamiento de Málaga ha argumentado que se han realizado estas mejoras en el colegio San Estanislao de Kostka para que pudiera entrenar allí el Club Baloncesto El Palo. Obviamente las obras del parking soterrado ha generado un montón de perjuicios a vecinos, comerciantes, alumnado, personal docente e incluso al propio colegio Valle-Inclán. Entre los perjudicados está el Club de Baloncesto El Palo que dejó de utilizar estas pistas para entrenar de forma habitual».

«Inicialmente el Ayuntamiento, incluso la Junta de Distrito o Smassa en vez de darle soluciones al Club de Baloncesto les insistió que fueran ellos, el propio CB El Palo, los que buscaran un espacio para entrenar», ha dicho.

Asimismo, ha añadido que «este es el argumento que utilizan para poder hacer frente a las obras en estas pistas deportivas, ya que defienden que el CB El Palo buscó entre diferentes organizaciones o colegios, tanto públicos como concertados, que tienen este tipo de instalaciones, un espacio para desarrollar sus entrenamientos y el colegio San Estanislao de Kostka se ofreció a prestárselas para realizar allí tanto sus entrenamientos como sus partidos federados».

Para empezar, ha agregado, «esto nos parece una dejación de funciones del propio Ayuntamiento y de la junta de distrito, ya que si querían ayudar al Club de Baloncesto El Palo tendrían que haber sido ellos los que buscarán la mejor opción».

«Lo primero –ha agregado– que tenían que haber hecho es poner a su disposición las instalaciones públicas de las que disponemos en el distrito, como por ejemplo el Polideportivo José Paterna ubicado en el Palo. Y si éstas no se adaptaran, que fuera el propio Distrito el que buscara instalaciones en los diferentes colegios públicos, que además tienen una alarmante falta de equipamientos a pesar de las micro actuaciones que se han llevado a cabo dentro de un plan realizado recientemente».

Desde el grupo municipal socialista han incidido en que seguirán «reivindicando mayor inversión para la realización de mejoras de las infraestructuras en los colegios públicos del distrito, como por ejemplo en el colegio CEIP Miguel Hernández. Lo hicimos recientemente en el Consejo del Distrito de esta semana en nombre del AMPA de este centro educativo que llevan reclamando años la instalación de un ascensor, el levantamiento de la valla perimetral o la reposición por parte del distrito de los elementos de ocio de los niños pequeños en el patio», ha concluido.

Garzón se reafirma en sus declaraciones sobre la polémica de la carne española «Lo mantengo y se convertirá en línea de trabajo de todos los países occidentales»

La polémica en torno al ataque de Alberto Garzón no se apaga y de ello se encarga él mismo, además de sus socios de gobierno.

Alberto Garzón ha salido con todo en la primera entrevista que ha concedido tras su polémico artículo en The Guardian sobre la carne española. No se desdice, sino que reitera su postura pese a la indignación que ha generado en el sector e incluso ha atacado las «contradicciones» que, a su juicio exhibe el PSOE, pero los socialistas han salido al paso: el ministro Luis Planas, le pide que reconozca su error e incluso el presidente manchego, Emiliano García Page, asegura que solo busca notoriedad.

«Corregir los excesos en nuestro consumo de carne, por ejemplo, redunda positivamente en la salud y el planeta. Consumir menos carne, pero que la carne que se consuma sea de mayor calidad, es una victoria para todos», defiende Garzón, «para el cuerpo, para el planeta» y también para la «ganadería extensiva, social y familiar» que también ha irritado con sus declaraciones en un diario internacional.

El ministro insiste en la entrevista en que las directrices internacionales al respecto son «muy claras» y también «la evidencia científica». «Todo apunta en la dirección de lo que yo estoy diciendo», apunta, «estoy convencido de que en el Gobierno tiene una máxima aceptación». Y vuelve a culpar a la «extrema derecha» de la situación creada por la difusión, dice, de un «bulo».

DIGITAL NEWSPAPER OF MÁLAGA CITY

Periódico Digital De Málaga
Servicios Publicitarios Online

Pablo Casado exige a Sánchez el cese inmediato del ministro Garzón y por sus declaraciones contra ganaderos y agricultores

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha exigido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus «ataques» a los agricultores y ganaderos, a quienes «los ministros quitan el sueño».

«Pido una rectificación, una disculpa, que se asuman responsabilidades», ha demandado Casado en una intervención en la clausura de la Intermunicipal del PP de Castilla y León que ha realizado de forma telemática por su positivo en Covid-19, mientras espera volver esta semana al trabajo presencial tras hacerse una nueva prueba el lunes.

El líder del PP ha avisado al presidente del Ejecutivo que «si no puede» cesar al titular de Consumo, «tendrá que asumir su responsabilidad de que no es capaz de cambiar su Gobierno porque depende de los partidos radicales».

Casado ha insistido en sus críticas al ministro por sus declaraciones a ‘The Guardian’ y ha lamentado que éstas han sido «lo último» en los «ataques» del Ejecutivo al sector ganadero y agricultor, a quien, ha indicado, también se le ha «insultado» y se les deja «abandonados frente al lobo».

«Para quien no lo sepa, para aquellos urbanitas que piensan que las salchichas las deberían imprimir en impresoras 3D, la ganadería en España da trabajo indirectamente a dos millones de personas, supone 15.000 millones de euros de producción y 9.000 millones de euros en exportaciones, esas que se ponen en riesgo diciendo en ‘The Guardian’ que las granjas en España maltratan animales y exportan carne de mala calidad», ha dicho el presidente del PP, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Asimismo, ha reivindicado la carne española como «la mejor del mundo», al tiempo que ha expresado que el Gobierno «ya no sabe ni diferenciar entre jamón serrano e ibérico». «A los agricultores y ganaderos los ministros de Pedro Sánchez le quitan el sueño. No hay derecho a que se les estigmatice nivel internacional», ha agregado.

También desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) manifiestan qué se se sumarán “a cualquier acción que defienda los intereses de los ganaderos”, sin descartar las acciones legales, si “en los próximos días se detectan problemas en las exportaciones tras el ataque del ministro Alberto Garzón a la ganadería española, un sector que, consideran, el político comunista desconoce totalmente. El daño que le ha causado sus declaraciones a esta industria, «puede ser importante».

BALANCE DE «MENTIRAS»

Por otro lado, Casado se ha referido al balance realizado esta semana por Sánchez por los dos años de Gobierno de coalición y lo ha calificado como «malo» por las «mentiras», «incompetencia» y «arrogancia».

Esto se ve, a su juicio, en el «pacto» con Bildu cuando «juró y perjuró que no iba a pactar» con la formación y ahora «lo ha hecho para todo». «Decía que jamás daría indultos para presos independentistas y vaya si los ha dado (…), decía que no podría conciliar el sueño si pactara con podemos, y ha pactado con alguna contrarreforma como la laboral y la energética al mandato del pacto de Gobierno con Podemos», ha desgranado.

«Por tanto, no puede hablar de cumplir porque ha incumplido todo lo que prometido cuando fue a las urnas, y porque en democracia son urnas las que ponen el Gobierno y no los pactos en contra de lo prometido», ha apostillado.

Para Casado, el balance también ha marcado la «incompetencia» de Sánchez porque mientras él «prometía que España sería líder en la recuperación» de la pandemia, «los organismos internacionales ya están diciendo que España es el país del mundo desarrollado que mas afectado y que más va a tardar en recuperarse», y «el FMI dice que a partir de este mes de enero España es el ultimo país en materia de empleo».

También se ha referido al precio de la luz, que se ha pagado «hasta un 21% más de media» cuando se había prometido que «se iba a pagar menos». «¿Qué tenemos que hacer? ¿aplaudir? Han mentido y nos han engañado», ha añadido, para lamentar también que el Ejecutivo diga que «no» a apostar por la energía nuclear y el gas a pesar de que lo proponga Europa.

Por otra parte, Casado ha afeado la «arrogancia» que se ha «visto» en la gestión de la crisis de la Covid-19 en la que, a su juicio, se ha «dejado abandonadas» a las CCAA en la sexta ola, en lugar de aceptar una reforma legal propuesta por el PP.

Igualmente, ha denunciado que ahora los fondos europeos se están «utilizando como subasta para favorecer a CCAA y alcaldes socialistas» y para «perjudicar a las CCAA y municipios del PP en los que ya ni siquiera tienen la esperanza de ganar».

Ante todo ello, ha subrayado que el Gobierno tiene enfrente al PP como una oposición «firme, responsable y llena de alternativas». En esta línea, ha rechazado que su formación solo se dedique a «criticar» y ha «recetado» al Gobierno que escuche el discurso de la Convención del PP en Valencia, en la que, ha asegurado, se trasladaron 50 propuestas legislativas «concretas» que el Ejecutivo «ha rechazado».

REFORMA LABORAL

En este contexto, el líder del PP ha incidido en que en una propuesta planteada a Sánchez el pasado junio se encontraba una reforma laboral alternativa a la nueva acordada por el Gobierno, para la que, ha manifestado, «Sánchez no habló con la oposición».

«Hace lo que le da la gana. Deroga lo que hizo la oposición y luego la hace responsable de que no apoyar lo que ha derogado porque le ha dado la gana. Es muy curioso, lleva haciéndolo tres años», ha censurado, para lamentar que en los nueve meses de negociación de la reforma el Ejecutivo «no ha levantado el teléfono».

«Ya sabemos que la izquierda ha vuelto a mentir: que dijo que iba a derogar la reforma laboral del PP y que al final por las presiones de Bruselas se ha quedado a medias. Pero la pregunta es, ¿Si solo derogan un 10 por ciento de nuestra reforma, tenemos que apoyar la derogación», ha cuestionado, para defender así el rechazo del PP a la reforma.

Y es que Casado considera que la reforma se hace «en el peor momento» ya que lo que «hace falta» es «más flexibilidad» porque España «lidera las cifras de paro» y se debe «ampliar la reforma del PP». «No pueden contar con nosotros», ha sentenciado.

Asimismo, ha defendido una reforma basada en la «mochila austriaca» que, ha señalado, «daría flexibilidad, emplearía a miles de jóvenes y mujeres, aliviaría el coste de las prestaciones publicas por desempleo y el coste del sistema público de pensiones.

Por último, Casado ha arremetido contra el Gobierno por «vender un acuerdo» de la PAC «cuando lo que se ha hecho es trasladar una propuesta sin consenso de las CCAA», y ha condenado el plan contra la despoblación al considerar que no se puede hablar de esta problemática mientras «se quieren cargar la ganadería, la caza y los servicios públicos».

DIGITAL NEWSPAPER OF MÁLAGA CITY

Periódico Digital De Málaga
Servicios Publicitarios Online

El presidente de la Junta apuesta por los incentivos y rebajas fiscales frente al intervencionismo y la imposición para la vivienda en España

Lamenta que Sánchez no cuente para el diseño de la futura Ley de Vivienda
con las comunidades y ayuntamientos, que son los que tienen las competencias.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha puesto en valor la hoja de ruta
trazada por su Gobierno desde el inicio de la Legislatura. Una agenda reformista que se
asienta sobre tres pilares fundamentales: la estabilidad política e institucional, la simplificación
normativa y la bajada progresiva de impuestos que, entre otros sectores, ha beneficiado al
sector inmobiliario.

En este sentido, y al hilo de la futura Ley estatal de Vivienda, ha rechazado cualquier tipo de
imposición e intervencionismo para solucionar el problema de la vivienda en España.
Asimismo, la lamentado que el Gobierno de la Nación no haya contado para el diseño de esta
norma con las comunidades autónomas ni con los ayuntamientos, que son los competentes
en esta materia. “Esto sólo se puede resolver desde el consenso, el diálogo y la negociación”,
ha agregado. Por su parte, ha apostado por otorgar mayor seguridad jurídica a los propietarios
de las viviendas frente a cualquier circunstancia.

Lo ha dicho en el marco de las XIII Jornadas de Turismo Residencial, concretamente, en el
acto de entrega de los VIII Premios Andalucía Inmobiliaria, donde ha recogido en su nombre
la Mención Especial 2021 por la gestión de la pandemia en el ámbito sanitario y económico.
Galardón que ha hecho extensible a todo su Ejecutivo. Allí, ha manifestado que, gracias a esa
hoja de ruta puesta en marcha por su Ejecutivo, Andalucía ha pasado de estar en el penúltimo
puesto en inversión extranjera a ser la tercera comunidad autónoma con mayor inversión.
Como consecuencia de esta revolución administrativa y fiscal, Andalucía ha ganado 119.000

nuevos contribuyentes que antes tributaban en otras comunidades autónomas y ha
conseguido recaudar 600 millones de euros más. Moreno, en esta línea, ha aludido a que la
nueva bajada de impuestos incluye aspectos concretos que buscan impulsar el sector
inmobiliario y aliviar las cargas de acceso a la vivienda. Como el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales, que mejora la tarifa al unificar el tipo de gravamen general en
el 7% y el 0,3% para arrendamientos. Así, ha subrayado que el tipo del 7% será de los más
bajos de España, sólo por encima de Canarias y Madrid.

También Actos Jurídicos Documentados, donde el tipo general pasará a ser del 1,2%, que
supone una rebaja sobre el 1,5% actual. Asimismo, se introduce una mejora de los tipos de
gravamen reducido en ambos impuestos y del IRPF.

Tal y como ha trasladado el presidente andaluz, todas estas medidas son positivas para la
economía andaluza, generan confianza y atraen cada vez a más inversores. De hecho, el PIB
aumentó en el primer semestre un 6,1%, más que la media de España y Europa, y las
exportaciones crecen el triple que la media, con el mejor julio de toda la serie histórica con
casi 3.000 millones de euros, consolidando Andalucía como la segunda comunidad
exportadora sólo superada por Cataluña.
Además, Andalucía ha registrado la segunda mayor bajada del desempleo interanual de la

historia estadística andaluza, y en septiembre alcanzó el récord de autónomos, superando los
561.000. En este punto, ha valorado que a través de la tarifa plana para autónomos, el 90%
de los autónomos que se acogieron a esta medida continúan con sus negocios dos años
después y el 25% se ha convertido en una pyme dando empleo a más andaluces. Por otro
lado, ha destacado que la confianza empresarial en la comunidad autónoma se ha
incrementado un 13,3% en el tercer trimestre, por encima de la media nacional. “La hoja de
ruta en Andalucía es certera y va bien, para hacer de ésta una de las tierras más prósperas y
locomotora de España”, ha asegurado.

Por otro lado, ha aseverado que el Gobierno de Andalucía tiene previsto aprobar
próximamente la nueva Ley del Suelo de Andalucía, la ‘LISTA’. Una Ley que, en sí misma, es
un ejemplo de simplificación al aunar en un solo texto la actual legislación y reducir un 30%
los procesos administrativos. En este caso, ha puesto como ejemplo los Planes Generales,
que agiliza los plazos de diez años de media a menos de dos.
En relación con esto último, ha subrayado que en Andalucía la venta de viviendas creció un

67% durante el mes de agosto y, según el INE, una de cada cinco operaciones inmobiliarias
se produjo en Andalucía. En este contexto, más de un millón de andaluces está dispuesto a
cambiar de casa porque ha mejorado su economía. Para Moreno, esto es un síntoma claro
de una mejora de la economía en los hogares andaluces y del aumento de la confianza
empresarial en la comunidad autónoma.

En el acto también han estado presentes el alcalde de Córdoba, José Mª Bellido; el alcalde
de Benahavís, José Antonio Mena; la alcaldesa de Marbella, Mª Ángeles Muñoz; el alcalde de
Chiclana, José Mª Román; el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía
(CEA), Javier González de Lara, y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Málaga, Patricia Navarro, entre otras autoridades.

Agencia De Publicidad, Comunicación, Fotografía Y Diseño Gráfico

Tarifa
2022

Periódico Digital de Málaga
Servicios publicitarios online

PSOE y Unidas Podemos cargan contra la iniciativa de Vox para que la Policía pueda desalojar ‘okupas’ sin orden judicial

PP, Ciudadanos y Foro Asturias se han mostrado a favor de la propuesta para modificar la LECrim

El PSOE, Unidas Podemos y sus socios han reprochado a Vox en el Pleno del Congreso de los Diputados su proposición de ley para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) con la intención de que se permita a la Policía desalojar a ‘okupas’ sin orden judicial. PP, Ciudadanos y Foro Asturias han anunciado que votarán a favor de la iniciativa.

Se trata de una propuesta que el partido liderado por Santiago Abascal viene defendiendo desde hace tiempo. Su propio líder llegó a decir, ya en 2019, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberían poder echar a okupas «con una patada en el culo», esto es, «inmediatamente», con el fin de garantizar la propiedad privada.

En la proposición de ley, recogida por Europa Press, la formación argumenta que es «razonable» que, al igual que establece la LECrim para delitos flagrantes, los agentes policiales puedan actuar «de propia autoridad» en los delitos de usurpación de bienes inmuebles, desalojando a sus ocupantes e incluso deteniéndoles de manera cautelar cuando aprecien indicios de ilicitud en su conducta. La actuación podría ser objeto después de control judicial.

Vox ha insistido en que con esta reforma legislativa se dotaría al Poder Judicial y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de «mejores medios legales» para así «aumentar la protección legal de los legítimos titulares de derechos inmobiliarios, víctimas de estas conductas antijurídicas».

La diputada Cristina Esteban ha estado a cargo de defender la proposición y ha reiterado la importancia de proteger el derecho a la propiedad privadas y ha puesto de ejemplo la legislación de otros países europeos para hacer frente a la okupación.

La formación, sin embargo, no ha conseguido convencer a la mayoría del Pleno. El PSOE, Unidas Podemos, la CUP, EH Bildu, Compromís, PNV, Más País, Junts y ERC se han mostrado abiertamente en contra de la propuesta en el marco del debate. El PP, Ciudadanos y Foro Asturias han anunciado que sí votarán a favor.

«GENERAR ALARMA SOCIAL»

El diputado socialista Vicent Sarrià ha recriminado a Vox que presente una iniciativa «fundamentada en una supuesta falta de instrumentos jurídicos» con la intención de «generar inquietud» y «alarma social».

«Los que alarman son ustedes, los que generan inquietud con su propagación de bulos son ustedes. Disponemos de amplísimos instrumentos», ha defendido. El dirigente socialista ha acusado a los de Abascal de intentar confundir a la ciudadanía equiparando allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles.

Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos ha intervenido la diputada Pilar Garrido, quien también ha acusado a Vox de pretender confundir entre okupación y allanamiento «de manera interesada». «Ustedes señores de la ultraderecha, son los únicos que se preocupan por esta cuestión y aparecen como el llanero solitario a salvar al propietario», ha dicho.

En este sentido, ha preguntado a la formación si lo que pretende con su iniciativa es «defender a los fondos buitres», tras insistir en que la okupación afecta a pisos vacíos en manos de fondos de inversión.

El diputado del PNV Mikel Legarda ha asegurado que la iniciativa de Vox es «desacertada por desproporcionada». «Consideramos que la manera de abordar la okupación no es a través de iniciativas como la que debatimos hoy», ha señalado.

«DOCTRINA RANCIA» Y «MENSAJE XENÓFOBO»

Aunque Legarda ha reconocido que el fenómeno es un «grave problema» para propietarios que ven perturbados sus derechos, ha precisado que esta proposición no es «el mejor abordaje» y ha reprochado a Vox que vincule okupación con migración en lo que ha considerado un «mensaje xenófobo».

Oskar Matute, de Bildu, también se ha mostrado en contra y ha criticado a Vox por presentar una iniciativa de «doctrina rancia» llena de «autoritarismo y burocracia» que, a su juicio, «un chimpacé podría hacer con mayor pulcritud». En este sentido, ha reprochado a los de Abascal por intentar «recuperar» el «clásico» de la patada en la puerta.

La diputada de ERC Pilar Vallugera se ha mostrado en contra de la proposición y ha insistido en que «la política de Vox consiste en insuflar miedo». Ha recriminado al partido que plantee que la solución a la okupación sea habilitar al Estado para que tenga «más posibilidades de entrar en los domicilios y echar puertas a tierras sin orden judicial».

Desde Junts, el diputado Josep Pagès también ha anunciado que no dará su apoyo a la iniciativa. Ha asegurado que la forma de encarar la situación «no es con populismo» ni con «la retórica del miedo» ni con «despropósitos legales». Ha explicado que no considera que la solución esté en modificar la LECrim, sino en modificar la Ley de Enjuciamiento Civil.

Asimismo, han mostrado su negativa el dirigente de Más País Íñigo Errejón y el de Compromís Joan Baldoví. Ambos diputados del Grupo Plural han asegurado que Vox no tiene intención de solucionar el problema de la vivienda y han indicado que lo que pretende la formación de Abascal es «proteger los intereses de los bancos, de los fondos buitres y de las empresas de seguridad». Desde la CUP, la diputada Mireia Vehí ha asegurado que los de Vox son «el partido de los ricos» que defienden «el fantasma de las casas de verano» para «incitar el miedo».

PP: «SE QUEDA CORTA»

La diputada del PP Ana María Zurita ha avisado que votará a favor de la proposición de Vox, pero ha advertido que el texto de los de Abascal «se queda corto». «Consideramos que la propuesta es insuficiente y mejorable», ha dicho para después matizar que «en algo ayuda».

En el marco de su intervención, Zurita ha defendido que los ‘populares’ proponen que el fenómeno de la okupación se trate de manera «integral» para dar una «respuesta clara y contundente» a través de la modificación de seis leyes y no de una como pretende Vox.

Así, ha aprovechado para reprochar al Ejecutivo su actuación ante las mafias y le ha acusado de «legalizar la okupación».

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Edmundo Bal, ha asegurado que votarán a favor de la proposición porque están «preocupados por la okupación». «Ustedes nos copian, pero solo un poco», ha dicho. Así, ha recordado en el Pleno que el año pasado Ciudadanos presentó una iniciativa relativa a la okupación que no salió adelante por la negativa de PSOE, Podemos y sus socios, a quienes ha acusado de ponerse «del lado de los delincuentes».

CS: «SALVAJADA JURÍDICA»

Bal no ha escatimado en reproches a Vox al asegurar que la modificación que plantea de la normativa vigente para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan entrar en un domicilio sin orden judicial es una «salvajada jurídica».

El diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca ha asegurado que su partido votará a favor porque, según ha dicho, «urge combatir y corregir la preocupante tendencia de okupa» de la que el Gobierno «se desentiende».

Agencia De Publicidad, Comunicación, Fotografía Y Diseño Gráfico

Tarifa
2022

Periódico Digital de Málaga
Servicios publicitarios online

PSOE respalda el acuerdo entre Gobierno y FEMP para que los ayuntamientos «voluntariamente» usen sus ahorros

La Comisión Ejecutiva Provincial (CEP) del PSOE de Málaga ha respaldado en su última reunión el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que los ayuntamientos «que voluntariamente quieran puedan hacer uso de sus ahorros», poniendo fin «a las restricciones que impuso el PP a los ayuntamientos para usar sus recursos».

Al respecto, el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha valorado el respaldo de la ejecutiva a este acuerdo y ha hecho hincapié en que su aplicación «es voluntaria, es decir, los ayuntamientos no están obligados a acogerse a él».

En este sentido, ha señalado que «resulta ridículo que el PP hable de incautación, apropiación o de meter la mano en los ahorros de los ayuntamientos, cuando lo que ha propuesto el Gobierno tiene carácter voluntario. Y, además, resulta cínica su posición contraria a este acuerdo que viene a solucionar el problema que ellos mismos provocaron», ha afirmado.

En la resolución aprobada, los socialistas malagueños subrayan que el acuerdo entre Gobierno y FEMP «abre para las entidades locales lo que les cerró el PP». Del mismo modo, «el PSOE de Málaga emplaza a todas las formaciones políticas a la convalidación de este Real Decreto Ley el próximo día 10 de septiembre en el Congreso de los Diputados», recoge el documento.

En esta línea, convoca a los consistorios «a mejorarlo en la tramitación parlamentaria en los apartados correspondientes a los remanentes y al reparto del fondo de los 5.000 millones de euros, tal y como se comprometió en la Comisión de Hacienda del Congreso la Ministra de Hacienda María Jesús Montero», señala.

Por ello, los socialistas los consideran «beneficioso para el país, para los gobiernos locales y para los ciudadanos. Todo pasa en las ciudades, en los municipios, y todo pasa por las ciudades, por los municipios, y ahora toca la recuperación, de todos y para todos, sin que nadie quede atrás. La reactivación es esencial y en ella la participación de las Entidades Locales es imprescindible», concluye la resolución.

La edil Teresa Porras rechaza de lleno las críticas del PSOE sobre adecuación de playas y le acusa de «mentir»

La concejala de Playas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, ha rechazado las críticas del PSOE en relación con la adecuación de las playas del litoral a las recomendaciones sanitarias de cara al inicio de la temporada alta de baño, asegurando que están adecuadas a la situación actual, incluso, «hemos ido a más en las recomendaciones del Gobierno» como son los aseos en las 15 playas con un sistema novedoso de desinfección automática a través de una lámpara ultravioleta germicida.

Además, la edil ha acusado a los socialistas de «mentir», advirtiendo del daño que ello puede causar a las playas y a la ciudad de Málaga como destino.

Porras, en declaraciones a Europa Press, ha lamentado que «una vez más» el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, y la edil socialista Begoña Medina «mienten», insistiendo en el «daño para la ciudad de Málaga y sus playas cuando mienten a sabiendas de que mienten».

«En todos los baños hay hidroalcohol; hay jabón; la cartelería en todos los accesos está puesta; tenemos un plan de contingencia de apertura de playas, que lo presentamos antes del 1 de junio a la Junta; se está desinfectando tres veces al día los aseos», ha enumerado, insistiendo en que los aseos con un sistema novedoso de desinfección automática a través de una lámpara ultravioleta germicida «es una mejora que nosotros vamos a instalar, mejorando así las recomendaciones del Ejecutivo central».

Además, ha informado de que el 21 de junio está previsto que sean certificadas como playas que cumplen los requisitos y recomendaciones en relación con la lucha contra el COVID-19.

Así, Porras ha aclarado en relación con los geles hidroalcohólicos que «están puestos». En este punto, ha recordado que, otra cosa es lo que se ha llevado a cabo con los baños que cuentan con ese sistema novedoso de desinfección automática, aclarando que se ha estado a la espera de que llegue el material. Así, hay instalados ya cuatro módulos y se espera que a lo largo de la semana estén todos.

Al respecto, Porras ha dejado claro que con estos citados aseos «hemos hecho una gran mejora en cuanto a las recomendaciones que dice el Gobierno».

Eso sí, ha dicho que, no obstante, en paralelo a estos aseos, «los baños se desinfectan y hay gel hidroalcoholico y todos los días se rellena», junto con el de manos.

De igual modo, sobre el control de aforo, ha recordado que no «te lo exige en ningún decreto» pero «están todas las playas aforadas y todas las entradas tienen sus carteles diciendo cuál es el aforo». «Lo que te recomiendan es que la gente actúen con cabeza y sensatez en el uso de las playas», incidiendo en la distancia social de dos metros.

«El único que ha exigido un plan de contingencia de todas las cosas que hay en la playa es la Junta de Andalucía, y nosotros lo presentamos antes del 1 de junio», ha incidido.

Por otro lado, ha vuelto a rechazar las críticas en relación con la limpiezas de barandillas, insistiendo en que «se limpian tres veces al día» las barandillas de aseos, además, de que también se limpian y se desinfectan los aseos en sí.

Asimismo, se ha referido a los carteles y ha dejado claro que están puestos, pero ha criticado que la norma «salió tarde» por lo que se comenzaron a instalar desde el 1 de junio. «Empezamos a poner carteles el 1 de junio y lo hemos estado poniendo durante la semana pasada. El día 8 estaban todos los carteles puestos», ha subrayado.

Por último, sobre la accesibilidad ha recordado que hay lugares donde no se puede poner la pasarela rígida de hormigón que hay en otros sitios, ya que «el mar se mueve y es por lo que se pone madera». «Esto es un invento nuestro, lo inventamos nosotros y de ahí nos copiaron», ha recordado, insistiendo en que son «iniciativas propias, en este caso, de Servicios Operativos y Playas». «Las playa todas son accesibles», ha defendido.

Los datos que solicitamos en los formularios de participación de ‘Cartas del Lector‘ son indispensables para considerar la publicación de los escritos o para que un periodista se ponga en contacto con el lector que haya enviado su testimonio. Es imprescindible que el Periódico Digital Malagaes pueda garantizar la calidad y autenticidad de las opiniones, testimonios y denuncias que recibe de sus lectores.

El PP ha denunciado que el PSOE y Unidas Podemos han vetado la comparecencia de la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega

El PP ha denunciado que el PSOE y Unidas Podemos han frenado la posibilidad de que la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, compareciera en el Congreso para dar cuenta de los informes que el máximo órgano consultivo del Gobierno pueda haber redactado sobre la aplicación del estado de alarma ante la pandemia de coronavirus.

Los dos partidos que comparten el Ejecutivo aunaron sus votos el pasado martes en la Mesa del Congreso para vetar la petición del PP que pedía la comparecencia ante la Comisión Constitucional de la que fuera vicepresidenta primera del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero.

Los ‘populares’ sostienen que se trata de un veto «arbitrario» que responde «a razones estrictamente políticas» y ya anuncian que presentarán un recurso ante la Mesa del Congreso para que reconsidere su negativa a citar a la presidenta del Consejo de Estado.

Además, el PP tacha de «increíble» el argumento utilizado por la mayoría de la Mesa de la Cámara para inadmitir su solicitud. En concreto, socialistas y ‘morados’ alegaron que la comparecencia de De la Vega «no tiene relación con la materia objeto de debate» en la Comisión Constitucional.

Por el contrario el PP defiende que según el artículo 2,1 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, entre las funciones de este órgano está el velar «por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico».

¿A QUÉ TIENEN MIEDO?

De ahí, apunta el primer partido de la oposición, que en otras legislaturas el presidente del Consejo de Estado haya comparecido con normalidad ante la Comisión Constitucional del Congreso. «Ahora, los motivos para esa comparecencia son aún mayores, si cabe», subrayan desde el PP.

«Cuando un debate fundamental sobre la aplicación del estado de alarma, tanto en el Congreso como entre los expertos, es el relativo al cumplimiento de la Constitución en su aplicación, ¿cómo entender que los partidos del Gobierno impidan la comparecencia de la presidenta del órgano cuya función es velar por la Constitución? ¿A qué tiene miedo el Gobierno? ¿Por qué impide que conozcamos los informes del Consejo de Estado?, se preguntan los de Pablo Casado.

El ministro Marlaska dice que no dimite y que la directora de la Guardia Civil se interesó por el informe del 8M tras filtrarse

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este martes en el Senado que no piensa dimitir por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos y ha justificado que la directora de la Guardia Civil, María Gámez, se interesó por el informe judicializado sobre el 8M y que apuntaba al doctor Fernando Simón, al tener constancia de que hubo una filtración a un medio de comunicación.

En la sesión de control al Gobierno, Grande-Marlaska ha respaldado a los «profesionales dignos» que forman parte de su equipo en Interior y dirigen la Guardia Civil, y ha explicado que el cese de Pérez de los Cobos se produjo al tener constancia de un posible delito de descubrimiento de secretos por publicarse el contenido del informe sobre el que la juez Carmen Rodríguez-Medel había pedido que solo se le informara a ella.

«Ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha hecho ningún tipo de injerencia, ha pedido informe alguno, acceso al contenido de informe alguno, ni ha injerido en la tramitación del mismo», ha mantenido Grande-Marlaska, en la línea de lo que expuso el pasado viernes en el Senado en la Comisión de Interior.

El senador del PP Fernando Martínez Maíllo le ha pedido que dimita sin esperar «ni un minuto más» en una sesión de control al Gobierno en la que Lorena Roldán, de Ciudadanos, también ha hecho mención en una pregunta sobre presos de ETA a la nota oficial del cese de Pérez de los Cobos que recoge que el cese de Pérez de los Cobos se debió a su negativa de «no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento».

«Requirió la directora que se le informara qué pasaba con esa filtración y qué se estaba haciendo para investigar, qué se estaba haciendo en ese contexto, qué es lo acontecía en el derecho a la investigación», ha señalado Grande-Marlaska antes de defender que «seguirá formando equipos con personas neutrales, profesionales y sin ningún tipo de injerencia».

Según el ministro, su papel en Interior en lo referente al desempeño de la Guardia Civil y la Policía Nacional también es «evaluar el trabajo que se desarrolla y, si hay una disfunción en el desarrollo de ese trabajo, pedir una explicación de esa disfunción y qué se está haciendo para arreglarlo».

MARLASKA, «LA GRAN DECEPCIÓN»

Tanto el PP como Ciudadanos han asegurado que la nota oficial del cese de Pérez de los Cobos publicada hoy por El Confidencial demuestra que se presionó al coronel para tener acceso al informe en una investigación que afecta al Gobierno porque cuestiona su respuesta en el inicio del coronavirus, y por el que está imputado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

Fernández Maíllo ha afeado a Grande-Marlaska sus mentiras, remitiéndose a lo que dijo el ministro el viernes en la Comisión de Interior en el Senado. «Coño», ha llegado a decir desde su escaño, «me mintió a mí y a todos los españoles en sede parlamentaria al decir después de seis horas que no se había interesado en nada». «Por favor, salga de aquí dimitido», ha dicho, reprochando al ministro representar «la gran decepción» cuando en el pasado era un juez de prestigio.

«Por dramatizar más y repetir falsedades no generan verdad», le ha contestado Grande-Marlaska, molesto por que se le sigue imputando haber cometido irregularidades sin pruebas. «Quizás es que confunden cómo actuaban ustedes llevando informes preparados o evitando que esos informes llegaran a la autoridad judicial», ha dicho en alusión a los anteriores Gobiernos del PP.

El ministro del Interior ha pedido al PP que «lea bien» el documento del cese de Pérez de los Cobos. Acto seguido ha señalado que «si hubiera tenido conocimiento» sobre ese informe de la Guardia Civil en calidad de Policía Judicial «lo hubieran tenido antes». «Del jueves al viernes anterior a ese domingo del cese del coronel se filtró ese informe nada más ser entregado en el juzgado», se ha quejado.

Fernández Maíllo le ha reprochado cambiar su versión y buscar un «Estado silente y controlado», calificando su gestión como «indigna, inaceptable y bochornosa». «Pretenden tapar su propia negligencia en la crisis sanitaria y nos miente en la cara», le ha afeado el senador del PP.

AJFV exige el cese de Marlaska «por pérdida de toda legitimidad» tras conocerse el motivo del cese de De los Cobos

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha pedido este martes el cese o la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por haber «perdido toda la legitimidad para cualquier cargo ejecutivo» después de conocerse que el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, fue cesado por «no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento».

Esta exigencia de la segunda asociación judicial más representativa llega después de que El Confidencial haya publicado este martes el documento oficial en el que la propia directora general de la Guardia Civil, María Gámez, explicaba las razones del cese. Y además llega en medio de la investigación judicial sobre la manifestación del 8-M y el presunto delito de prevaricación que podría haber cometido el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, al autorizarla.

En su comunicado, la AJFV considera «inaceptable» que un Estado democrático permita a un ministro de Interior «tomar represalias contra un alto mando de la Policía Judicial por no desvelar actuaciones de investigación policial en el marco de una instrucción». Entienden que se trata de una sanción contra Pérez de los Cobos, a pesar de que el ministro del interior hubiera hablado en un primer momento de «pérdida de confianza» para justificar el cese.

En este sentido, añaden que el cese es todavía más reprochable en el caso de Marlaska «por su condición de magistrado», algo que le hace ser «perfecto conocedor de que la Policía Judicial depende funcional y directamente de jueces y fiscales», tal y como recoge la normativa que regula su funcionamiento.

«Es inadmisible que un magistrado se conduzca de esta manera, porque responde a un conocimiento de la irregularidad y a una voluntad clara de actuar así», apuntan desde la AJFV, indicando que nadie mejor que Grande-Marlaska era conocedor «de la gravedad de lo que estaba exigiendo su ministerio al coronel Pérez de los Cobos».

Además, denuncian que el cese supone una «flagrante vulneración del principio de separación de poderes» y es reflejo de un «intento de modificar el curso de investigaciones judiciales mediante el conocimiento privilegiado de lo actuado que permita a los investigados explorar líneas de defensa para contrarrestar». «Lo grave no es qué investiga la Justicia, sino que un Gobierno pueda influir en esa investigación judicial», concluyen.

La semana pasada la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) exigió al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que explicara «los motivos de la afirmada pérdida de confianza» sobre el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, y le conminaba a restituir al coronel en su puesto «hasta que finalice la instrucción» que se lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción de Madrid número 51.

FJI: «ESTO ES MUY GRAVE»

En el mismo sentido que la AJFV se ha posicionado el Foro Judicial Independiente (FJI), desde donde apuntan que una persona ajena a la investigación «no se puede interesar por las actuaciones» por mucho que sea el superior de esos guardias civiles, tal y como apuntan que refleja la carta de cese de Pérez de los Cobos.

Así, han calificado la razón del cese de «absurda excusa» y han recordado a Interior que en España existe la separación de poderes y que además hay reserva sobre esas actuaciones. «Esto es muy grave», han indicado la portavoz del FJI, Concepción Rodríguez, para luego insistir en que no entiende cómo ha podido ocurrir máxime cuando el ministro es magistrado y conoce por tanto la norma sobre Policía Judicial.

Además, desde este foro judicial indican en un comunicado que Grande-Marlaska «ha mentido y ha atentado contra la separación de poderes al tratar de conocer el contenido de un Informe encargado en el marco de unas diligencias». Y advierten de que lo acaecido «puede dar lugar, en última instancia, a declarar responsabilidades penales de miembros del Gobierno del que forma parte».

Por otro lado, añaden que dado que el ministro del Interior es juez, tanto el cese como las diferentes declaraciones manifestadas por él «no solo le dejan en evidencia para el ejercicio del cargo que desempeña, sino que le compromete gravemente y le deslegitima para volver a ejercer la función judicial».

Al hilo, recuerdan una de sus reivindicaciones que pasa por que «se ponga fin a las puertas giratorias que permiten pasar de la judicatura a la política, y vuelta a la judicatura, sin ninguna restricción o cautela, pero con un gran coste en la confianza del ciudadano en el Poder Judicial».

«Los hechos que hemos conocido hoy son una muestra más de la necesidad de que la investigación penal esté a cargo de una autoridad independiente, con todos los medios a su disposición, incluida una policía judicial que dependa orgánica y no solo funcionalmente, de jueces y magistrados», inciden.

Desde la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) apuntan que independientemente de que se esclarezca la razón del cese, a Pérez de los Cobos no le incumbe el deber de reserva de las actuaciones ni está sujeto a la garantía de inamovilidad que recoge la ley sobre al respecto, puesto que no formaba parte de esa unidad de Policía Judicial.

INFIDELIDAD DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS

Por su parte, desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), su portavoz Juan Antonio Frago ha indicado que pese a la «redacción sofista» del documento de cese, lo que se busca es conocer el estado de las actuaciones en relación a la investigación de la Guardia Civil sobre el 8-M.

En este sentido, considera que en caso de que se demostrara, podría encajar en un delito de infidelidad de custodia de documentos públicos recogido en el artículo 415 del Código Penal. Este artículo reza que la autoridad o funcionario público que, a sabiendas y sin la debida autorización, accediere o permitiere acceder a documentos secretos cuya custodia le esté confiada por razón de su cargo, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

Asimismo, Frago señala que también podría haber relación con el 417 de Código Penal en grado de tentativa puesto que Interior no tuvo conocimiento del informe finalmente. Este artículo señala que en caso de que de la revelación resultara grave daño para la causa pública o para tercero, «la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años».

Desde APIF recalcan además que se podría haber utilizado la figura de autoría mediata para conocer el contenido de las investigaciones de la Guardia Civil, y opinan que la responsabilidad puede recaer sobre el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, y también sobre la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

APIF no ha sido la única asociación de fiscales que se ha pronunciado al respecto, ya la semana pasada, la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) lanzó un comunicado en el que denunciaba la «intromisión ilegítima» del Gobierno en el cese del jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, y alertaba del «inquietante precedente» que supone este «ataque a la independencia de criterio e imparcialidad» de la Benemérita.

SESIÓN DE CONTROL DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

Hoy miércoles 27 de mayo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se somete a una sesión de control, junto a todo su gobierno. El tema principal será cómo se ha gestionado la crisis del coronavirus, aspecto que los grupos de la oposición han criticado duramente en los últimos días.

El polémico informe encargado por una juez sobre el riesgo de las manifestaciones de 8-M en plena pandemia han cambiado el orden del día y convierte el pleno en monográfico, prácticamente.

Pablo Casado, a Sánchez le dice que por fin se ha puesto la corbata negra. «No le queda ningún español a quien mentir. La semana pasada cruzó el rubricón. Es una paradoja que diga que pacta para salvar vidas (HB-Bildu). En lugar de dar explicaciones sobre un pacto infame dice que la culpa es del PP. Para acallar las críticas promete pan y futbol». Le pregunta si va a derogar la reforma laboral.

Pedro Sánchez le dice que hable con su portavoz Maroto. Contesta que eliminará el despido de bajas por enfermedad y reconstruirá el diálogo social. «Vamos a reconstruir los consensos sociales rotos por su anterior administración», así figuraba en el programa electoral.

Pedro Sánchez responde que quien no está a la altura en esta crisis es el PP. «Usted compite con la señora Ayuso en los posados muy al ladito de la ultraderecha. Si vota igual que ellos empieza a ser un problema para la democracia».

Rufián le pregunta a Pedro Sánchez sobre cómo se plantea esta legislatura. «El programa de gobierno sigue más vigente que nunca. Le agradezco que su grupo se abstuviera en la investidura y la actitud constructiva a la hora de convalidar los decretos leyes sobre el estado de alarma».

Rufián: «Pérez de los Cobos ya mentía cuando envió a nueve personas a la cárcel. No miente ahora más». Pedro Sánchez contesta a Rufián: «Mantendremos los compromisos de investidura», replica.

Rufián: «Pérez de los Cobos ya mentía cuando envió a nueve personas a la cárcel. No miente ahora más»

Teodoro García Egea (PP), pregunta al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por las mascarillas y le dice que «si vota con Bildu, es como Bildu. Le molesta que la Justicia investigue porque antepone la política a la salud y están muy interesados en tapar lo ocurrido el 8-M».

PP: «Si Roldán no acabó con la Guardia Civil ustedes tampoco lo harán»«¿Qué más tiene que pasar para que un ministro dimita? «¿A quien hay que derogar, a la reforma laboral o a usted, cuando deja a miles de españoles atrás?».

Pablo Iglesias: «¿Está usted llamando a la insubordinación de la Guardia Civil?» «¿Está usted llamando a la insubordinación de la Guardia Civil?» «¿Es consciente de lo que ha dicho?».

Albert Boltran (CUP), le interpela sobre las nueve ocasiones en que el informe de AI pide la libertad de «los Jordis». El ministro repite que hay división de poderes y los tribunales están dilucidando al respecto. CUP: «Solo hemos oído excusas sobre un juicio patraña».

Iván Espinosa de los Monteros (VOX) pregunta sobre la subida de impuestos a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. «Tengo la misma opinión que le expresé hace una semana». La respuesta de María Jesús Montero «Cuando votan que no a la prórroga del estado de alarma están reclamando libertad para contagiar».

María Teresa Jiménez Becerril (PP) a Marlaska: «A ETA la derrotaron los españoles con sus manos blancas y no ustedes». «Márchese, señor ministro y restituya a Pérez de los Cobos».

Marlaska: «Yo me he caracterizado por la aplicación de la ley».

El (PP), le pregunta sobre sus decisiones arbitrarias sobre la equiparación del sueldo de la Guardia Civil. «Hemos procedido a cumplir un compromiso anunciado en esta Cámara», responde el ministro.

«Usted ha fallado en las tres cosas fundamentales la coherencia, la cordura y credibilidad» «Le pido que restituya a Pérez de los Cobos, le preferimos en lugar del general Santiago».

La Asociación de Fiscales ve «intromisión ilegítima» del Gobierno en el cese de Pérez de los Cobos y alerta del precedente

La Asociación de Fiscales ha denunciado este martes la «intromisión ilegítima» del Gobierno en el cese del jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos, y ha alertado del «inquietante precedente» que supone este «ataque a la independencia de criterio e imparcialidad» de la Benemérita.

En un comunicado, la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales traslada su «malestar» ante la decisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar a Pérez de los Cobos por «pérdida de confianza».

En este sentido, advierte de la implicación que esta decisión pueda tener en la «imagen de independencia e imparcialidad» de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en general, y de la Guardia Civil en particular, cuando actúan en el ejercicio de sus funciones de Policía Judicial en el marco de una investigación penal.

El del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cesó este lunes a Pérez de los Cobos «por pérdida de confianza». Sectores del Instituto Armado relacionan el cese con los informes judicializados y declarados secretos sobre la manifestación feminista del 8-M y la gestión del responsable del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ante la pandemia de Covid-19.

Horas después de este cese, el general Laurentino Ceña ha presentado su dimisión como director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, un cargo que asumirá el general Pablo Salas, hasta ahora jefe de los Servicios de Información.

Por todo ellos, desde la Asociación de Fiscales han reiterado su firme apuesta «por la independencia» de la Guardia Civil respecto de «cualquier injerencia del poder Ejecutivo siempre que actúe como Policía Judicial en el marco de una investigación criminal abierta por un Juzgado -como es el caso- o en unas diligencias de investigación de la Fiscalía».

«En estos casos ha de actuar siempre con sujeción estricta a las órdenes y directrices de Jueces y Fiscales», ha enfatizado la asociación, que ha recordado que esta función está recogida en la Constitución y en las leyes procesales «como garantía de una real y efectiva separación de poderes, principio básico de nuestro proceso penal y del propio sistema democrático».

El ministro del Interior Marlaska, desvincula el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil en Madrid como un reajuste y evita relacionarlo con el 8-M y la dimisión del DAO

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado este martes el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil en Madrid como una «remodelación» entre el personal de confianza y ha evitado relacionarlo con la investigación judicial sobre la posible relación de la manifestación del 8-M y el inicio del contagio de coronavirus, así como con la dimisión del DAO de la Guardia Civil, Laurentino Ceña.

En su intervención inicial, antes de las preguntas de la prensa, Grande-Marlaska también ha comentado el cese del coronel Pérez de los Cobos y la dimisión del DAO de la Guardia Civil, que asumirá el general Pablo Salas, hasta ahora jefe de los Servicios de Información. En concreto, ha hablado de «un nuevo impulso» del Instituto Armado y lo ha ligado todo a la política de remodelación de equipos que inició en enero con la segunda investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Fuentes de Interior comentaron ayer que el cese de Pérez de los Cobos se debía a una pérdida de confianza. El coronel fue coordinador del dispositivo del 1-O y estaba ahora al frente de la Comandancia que investiga por orden judicial el inicio del contagio de Covid-19 y la posible relación de la manifestación del 8-M con la expansión del virus en Madrid. Este martes, Grande-Marlaska ha dicho que la sustitución es «únicamente por la política razonable de constitución de nuevos equipos en el ámbito de personal de confianza».

Es más, tras destacar la trayectoria de Pérez de los Cobos y también del DAO saliente, Grande-Marlaska ha pedido que no se vincule el cese del coronel «con ninguna relación o circunstancia extraña». «No es perder la confianza ni no perder la confianza», ha señalado para subrayar que la decisión es del equipo de Interior, en particular de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.

PREVISIÓN METEÓROLOGICA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Translate »