El programa de Montero: buenas intenciones con letra pequeña preocupante
La candidata socialista a la Junta promete limitar los pisos turísticos y negociar el traspaso ferroviario, pero sus propuestas generan más interrogantes que certezas y en Málaga, los problemas de fondo llevan años sin resolverse.
La campaña electoral andaluza del 17M acaba de arrancar y María Jesús Montero ya ha lanzado sus cartas sobre la mesa. La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta se ha comprometido en su programa electoral a fijar techos máximos en la proliferación de viviendas de uso turístico, y a iniciar formalmente el proceso de negociación con el Gobierno de España para el traspaso de las competencias en la gestión de los sistemas ferroviarios intracomunitarios. Dos titulares potentes, dos medidas que suenan bien en el mitin pero que, al analizarlas con detenimiento y especialmente desde Málaga, epicentro de ambos problemas revelan una complejidad y unas contradicciones que merecen ser discutidas.
El tope a los pisos turísticos: ¿solución o llegada tarde al incendio?
Nadie en Málaga discute la existencia del problema. Lo que muchos sí cuestionan es si una promesa electoral de campaña puede resolver lo que lleva una década desbordándose. La ciudad suma actualmente más de 102.000 plazas extra-hoteleras frente a las apenas 13.803 que ofrece la planta hotelera tradicional, lo que genera casi siete plazas turísticas por cada plaza de hotel, una proporción que sigue tensionando el mercado del alquiler de larga temporada.
El modelo está mutando de forma que complica aún más cualquier regulación. Mientras las viviendas turísticas registran su primer ligero retroceso de 13.843 en 2024 a 13.396 en 2026, los edificios exclusivos destinados al alojamiento turístico se han disparado un 152% desde 2017, pasando de 140 a 344 establecimientos. En otras palabras: el gran capital ya aprendió a esquivar las regulaciones sobre pisos individuales reconvirtiendo bloques enteros. Los techos máximos de Montero afrontan un adversario que lleva ventaja.
Las consecuencias sobre los vecinos son tangibles y documentadas. El precio medio de venta en Málaga capital alcanzó los 2.668 €/m² en 2024, con un crecimiento del 14% interanual, y en 2025 siguió subiendo un 10%, convirtiéndose en la segunda ciudad de España con mayor incremento del precio de la vivienda, solo por detrás de Madrid. En cuanto al alquiler, el precio medio alcanzó en febrero de 2025 los 15,78 €/m² al mes, lo que equivale a 1.262 euros mensuales para un piso de 80 m², una carga que supera ampliamente el 30% de los ingresos de muchas familias malagueñas.
Lo llamativo y lo que obliga a contextualizar la propuesta de Montero con cierto escepticismo es que el Ayuntamiento de Málaga ya lleva meses actuando por su cuenta ante la pasividad autonómica. En agosto de 2025, el Ayuntamiento aprobó una moratoria de hasta tres años en la concesión de nuevas licencias para viviendas de uso turístico en toda la ciudad, dentro del proceso de modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Y sin embargo, el alcalde Francisco de la Torre tuvo que solicitar expresamente a la Junta de Andalucía que impidiera la inscripción automática de nuevas viviendas turísticas en el registro autonómico, una petición que la Administración regional sigue sin atender.
Ahí está la paradoja: el Ayuntamiento gobernado por el PP pide a la Junta también gobernada por el PP— que cierre el grifo autonómico, y no lo consigue. Ahora llega Montero prometiendo techos máximos desde esa misma Junta. Cuesta no preguntarse por qué eso que hoy se convierte en promesa electoral no fue una medida que el PSOE impulsara desde el Gobierno central durante los años en los que era copartícipe de la situación.
Montero propone además la puesta en marcha de un Plan Andaluz de Retorno de Viviendas Turísticas al alquiler residencial, con incentivos fiscales, subvenciones para la rehabilitación e incluso seguros públicos de impago para los propietarios que decidan dar el paso. Es una idea con sentido, pero que carga el coste de décadas de planificación fallida sobre las arcas públicas. Y para garantizar el cumplimiento de las nuevas reglas, el programa apuesta por crear una Agencia Pública Andaluza de Inspección Turística con unidades especializadas y herramientas de cruce de datos. Más organismos, más gasto, en una comunidad que sigue dependiendo estructuralmente de las transferencias del Estado.
No se trata de defender la saturación turística Málaga ha pagado un precio social y urbano demasiado alto por ella sino de exigir que las soluciones sean proporcionales, viables y no lleguen a destiempo.
El ferrocarril: cuando la promesa es prometer que se va a negociar
Si el debate sobre los pisos turísticos tiene una historia reciente en Málaga, el de los Cercanías tiene una historia de décadas. Y los datos del último año no invitan precisamente al optimismo sobre la capacidad de la política para resolverlo.
A lo largo del mes de enero de 2026, la red ferroviaria de Cercanías malagueña registró más de 33 incidencias, con retrasos de hasta 50 minutos, suspensiones temporales de líneas completas y supresiones parciales de recorrido que afectaron especialmente a los usuarios diarios que dependen del tren para trabajar o estudiar. Treinta y tres incidencias en un mes. Más de una por día. En una ciudad que aspira a ser referente tecnológico y de innovación en el sur de Europa.
El programa del PSOE-A reivindica las infraestructuras ferroviarias como un elemento estratégico para el futuro de Andalucía, tanto para su cohesión territorial como para su competitividad económica y su integración en Europa. Impecable sobre el papel. Pero la propuesta concreta se queda en comprometerse a abrir una negociación, no a resolver el problema. El proceso se diseñaría desde una cooperación leal, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio ferroviario en cercanías y media distancia, adaptar la oferta a las necesidades reales de Andalucía y reforzar la capacidad de planificación y gestión desde la comunidad autónoma, mientras se avanza en el proceso de transferencia.
Lo que Montero describe en su programa no es una distorsión de la realidad: Málaga y Andalucía tienen un problema serio con la turistificación residencial y un déficit histórico en infraestructuras ferroviarias. El diagnóstico es correcto.
Lo que genera dudas es la solidez de las recetas y, sobre todo, la credibilidad del médico que las prescribe. Prometer techos a los pisos turísticos cuando la Junta lleva meses sin responder a las peticiones del Ayuntamiento de Málaga, o comprometerse a negociar el tren cuando se acaba de dejar el Gobierno central sin haberlo hecho, son contradicciones que los votantes andaluces deberían sopesar antes del 17M.
Los problemas son reales. Las soluciones merecen más rigor que un programa electoral. Y Málagaque ha pagado quizás más que ninguna otra ciudad andaluza el precio de la improvisación en estos asuntos tiene derecho a exigirlo.
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