Primer Paro Académico General en la UGR: infrafinanciación, recortes y gestión interna
Este jueves 7 de mayo de 2026, la Delegación General de Estudiantes ha aprobado la primera iniciativa de Paro Académico General en la Universidad de Granada: una respuesta ante el deterioro estructural del sistema universitario andaluz promovido por la Junta de Andalucía que señala al Rectorado de la UGR como cómplice.
Desde la aprobación de la normativa del Paro Académico por el Consejo de Gobierno en diciembre de 2024, es la primera vez que se inicia el procedimiento de Paro Académico General en la Universidad de Granada, pero la ocasión lo requería. Las universidades públicas andaluzas llevan tiempo enfrentándose a un proceso de degradación debido a la infrafinanciación sostenida por parte de la Junta de Andalucía y sus políticas de privatización. Ante esta situación, el Equipo de Gobierno de la UGR, lejos de confrontar directa y públicamente al gobierno autonómico, se ha mantenido aquiescente y ha trasladado todos estos recortes al eslabón más vulnerable de la comunidad universitaria: el estudiantado.
En este contexto, la representación estudiantil de la Universidad de Granada ha decidido dar un paso al frente y valerse de la herramienta reivindicativa más poderosa de la que disponen: el Paro Académico General, que cortará toda la actividad docente de la institución. La movilización, prevista para el 15 de mayo, apunta a ambas entidades como responsables de la situación actual que sufre el estudiantado y se presenta con una serie de demandas claras.
Transporte, comedores, infraestructuras y salas de estudio: los síntomas de un modelo regresivo
Las consecuencias de las medidas adoptadas por parte del gobierno andaluz y la universidad, llevan manifestándose bastante tiempo. Uno de los ejemplos más sonados es la subida del precio de los Comedores Universitarios en el momento en el que sus estudiantes más necesitan por el aumento general del coste de vida. Esta decisión, que no dejó exentos ni a los beneficiarios de la Beca Propia deComedores Universitarios, supuso a la par la ruptura de la principal promesa electoral del actual Rector con el estudiantado y un retroceso enorme en las políticas sociales promovidas por la UGR.
No obstante, este hecho es tan solo un indicio más del detrimento del sistema universitario público. Otro episodio reseñable puede ser el ocurrido con el bonobús. La transición hacia el modelo de tarjeta única de la Junta de Andalucía, que se impuso casi sin previo aviso, se ha gestionado con una preocupante falta de previsión. Esto ha repercutido en otro perjuicio económico adicional para el estudiantado, el cual se ve obligado a pagar las tarifas ordinarias debido al colapso administrativo y los retrasos en la fabricación de las nuevas tarjetas.
Paralelamente, existen problemáticas estructurales cuya solución no parece estar planteada a corto ni medio plazo. La saturación de las líneas de autobuses por la frecuencia insuficiente de las mismas, impidiendo una conexión digna a las instalaciones universitarias, lo que es especialmente grave teniendo en cuenta la peculiaridad multicampus de la Universidad de Granada. Igualmente, la inversión en ciertas infraestructuras sin aplicabilidad ni beneficio directo a la comunidad universitaria mientras otras poseen carencias sustanciales que siguen sin solventarse, invita a reflexionar sobre las prioridades institucionales.
Del mismo modo ocurre con las salas de estudio, cuyos niveles de ocupación son alarmantes. De un lado, las salas de alta demanda operan constantemente cerca de sus límites máximos, llegando varias veces al colapso y generando que decenas de estudiantes tengan que esperar un tiempo indefinido al aire, usualmente en los meses más crudos del invierno y verano que es cuando transcurre el periodo de evaluación. Por otra parte, los datos muestran también las desigualdades entre las salas, vislumbrándose patrones comunes entre las salas de baja demanda, como las infraestructuras inadecuadas para el estudio o una mala conexión en transporte público. De nada sirve que se oferten 800 plazas si el estudiantado demuestra preferir las esperas a la intemperie que unas condiciones deficientes.
Lo anterior se ve más agravado aún en las ciudades autonómicas cuyas condiciones no han percibido mejoras pese a la promesa rectoral de equiparar los servicios e infraestructuras en todos los campus. No obstante, sí que ha existido este curso una modificación significativa en lo referente a las salas de estudio: la reducción notable en el horario de apertura de las mismas. Esta medida fue promovida con el fin de ahorrar ciertos costes que la UGR calificaba de “innecesarios”, pero no ha venido acompañada de una mejora de la calidad de las mismas.
Una ley de transición al sistema mercantilista
La recién aprobada Ley de Universidades para Andalucía (LUPA), más que el desarrollo a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), se trata de un avance hacia un modelo de privatización de la educación superior. El peso desproporcionado que adquiere el Consejo Social, obteniendo un papel vinculante en la mayoría de toma de decisiones estratégicas, supone la renuncia definitiva a la autonomía universitaria en pos de un grupo que no solo es externo a la institución sino que además no refleja la pluralidad de la sociedad.
Esto se suma a la obligatoriedad de acreditar nivel B2 en una lengua extranjera para obtener el título de Grado, una barrera clasista mientras no se garantice un acceso gratuito y universal a la formación necesaria. Además, esta ley más que blindar la bonificación del 99%, la amenaza, puesto que abre la puerta para endurecer los requisitos. Lo que hoy es un alivio para miles de familias, mañana puede quedar supeditado a criterios que excluyan a gran parte del estudiantado, convirtiendo la educación en un privilegio.
Más aún, esta ley supone un agravio comparativo a las universidades públicas, puesto que les exigen unos requisitos mucho más estrictos que a las privadas. Esto es simplemente la regularización de las desigualdades que ya se han podido observar como el rechazo de titulaciones en universidades públicas mientras que se aprobaban planes de estudios análogos en las privadas, legitimando un modelo en el que la educación es un negocio en lugar de un derecho.
El brazo operativo, rectorado
La Junta de Andalucía lo ordena, pero es el equipo de gobierno el que lo ejecuta. En lugar de buscar un consenso y constituir un frente común, el rectorado, unilateralmente y a espaldas de los colectivos universitarios, lleva tiempo cuadrando sus presupuestos a costa de la calidad de su docencia y servicios.
En todas estas medidas, el máximo órgano de representación estudiantil nos hemos visto relegados a ser un vector de transmisión de la información. Porque las promesas rotas no han sido casos aislados. Porque las decisiones que nos afectan han sido tomadas sin escucharnos. Porque nuestra presencia en los órganos de gobierno parece ser meramente formal. Porque aplican el despotismo ilustrado, presumen de realizar iniciativas que nos benefician, pero las desarrollan sin nosotros. Porque suelen pedir corresponsabilidad entre todos los sectores, pero no aplican la cogobernanza.
Es por ello que, frente a un gobierno que no invierte en nosotros y un rectorado que no está a la altura, nos vemos obligados a levantar la voz para proteger nuestros derechos. Ahora se requiere que el 10% del estudiantado de la UGR refrende esta iniciativa mediante una recogida de firmas, ante lo cual, hacemos un llamamiento a todo el colectivo estudiantil, puesto que no es un mero requisito formal, sino un paso al frente contra la desidia institucional. Si queremos seguir teniendo una universidad pública y de calidad mañana, tenemos que empezar a defenderla hoy.
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