UNIVERSIDAD

hacia un modelo de privatización de la educación superior. El peso desproporcionado que adquiere el Consejo Social, obteniendo un papel vinculante en la mayoría de toma de decisiones estratégicas, supone la renuncia definitiva a la autonomía universitaria en pos de un grupo que no solo es externo a la institución sino que además no refleja la pluralidad de la sociedad. Esto se suma a la obligatoriedad de acreditar nivel B2 en una lengua extranjera para obtener el título de Grado, una barrera clasista mientras no se garantice un acceso gratuito y universal a la formación necesaria. Además, esta ley más que blindar la bonificación del 99%, la amenaza, puesto que abre la puerta para endurecer los requisitos. Lo que hoy es un alivio para miles de familias, mañana puede quedar supeditado a criterios que excluyan a gran parte del estudiantado, convirtiendo la educación en un privilegio. Más aún, esta ley supone un agravio comparativo a las universidades públicas, puesto que les exigen unos requisitos mucho más estrictos que a las privadas. Esto es simplemente la regularización de las desigualdades que ya se han podido observar como el rechazo de titulaciones en universidades públicas mientras que se aprobaban planes de estudios análogos en las privadas, legitimando un modelo en el que la educación es un negocio en lugar de un derecho. El brazo operativo, rectorado La Junta de Andalucía lo ordena, pero es el equipo de gobierno el que lo ejecuta. En lugar de buscar un consenso y constituir un frente común, el rectorado, unilateralmente y a espaldas de los colectivos universitarios, lleva tiempo cuadrando sus presupuestos a costa de la calidad de su docencia y servicios. En todas estas medidas, el máximo órgano de representación estudiantil nos hemos visto relegados a ser un vector de transmisión de la información. Porque las promesas rotas no han sido casos aislados. Porque las decisiones que nos afectan han sido tomadas sin escucharnos. Porque nuestra presencia en los órganos de gobierno parece ser meramente formal. Porque aplican el despotismo ilustrado, presumen de realizar iniciativas que nos benefician, pero las desarrollan sin nosotros. Porque suelen pedir corresponsabilidad entre todos los sectores, pero no aplican la cogobernanza. Es por ello que, frente a un gobierno que no invierte en nosotros y un rectorado que no está a la altura, nos vemos obligados a levantar la voz para proteger nuestros derechos. Ahora se requiere que el 10% del estudiantado de la UGR refrende esta iniciativa mediante una recogida de firmas, ante lo cual, hacemos un llamamiento a todo el colectivo estudiantil, puesto que no es un mero requisito formal, sino un paso al frente contra la desidia institucional. Si queremos seguir teniendo una universidad pública y de calidad mañana, tenemos que empezar a defenderla hoy.

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