La ministra de Justicia, Pilar Llop, inauguró las jornadas que la Asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia celebra en Málaga

Dichas jornadas se celebran en el salón de actos del Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM). 

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha destacado este jueves que el Ejecutivo central está trabajando en esta legislatura en «potenciar» el «escudo social» para «no dejar a nadie atrás» tras la pandemia, asegurando también que desde el sector justicia en esta época «se ha reaccionado de una manera muy importante».

«Vamos a seguir reaccionando, ahora estamos en una nueva etapa. Ahora es el momento en el que hay que elegir. O se elige el bloqueo, la confrontación, no seguir hacia adelante o se elige lo que ha elegido el Gobierno y esta ministra que es la transformación y la recuperación social y económica del país».

Para ello, ha añadido, el sistema judicial «debe ser visto no como un obstáculo al desarrollo social, sino como un motor de progreso y para ese desarrollo social». Así, ha incidido en las diversas herramientas y se ha referido, en concreto, al Plan Justicia 2030 y los fondos Next Generation, «470 millones para el sector justicia» para poner en marcha proyectos sustentados en la leyes de eficiencia digital, organizativa y procesal.

Así lo ha señalado Llop en Málaga durante la presentación de las jornadas organizadas por la Comisión de Derecho Privado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).

Llop, en primer lugar, ha dado las gracias «por el trabajo realizado» en la época de pandemia. «Es necesario, ahora en esta nueva responsabilidad que asumo como ministra de Justicia, reconoceros en ese trabajo vocacional, dedicado, que habéis hecho para que la justicia en ningún momento parara». «Cada uno desde las distintas responsabilidades que nos ha tocado estar hemos dado lo mejor que teníamos de cada uno de nosotros para que las instituciones salieran adelante, estuvieran a la altura de lo que los ciudadanos estaban necesitando en ese momento», ha valorado.

Por otro lado, sobre las jornadas, las ha considerado «un acierto», ya que se debate y reflexiona «sobre una cuestión de inmensa envergadura social y jurídica con un componente, también, que impacta en el ámbito político de una manera muy evidente, como es el de los derechos de la ciudadanía frente los desahucios».

Ha precisado que se abordará en la jornada temas como el derecho a la vivienda, los desahucios, el «grave problema que generan los fondos bruitre»; el fenómeno de la okupación y alternativas habitacionales al desahucio, entre otros, asegurando que son cuestiones todas ellas «que son de gran impacto social y sobre las que en ocasiones se ha intentado generar cierta confusión en la opinión pública».

Al respecto, ha aludido «a la confusión» generada «desde ciertos sectores políticos y ciertos sectores también mediáticos» sobre conceptos como el allanamiento de morada, usurpación, la okupación de inmuebles o el retraso en el pago de alquileres.

«Todas estas realidades –ha continuado– son muy distintas, responden a distintos fenómenos y requieren de un tratamiento, también, diferenciado y una solución diferenciada tanto del ámbito judicial como del político».

Llop ha agradecido, en este sentido, que en este foro «se plantee un debate jurídico serio, riguroso, de personas de una calidad técnico-jurídico excepcional, sobre todos estos aspectos» y que sirva para «hacer esa pedagogía tan necesaria».

La ministra ha subrayado que se trata de una «realidad muy compleja» que «presenta múltiples facetas», incidiendo en el «tratamiento multidisciplinar». «Será muy oportuno y se sacarán importantes conclusiones», que espera que le hagan llegar al Ministerio para «poder analizar esta cuestión desde el debate jurídico técnico y también desde el debate social».

«EN UNA SITUACIÓN DE DESAHUCIO TODAS LAS PERSONAS PIERDEN»

«Cuando se llega a una situación de desahucio, todas las personas implicadas pierden; aquí nadie gana», ha señalado la ministra, que ha agregado que, en estas situaciones «los más perjudicados son los ciudadanos, que se ven privados de su hogar y que ven menoscabado su derecho constitucional a una vivienda digna, como contempla el artículo 47 de la Constitución, y que constituye un principio constitucional y un principio rector de la política social y económica».

«No solo tiene dimensión jurídica sino también política fundamental», ha subrayado, aludiendo a que es importante recordar el derecho constitucional que tienen los ciudadanos en España a una vivienda digna y adecuada «y el deber que tienen los poderes públicos de promover todas las condiciones necesarias para remover cualquiera de los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de sus derechos».

«Para hacer efectivo este derecho –ha agregado– se debe poner sobre la mesa y hacer con sinceridad en un debate abierto y en el que nos podamos expresar cada uno con nuestras opiniones dentro del respeto a lo que cada cual en cada momento piense».

Eso sí, ha asegurado que hay que hacerlo en un debate «profundizando» y no «dejándolo en la superficialidad». «Hay que hacerlo profundizando en políticas sociales que permitan, además, introducir herramientas, como ha hecho el Gobierno con el ingreso mínimo vital, herramientas que prevengan el riesgo de pobreza, la exclusión social de las personas…». Al respecto, ha destacado que el Ejecutivo central está trabajando en esta legislatura en «potenciar ese escudo social».

Ha añadido, asimismo, que el problema del acceso a la vivienda se recrudeció con la crisis tras la pandemia del COVID y ha impactado «de manera mucho más brutal» en sectores más desfavorecidos.

Asimismo, ha valorado la aprobación de planes de choque, el desarrollo legislativo importante y las adaptaciones presupuestarias para «no dejar a nadie atrás». De igual modo, ha dicho que desde el sector justicia se ha reaccionado de una manera «muy importante», valorando el trabajo, además, del anterior ministro para que «los intereses de la ciudadanía durante esta época no fueran desatendidos».

JORNADAS

Por su parte, Edmundo Rodríguez, magistrado y coordinador Comisión Derecho Privado JJpD, ha explicado las jornadas, incidiendo en que la finalidad es «tratar un tema que sigue siendo, lamentablemente, de actualidad porque el drama de los desahucios todavía no es un asunto que se pueda decir que está solucionado», ha detallado.

También durante la presentación ha tomado la palabra Lourdes García, presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, que ha valorado que las jornadas se lleven a cabo en Málaga. En su presentación, ha tenido palabras para la ministra y ha dicho que tiene delante de ella «un buen reto» aludiendo al Plan de Justicia 2030.

Ha aludido también al «atasco institucional muy serio» como es «el bloqueo» de la renovación del Consejo del Poder Judicial, esperando que «en un tiempo, lo más próximo posible» se pueda salir de ella, «puesto que está debilitando esta institución tan importante».

Sobre las jornadas, ha abundado en la importancia de poner «cada tema en su sitio» aludiendo al derecho a la vivienda, como un «derecho fundamental», insistiendo en la labor desde los poderes públicos «porque estamos delante de unos dramas humanos tremendos y más después de una pandemia en la que se han perdido muchos puestos de trabajo, tantas personas se han visto sin casa y hay que dar una respuesta», ha concluido.

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