La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha pedido este domingo no trasladar falsos agravios, después de las quejas expresadas por los presidentes de Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, durante la novena conferencia de presidentes con Pedro Sánchez, por la inadmisión del Gobierno de sus peticiones en el paso a la fase 1 de la desescalada.

“Lo que se ha expresado en la reunión por todos los dirigentes políticos es máxima cautela, lealtad y no trasladar falsos agravios o especulaciones que no tienen ningún tipo de fundamento en esta pandemia”, ha indicado Montero durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la citada ciber reunión.

Asimismo, ha destacado que no se puede “forzar el ritmo” para avanzar en fases porque esto podría costar muy caro en vidas humanas “y en el ámbito económico y social”. Y ha advertido a las CCAA de que no se llegará antes “por correr de forma precipitada”. “Es importante mantener lo conseguido y no echar por tierra el proceso”, ha aseverado.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha apuntado a preguntas de periodistas que no se plantean revisar los informes emitidos y que han fijado qué territorios o provincias pasarán a fase 1 este próximo lunes.

En este sentido, ha explicado que el equipo técnico del ministerio, del que este domingo tampoco ha dado nombres, analiza los informes con la máxima pulcritud y haciendo una valoración “prudente”. Con todo, ha añadido que conforme evolucione la epidemia y según lo pidan las diferentes comunidades realizarán las valoraciones pero siempre en base a los nuevos datos.

LA COGOBERNANZA FUNCIONA

No obstante, el ministro ha apuntado que con esta nueva conferencia de presidentes se constata que la “cogobernanza” está funcionando y que lo hace en un clima de cordialidad. Al hilo, ha dado cuenta de propuestas “muy interesantes” trasladadas en el día de hoy desde las CCAA, y ha anunciado que comenzarán a estudiarlas en el plenario de la Interterritorial con los consejeros de Sanidad de este lunes.

En concreto se ha referido a propuestas que van encaminadas a que se reconsidere habilitar el permiso de caza y pesca para la fase 1 –está previsto en principio para la fase 2–, y a estudiar un paquete de medidas específicas para la España rural, dado el carácter particular de esas zonas.

Por otro lado, y tras ser preguntado por si darán a conocer los nombres de los doce técnicos que evalúan los informes remitidos por las diferentes CCAA para decidir si pasan de fase o no, Illa ha sido taxativo al resaltar que el Ejecutivo ha explicado con transparencia como se toman las decisiones, pero ha seguido sin facilitar los nombres a pesar de presumir de la transparencia en la toma de decisiones.

TODOS CONOCEN “QUIEN ES EL MINISTRO DE SANIDAD”

Así, ha explicado que una vez que la comunidad autónoma hace la propuesta en base al estudio de sus servicios de salud publica, ésta es remitida a Sanidad donde es evaluada por los técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). Una vez que lo valoran se celebra una reunión bilateral y entonces se toma una decisión sobre el cambio de fase.

“Quien hace las valoraciones por parte de ministerio son las personas que por razón su cargo tienen la obligación de hacerlo. Los técnicos, profesionales y funcionarios del CCAES, que se encuadran en la Dirección General de Salud Pública, que es quien me eleva el informe”, ha añadido.

Al hilo, ha insistido en que “todos conocen” quien es la directora de Salud Pública, quien es el director del CCAES –Fernando Simón– “y quien es el ministro de Sanidad”. “El proceso es claro y transparente, nos atendremos a lo que diga la ley sobre transparencia en todos los informes que hagamos”, ha apostillado.

Respecto al cambio de criterio sobre la posibilidad de trasladarse a segundas residencias mientras estén en la misma provincia, Illa ha destacado que las medidas que adoptan para cada fase son objeto de evaluación constante, y ha apuntado que “no ha habido más que una evaluación” en el sentido de que si la movilidad está permitida en la unidad territorial, los técnicos no ven inconveniente en que dentro de ésta las personas puedan trasladarse a segundas residencias.