De la Torre intervendrá en una mesa redonda que se celebra mañana jueves por la tarde a partir de las 16.00 horas en la que se analizará “Las necesidades de financiación y las competencias impropias en los ayuntamientos”. En la mesa redonda participa el alcalde de Málaga junto con el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes García, y el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna.

El encuentro pretende poner de relieve la importancia que las administraciones locales tienen en el conjunto del sector público y los problemas con los que se encuentran a la hora de prestar sus servicios. En el proceso de descentralización de nuestro país, los gobiernos locales han permanecido en un segundo plano tanto en gasto como en ingresos. En el año 1978, los gobiernos locales ejercían el 9% del total del gasto consolidado del sector público, mientras que en 2007 gestionan el 13% del mismo. En ese mismo periodo de tiempo las comunidades autónomas han pasado de participar en la gestión del gasto público a asumir el 36% del mismo.

Igualmente, mientras que los gobiernos locales ejercen el 13% del gasto consolidado del sector público, cuentan sólo con el 9% de los recursos, lo que agudiza sus necesidades financieras. La proximidad a las personas y a sus de necesidades, así como una mayor agilidad en la respuesta, convierte a los ayuntamientos en administraciones públicas modernas y dinámicas en contacto permanente con los ciudadanos.

Este dinamismo lleva a los ayuntamientos a asumir más competencias que no están reconocidas en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. Algunas de estas competencias le corresponden al Gobierno Central y muchas de ellas están en el ámbito de las Comunidades Autónomas. En definitiva, los ayuntamientos prestan, desde hace años, una serie de servicios que los ciudadanos, por cercanía, les solicitan pero que en realidad no figuran formalmente dentro del ámbito de sus responsabilidades fijado por la ley.

Este incremento en el gasto, unido a la falta de flexibilidad en la recaudación impositiva y a la rigidez derivada de la Ley de estabilidad obliga a las entidades locales a replantear su financiación y poner de manifiesto la necesidad de un pacto Local que delimite claramente las competencias y la financiación de las entidades locales.

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