El alcalde denunció lo que, a su juicio, supone, según el Anteproyecto de Ley en tramitación, “la intención de la Junta de Andalucía de crear dos nuevos impuestos, pero sin dar la cara”, en el sentido de que el Gobierno autonómico pretende, además, que sean los ayuntamientos los que se engarguen de gestionar la recaudación de esas nuevas cargas directas a los ciudadanos, persiguiendo además que sean también los propios ayuntamientos los que, en su caso, deban afrontar los hipotéticos impagos de estos nuevos impuestos.

Pedro Fernández Montes calificó como “barbaridad y desvergüenza” la pretensión de la Junta de Andalucía de imponer a los municipios la gestión de estos impuestos, cuya creación misma consideró improcedente “en estos momentos de crisis y de penuria económica”.

Abundando en esta cuestión, el primer edil afirmó también que, a su juicio, “el impuesto de la cuota fija que se pretende imponer es totalmente injusto, ya que va a pagar lo mismo la persona que tenga una pensión no contributiva o una pensión mínima que un multimillonario” y, respecto al denominado “Canon de Mejora”, consideró que “se trata de un ingreso que se usurpa, que se roba a los ayuntamientos”, ya que hasta ahora el canon de mejora que se cobra a los vecinos tiene como fin la ejecución de obras de mejora en la red y el planteamiento que establece el Anteproyecto supondría una medida de todo punto insolidaria.

En este sentido, Pedro Fernández Montes justificó las alegaciones presentadas significando que las ventajas actuales para la mejora de infraestructuras en la red desaparecerían, pretendiendo obligarse a todos los andaluces al pago de un nuevo impuesto pese a que, a lo mejor, su municipio no fuera escenario de mejoras en la red, apartándose de forma evidente de lo que consuetudinariamente han sido los cánones de mejora, que tienen un carácter finalista y, por tanto, destinados a obras fijas concretas.

Para el alcalde, el estudio económico de la Memoria contenido en el Anteproyecto “hace trampa”, ya que se basa en la población andaluza, y no en base al número de abonados, y, respecto a los ingresos previstos, de unos 180 millones de euros, señaló que “no son ciertos”, por cuanto los cálculos reales dan como resultado unos ingresos de 300 millones de euros, equiparando la situación con lo ocurrido con el incremento del recibo de la luz, “que a los que más está afectando es a las personas con menos recursos económicos”.

Pedro Fernández Montes afirmó que, caso de consumarse la aprobación de la nueva Ley, la aplicación de la misma supondría que los vecinos de Torremolinos tendrían que pagar aproximadamente 2,8 millones de euros al año, “con el agravante –dijo-, que a nuestro entender es ilegal, de que convierte a nuestro Ayuntamiento en recaudador de un impuesto que no es nuestro y que, por tanto, debe recaudar la propia Junta de Andalucía a través de la Consejería de Hacienda, que para eso está y que ejerce tal atribución para recaudar los demás impuestos menos éste, porque quiere esconderse politicamente para que sean los ayuntamientos quienes soporten el descontento ciudadano”.

Tras criticar igualmente la pretensión de la Junta de Andalucía de que “no sólo carguemos con el trabajo de la recaudación, sino que también asumamos los gastos que supone la misma y los ayuntamientos asumamos los recibos de agua impagados”, el alcalde inistió en que “estamos ante algo muy grave; un atentado contra los ciudadanos, creándoles un nuevo impuesto, y un atentado contra los ayuntamientos, obligándonos a cobrar un impuesto que no es nuestro y además pagar los recibos que dejen de pagar los ciudadanos”.

Para Pedro Fernández Montes, “se trata de un doble atropello que no estamos dispuestos a consentir”, anunciando la intención de su Grupo, caso de ser aprobada la nueva Ley en los términos actuales, de “recurrir la misma no sólo por la vía contenciosa sino, también, como una cuestión de constitucionalidad”.

Se trató sin duda del principal asunto tratado en esta sesión Plenaria, en la que la Corporación, por unanimidad, aprobó una también Moción del Equipo de Gobierno a través de la cual se insta a la empresa ADIF a hacer efectivo el compromiso político anunciado de acondicionamiento de la estanción de cercanías del Centro de Torremolinos para el acceso de personas con minusvalía física o movilidad reducida.