El concejal Daniel Pérez ha explicado que la sentencia del Juzgado Número 5 de lo Social de Málaga obliga al Ayuntamiento a restituir el seguro médico que suprimió a los trabajadores de Gerencias de Obra en marzo de 2008. Los trabajadores podrán ahora reclamar al Ayuntamiento el abono del pago de la cuota desde la supresión, que ascendería a unos 305.000 euros, “cantidad que podría sufragarse con el sueldo de dos cargos de confianza”, inicie Pérez.

El edil sostiene que esta sentencia demuestra que “esta decisión injusta y unilateral del PP no se ajusta a la ley”. Considera “incongruente” que el PP no haya recurrido esta sentencia y sí lo haya hecho con la del Juzgado de lo Social número 7 que también obligaba a restituir el seguro médico a los trabajadores laborales del Ayuntamiento. “El PSOE siempre ha exigido al equipo de gobierno que no recurra ninguna de estas sentencias, pero se produce un agravio comparativo que tendrán que explicar”, añade Pérez.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Susana Radío, ha manifestado que “la Justicia da la razón a los trabajadores y ratifica las denuncias de los socialistas de que se recortan derechos sociales a los más débiles, mientras se aumentan los sueldos de los cargos de confianza”. Aclara que entre estos cargos de confianza no sólo se encuentran los 27 del Ayuntamiento, sino que hay que sumar los de los Organismos Autónomos Locales y las contrataciones que se realizan a través de las sociedades municipales, “y sobre los que no tenemos ningún control”.

“El GMS no se opone a la supresión del seguro médico privado -apunta Radío- siempre que la austeridad se aplique por igual a todos los trabajadores y sea, siempre, resultado de la negociación con los representantes sindicales y con los trabajadores”.

Radío añade que “la alcaldesa es directamente responsable de la confrontación laboral que padece este Ayuntamiento y de la ausencia de paz laboral”. Otra muestra de ello es la interposición de 400 reclamaciones por parte de los trabajadores de la antigua empresa Gerencia de Obras exigiendo la subida del IPC y la restitución de ayudas socio-sanitarias que también se han suprimido.

La portavoz socialista advierte que estas reclamaciones generarán una gran burocracia administrativa y elevados gastos judiciales para el Ayuntamiento que podrían evitarse con la negociación. Desde el GMS se recuerda que la negociación del convenio colectivo está paralizada, al igual que el plan de recursos humanos.

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