El articulo 190 de la LOUA es tajante y no admite interpretaciones tal como pretende el Equipo de Gobierno del PP, la revisión de licencias urbanísticas, órdenes de ejecución, así como cualquier otro acto administrativo previsto en esta Ley, cuyo contenido constituya o habilite de manera manifiesta alguna de las infracciones urbanísticas graves o muy graves definidas en esta Ley, deberán ser objeto de revisión por el órgano competente, de conformidad con lo establecido en legislación reguladora del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Para el Grupo municipal socialista la no revisión de licencias de obras supone en definitiva un clamoroso incumplimiento de la Ley, que el Juzgado de lo contencioso-administrativo numero 5 de Málaga en su sentencia 583/07, se lo ha dejado muy claro al ayuntamiento.
La necesidad de revisar una licencia de obras ilegales, no ajustada a ningún planeamiento y que supongan sin ningún género de duda una infracción grave, no pueden aplazarse ni justificarse torticeramente en ningún criterio de ningún tribunal.

Lo que tiene hoy el Equipo de gobierno del Partido Popular es una sentencia de obligado cumplimiento de un Tribunal, con una argumentación jurídica similar a la expresada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Marbella en todos los casos de licencias de obras ilegales, dadas por los gobiernos corruptos gilistas .

Una revisión necesaria y oportuna por cuanto supone un mecanismo de garantía de aplicación de la legalidad contra todos aquellos que participaron en la concesión de esas licencias de obras y esos permisos de ejecución ilegales, y que debe alcanzar inexcusablemente a responsables políticos, técnicos, promotores etc.
Una revisión que suponga cumplir no solo la Ley sino también las determinaciones del documento de revisión del PGOU aprobado inicialmente por todo el Ayuntamiento y lo más importante que suponga una garantía para todos los ciudadanos de Marbella y San Pedro Alcántara de que la Ley se cumple con todas las consecuencias y que el primero en hacerla cumplir en es el Ayuntamiento, buscar escondites o atajos como ahora pretende la alcaldesa es definitiva el camino torcido del GIL y sus abogados.

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