Estas infracciones serán “leves, graves o muy graves”, según la importancia de los hechos punibles, y tendrán unas multas con cuantías que irán desde un mínimo de 301 euros hasta un máximo de un millón.

El diputado socialista señaló que los criterios tenidos en cuenta en la graduación de las sanciones serán la intencionalidad del sujeto infractor, la negligencia, el fraude, el incumplimiento de las advertencias previas, el volumen de negocios y el número de personas afectadas.

Se considerarán infracciones administrativas, las vulneraciones del derecho a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas, acosos, incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables.

Heredia apuntó que, del mismo modo, la ley tipifica como infracciones el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas, especialmente cuando se deriven beneficios económicos para el infractor.

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