Provincia

La Junta de Andalucía exige a la Planta de Tratamiento de Escombros
de Canillas de Aceituno que cumpla con la tasa de reciclado y que
trate exclusivamente con los residuos para los que está autorizada. La
delegación provincial de Málaga de la consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha abierto un expediente, a
raíz de una visita de sus agentes de Prevención y Control Ambiental.
Dicho expediente se encuentra en fase de alegaciones y subsanación
por parte de la empresa gestora, Ecoaxar, para que las actuaciones no
deriven, en su caso, en un expediente sancionador.

Dicha delegación comenta en un escueto comunicado que «se ha
tenido constancia de una actuación irregular en la aceptación de
residuos por parte de la empresa que gestiona la Planta de Tratamiento
de Escombros de Canillas de Aceituno. Esta delegación está
recabando los informes oportunos, dentro de las actuaciones previas
para la apertura de un expediente sancionador, por la gestión de
residuos para los que esta empresa no dispone de la autorización
correspondiente».

En la mencionada inspección se solicita una modificación en el
procesado de los escombros, para conseguir una tasa de reciclado de
áridos y cumplir fielmente con la autorización de planta de tratamiento
con la que fue acreditada. El hecho de no valorizar suficientemente los
residuos autorizados en nuevos materiales áridos, además de transgredir
legislaciones y autorizaciones, ahonda el problema endémico que
arrastra España en este tipo de actuaciones. Y es que según los últimos
datos de Eurostat sitúan la tasa de reciclaje española en torno al 37%,
por debajo de Italia (78%), Bélgica (76%) y Francia (55%). Casi el 50% de
los residuos son gestionados de forma incorrecta o ilegal, tienen destino
desconocido o no se tratan en plantas.

El sector de los residuos de construcción y demolición se queja de que
este tipo de material reciclado no tiene demanda, con lo que la
conciencia medioambiental baja entre los agentes del sector,
aumentando los vertidos descontrolados en múltiples ubicaciones. Ya
existe legislación vigente de porcentajes de áridos reciclados que han
de usar las empresas y las propias administraciones en obras y
proyectos, y es alto el grado de incumplimiento.
Precisamente, esta ausencia de demanda es lo que ha hecho

sospechar a los agentes ambientales de Prevención y Control, de un
posible incumplimiento con los criterios de admisión de residuos y las
tasas de valorización en áridos reciclado. Esto hace que una planta que
ha sido concebida para el tratamiento y gestión de residuos no cumpla
con su labor; y se haya convertido, por eso, en un espacio donde se
depositan los residuos directamente en el vertedero. De seguir así, y
teniendo en cuenta su capacidad, puede ser una instalación con los
días contados.

Ecoaxar ultima, en su informe de alegaciones a la Junta de Andalucía,
una serie de actuaciones que hagan llegar la tasa de reciclaje hasta
niveles más óptimos, de forma que se obtengan menores rechazos con
destino al vertedero.

Que en una planta de tratamiento se admitan y se gestionen residuos
para los que una instalación no está autorizada, llevaría a que multitud
de toneladas de residuos escapen al control administrativo y
medioambiental, careciendo de información básica en cuanto a su
origen, cuantificación y destino final de los mismos. Incluso podría crear
problemas a los productores y poseedores de dichos residuos, en
cuanto a su deber de asegurar que los mismos se ponen a disposición
de gestores autorizados, los únicos capaces de llevar a cabo una
correcta gestión de los mismos.
Las propias organizaciones ecologistas, también advierten que el

espacio en el que fue concebido esta instalación no es el adecuado.
«Ya que su espacio es insuficiente para el volumen de residuos
admitidos, crea un impacto visual negativo y el acceso es complicado,
favoreciendo que muchos quieran acortar sus tareas vertiendo en el Río
Vélez o en otras zonas de gran valor natural», apuntó también en este
sentido Rafael Yus, de Ecologistas en Acción de la Axarquía.

En la cuestión de esta planta, los ecologistas dudan que a la instalación
se le pueda «llamar planta de tratamiento, ya que en realidad no hay
tratamiento sino simple vertido. De ahí que lo máximo que se puede
admitir de esta planta es que sea un vertedero controlado. Por lo
acontecido con la Junta podemos deducir que están investigando si
eliminan los productos tóxicos que suelen ir mezclados, como las
pinturas, disolventes, e incluso restos de uralita, un material rico de
amianto», apuntó Yus.