MILES DE AFECTADOS POR LA OKUPACIÓN ILEGAL ESPERAN UNA RESPUESTA POSITIVA DEL GOBIERNO

Desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación reclaman una ley urgente que les proteja de los llamados okupas e inquiokupas. Miles de propietarios arruinados e incluso en tratamiento psiquiátrico no pueden defender sus derechos frente a la okupación ilegal de sus viviendas.

Ayer la recién estrenada ministra de Justicia, Pilar Llop, visitó Málaga para inaugurar unas jornadas organizadas por la Comisión de Derecho Privado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha destacado este jueves que el Ejecutivo central está trabajando en esta legislatura en “potenciar” el “escudo social” para “no dejar a nadie atrás” tras la pandemia, asegurando también que desde el sector justicia en esta época “se ha reaccionado de una manera muy importante”.

“Vamos a seguir reaccionando, ahora estamos en una nueva etapa. Ahora es el momento en el que hay que elegir. O se elige el bloqueo, la confrontación, no seguir hacia adelante o se elige lo que ha elegido el Gobierno y esta ministra que es la transformación y la recuperación social y económica del país”.

Para ello, ha añadido, el sistema judicial “debe ser visto no como un obstáculo al desarrollo social, sino como un motor de progreso y para ese desarrollo social”. Así, ha incidido en las diversas herramientas y se ha referido, en concreto, al Plan Justicia 2030 y los fondos Next Generation, “470 millones para el sector justicia” para poner en marcha proyectos sustentados en la leyes de eficiencia digital, organizativa y procesal.

Así lo ha señalado Llop en Málaga durante la presentación de las jornadas organizadas por la Comisión de Derecho Privado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).

Vamos a “potenciar” el “escudo social” para “no dejar a nadie atrás” tras la pandemia, asegurando también que desde el sector justicia en esta época “se ha reaccionado de una manera muy importante”.
Pilar Llops
Ministra de Justicia

Pero del otro lado están los propietarios afectados, totalmente desesperados por las terribles consecuencias que esto tiene para quienes lo sufren en sus propias carnes y que, en muchos casos, también son víctimas de la propia crisis sanitaria y económica.

Una realidad que supera las estadísticas

Según fuentes judiciales, en España hay unas 80.000 viviendas okupadas. Sin embargo, los afectados advierten de que los datos no son fiables. Para empezar, porque “los allanamientos están disminuyendo y lo que está aumentando es la inquiokupación, que no se considera el mismo delito, porque se enmarca dentro de un incumplimiento del contrato de arrendamiento”.

Según los datos que maneja esta plataforma, la okupación indirecta supone el mayor porcentaje de casos, “porque existe una cierta conciencia de que no está mal okupar los pisos de los bancos“.

Sin embargo, advierten de que esta idea no se ajusta a la realidad, porque cuando tú estás viviendo con gente que no lo considera su propiedad y que entiende que puede hacer cualquier cosa y no pasa nada, empieza el deterioro, la suciedad o los daños estructurales del edificio. Un verdadero vergel de problemas para cualquier comunidad de vecinos. Así, recuerdan que, a pesar de ser las víctimas, ellos no sólo tienen que costear los gastos judiciales, sino también hacer frente al pago de impuestos y suministros, ya sea directamente o a través de la comunidad. 

Precisamente por eso, entre las medidas que reclaman a la clase política, se encuentra la justicia gratuita. “Tenemos casos de gente que ha pasado a ser vulnerable, gente con su propio piso, con su casa, a la que los okupas les han arruinado literalmente y que, cuando van a los servicios sociales y piden ayuda, encima les dicen que no se la pueden dar porque tienen una casa”, denuncian.

Además, reclaman que los subsidios que muchos okupas reciben por una supuesta situación de vulnerabilidad pasen a estar supeditados a la convivencia y que, por tanto, los servicios sociales hagan una verdadera labor de inspección y seguimiento de estas personas. “Si están cobrando una renta mínima de inserción es para que se inserten, no para que estén toda la vida viviendo del Estado. Tiene que haber un seguimiento. Y esa inserción pasa por realizar una búsqueda de empleo, pero también por cumplir las normas sociales“, insisten.

Translate »