A través de este nuevo instrumento se creará un listado de empresas de la provincia que puedan optar a los concursos públicos de los ayuntamientos, dando especial cobertura a los pequeños y medianos negocios de la construcción. Gracias a este registro provincial toda la documentación administrativa necesaria que deben aportar las empresas durante el proceso de licitación, se simplificará y será sustituido por un certificado, el cual será emitido por el nuevo órgano. De este modo se evitarán innecesarias repeticiones de la justificación documental para los distintos y numerosos contratos que se liciten. Asimismo se producirá una disminución en los costes en los procesos concursales. En dicho certificado constará que las empresas concurrentes en los procesos cumplen con todos los requisitos exigidos.

Del mismo modo, mediante este nuevo organismo creado por la Diputación de Málaga, los distintos ayuntamientos de la provincia se verán beneficiados por esta simplificación administrativa, permitiendo que todos los municipios del territorio malagueño, si así lo desean, se sirvan del Registro de Licitadores del ente supramunicipal en el ámbito de su propia contratación administrativa, a través de su correspondiente convenio de colaboración.

Con esta medida se pretende estimular la creación de empleo y la reactivación económica en la provincia, prestando especial atención a los medianos y pequeños municipios de la geografía malagueña.

Esta medida se suma a otras iniciativas anunciadas por la institución provincial encaminadas a este mismo fin como la aprobada en el último pleno de la Corporación Provincial que se basa en que todas las obras que el ente supramunicipal saque a contratación durante el 2010 se tramiten mediante el procedimiento de “urgencia”. De este modo el tiempo de espera para la adjudicación provisional en el proceso de licitación de las obras se reducirá a 13 días, estando fijado el plazo sin carácter de urgencia en 26 días. Asimismo es de vital importancia acortar los periodos para el comienzo de las actuaciones, no pudiendo estos superar 15 días desde su adjudicación definitiva. Traspasando este umbral se podría rescindir el contrato con la empresa adjudicataria de las obras. De este modo se reducirá el tiempo de espera y los diversos plazos entres las fases de adjudicaciones provisionales y definitivas de las actuaciones, así como del inicio de las mismas, con el objetivo de contribuir y acelerar la creación de empleo en los municipios.

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