En comparecencia en la Comisión de Hacienda del Parlamento para informar sobre la incidencia de la reforma local en el presupuesto de la Junta para 2014, la consejera ha indicado que su impacto financiero se producirá a partir de diciembre de 2015, que es el plazo que fija la ley para que las comunidades autónomas asuman las competencias en servicios sociales. No obstante, ha expresado la preocupación del Gobierno andaluz por las consecuencias para la hacienda pública en futuros ejercicios.

Montero ha lamentado la falta de diálogo del Gobierno con las entidades locales y las comunidades autónomas, que son las administraciones encargadas de aplicar la ley. La consejera ha llamado la atención sobre la falta de concreción económica de la ley y sobre la negativa del Gobierno a atender el dictamen del Consejo de Estado “inusitadamente duro y con advertencias de inconstitucionalidad”.

“Hemos agotado todas las vías para proteger los intereses de los andaluces y de sus municipios tal y como establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía, pero el Gobierno central ha hecho oídos sordos a nuestras peticiones de diálogo”, ha subrayado la consejera. De este modo, el 27 de marzo, Andalucía presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la norma, al que han seguido los interpuestos por Cataluña, Asturias y Canarias, así como los que han presentado más de 2.300 ayuntamientos de toda España.

Montero ha defendido que Andalucía no comparte la reforma por motivos ideológicos, “porque creemos en la autonomía municipal”, y también por cuestiones de eficiencia “que tienen que ver con una gestión sostenible de las cuentas públicas y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad”.

“La eficiencia es la mejor garantía para sostener lo público, pero esta reforma parece que busca todo lo contrario”, ha afirmado, pues “una vez más se obliga a las comunidades a un esfuerzo adicional en la senda de consolidación fiscal”. La consejera ha señalado cómo el dictamen del Consejo de Estado ya alertaba que la asunción de servicios municipales por las comunidades autónomas supone un coste adicional que no todas están en condiciones de sufragar, sin afectar a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Concretamente, la consejera ha señalado que la reforma coloca una “espada de Damocles” sobre las comunidades autónomas al establecer que no será precisa autorización previa para aplicar retenciones con cargo al sistema de financiación autonómica para garantizar el pago de las competencias delegadas a los ayuntamientos. De este modo, explicaba, “una competencia que prestan los ayuntamientos, se dicta que la presten las comunidades y que, a su vez, las deleguen los ayuntamientos”, pero sin ofrecer financiación adicional y endureciendo los mecanismos para “retenernos lo que recibimos en virtud de lo que pagan los ciudadanos con sus impuestos”.

Impacto financiero

El modelo propuesto por el Gobierno central “no es ni más eficaz ni más económico”, al contrario, provocará “servicios de peor calidad y a un coste más elevado para el ciudadano”. Como consecuencia, aumentarán los problemas en la prestación de servicios básicos como recogida y tratamiento de residuos sólidos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua, acceso a los núcleos de población o pavimentación de las vías. Asimismo, generará “incertidumbre”, poniendo en riesgo las prestaciones sociales fundamentales para millones de ciudadanos, ha alertado la consejera.

Montero ha indicado que desde su departamento han comenzado a cuantificar la aplicación de la reforma, con una previsión inicial de un aumento del gasto para Andalucía de unos 600 millones de euros anuales. Asimismo, ha hecho referencia a los datos de liquidación en 2012 del Ministerio de Hacienda, que cifraba en 8.331 millones de euros el gasto de las entidades locales, de los que 2.410 millones correspondieron a educación, 802 millones a sanidad y 5.118 a servicios sociales. Extrapolando las cifras a Andalucía, el impacto para la comunidad sería de 1.500 millones de euros.

La consejera ha reivindicado una reforma de la ley de haciendas locales “coherente con el nuevo modelo de financiación autonómica” para abordar el problema de la financiación de las corporaciones locales “en su conjunto” y actualizar el régimen de bases del régimen local de manera seria, dialogada y que respete los principios constitucionales.

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