La jueza argumenta en las sentencias que “no se discute y ha quedado acreditado que la empresa Turismo Ayuntamiento de Marbella 2000 S.L. es una empresa municipal participada al 100% por el Ayuntamiento de Marbella cuya problemática situación económica no sólo es de conocimiento público, sino que ha que quedado plenamente acreditada en autos. No podía discutirse por ninguna de las partes esta notoria y pública mala situación económica, pues el demandante ha sido vocal de la Comisión Gestora nombrada tras la disolución del Ayuntamiento en el año 2006”.

En la resolución del auto se expone que “la realidad del Ayuntamiento y sus empresas participadas, corroborada por la actuación del Tribunal de Cuentas y la documental obrante en autos, consistente en las acreditadas deudas con la TGSS, la Agencia Tributaria y otras, es la de un auténtico hundimiento económico. Es claro que en esta acreditada situación se han de adoptar medidas encaminadas a aminorar las deudas existentes y la reducción de aquellos gastos del personal y otros que permitan mejorar y solucionar la situación del Ayuntamiento”.

Según la sentencia “todo ello no ha quedado contradicho por la prueba acordada como diligencia final de la cual ha resultado que es cierto que han existido nuevas contrataciones en el Ayuntamiento, mas todas ellas han sido para cubrir puestos de carácter fijo discontinuo por necesidad de servicios municipales, por programas subvencionados por la Junta de Andalucía, acumulación de tareas o sustituciones y respectos de las contrataciones de las distintas empresas municipales, la codemandada no ha realizado ninguna contratación y el resto se encuentra justificado según las distintas certificaciones obrantes en autos, sin que guarden relación ni con la actividad ni con el salario que percibía el demandante”.

Por último, la magistrada afirma que “no ha existido alegación o indicio alguno de que esta decisión empresarial obedeciera a causa torpe, fraudulenta o discriminatoria y resulta razonable la medida empresarial de extinguir los contratos de trabajo de aquellos empleados que percibían unas retribuciones excesivas respecto a otros de su misma categoría empresarial, racionalizando el gasto mediante el encargo de esas tareas a otros empleados de la empresa con retribuciones sustancialmente inferiores a las del trabajador demandante, contribuyendo con ello a ayudar a superar tal desastrosa situación económica”.

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