Para Ecologistas en Acción las afirmaciones realizadas por el Presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga el Sr Santiago Herrero de que “una protección ambiental conduciría a una ruina en vez a un desarrollo” en relación a la tramitación de la revisión del PGOU, son sencillamente ilegales.

Justifica el Sr Herrero que “no se puede jugar con los intereses económicos y empresariales de este territorio” y sin embargo, según él sí se puede jugar con la ley e ignorarla, se pueden olvidar los derechos, reconocidos en la constitución, a un medio ambiente adecuado al conjunto de la ciudadanía.

Recientemente el Parlamento Europeo ha aprobado el llamado Informe AUKEN, un informe que denuncia los excesos e ilegalidades cometidos por empresarios de la construcción que precisamente despreciaban la protección ambiental y una clase política sin escrúpulos, en todo el territorio nacional y concretamente en las zonas costeras.

Marbella ha sido el paradigma de estos excesos urbanísticos y de esta corrupción política, unas actuaciones donde la falta de respeto a la legalidad y a la legislación ambiental ha generado infinidad de problemas ambientales y sociales que ahora sufrimos.

En la cabeza de aquellos dirigentes y empresarios sólo había una máxima: “sus intereses y su bolsillo” a costa de lo que fuera; el presidente de la confederación de empresarios de Málaga con sus últimas declaraciones precisamente en Marbella, ha recuperado esa máxima. “lo único que cuenta son los intereses económicos de los empresarios de este territorio”.

Las declaraciones del señor Herrero dan voz a lo que piensa el conjunto de los empresarios de la construcción; la protección ambiental de un espacio que es de todos, es una carga, que hay que eliminar.

Marbella se enfrenta hoy a más de 18.000 viviendas ilegales, se enfrenta a un territorio que tiene mas de 16.000 viviendas vacía, cuando más de 5000 ciudadanos no pueden acceder al mercado de la vivienda, se enfrenta a 1000 licencias de obras ilegales que el equipo de Gobierno del PP no quiere revisar, se enfrenta a un exceso de oferta de viviendas y de suelo hotelero que ha desestabilizado el sector de la hosteleria y el turismo residencial, se enfrenta a unos tortuosos procesos judiciales, se enfrenta a la falta de suelo para poder atender a las necesidades más elementales de educación de salud, de esparcimiento, de justicia etc, pero los constructores en boca del señor Herrero siguen apelando públicamente a un mercado inmobiliario salvaje, sin reglas y sin respeto a las normas de protección ambiental.

Los empresarios y no sólo las decenas de imputados en el caso Malaya y otros autos, siguen sin reconocer su parte de culpa en la especulación salvaje que ha asolado este territorio, siguen sin reconocer sus responsabilidades y obligaciones en la restitución y restauración del daño causado, y por si ello fuera poco siguen interesados, y hacen alarde de ello, en repetir los mismos errores del pasado.

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