España atraviesa un proceso inédito de fragmentación social: la clase media se contrae desplazando a muchas familias hacia estratos inferiores.
Tras dos décadas de crisis encadenadas, las fases de recuperación no han cerrado la brecha y han llevado a España a contar con una de las tasas de desigualdad más altas de Europa. La integración social se erosiona y la exclusión grave permanece muy por encima de los niveles de 2007. En 2024, la exclusión severa se sitúa un 52% por encima de 2007, lo que arroja un saldo de 4,3 millones de personas.
Así se desprende del IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, realizado por un equipo de 140 investigadores procedentes de 51 universidades, centros de investigación, fundaciones y entidades del Tercer Sector. El estudio ha sido presentado este miércoles por Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, y Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA y coordinador del informe.
La fuente principal de esta investigación ha sido la sexta Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (EINSFOESSA), realizada en el primer semestre de 2024 a 12.289 hogares en todo el país y cuyos datos podrán explotarse próximamente a través de la web de la Fundación FOESSA.
Además del estudio general, se han elaborado otros 22 informes territoriales con la colaboración de otras 40 personas investigadoras, que serán presentados entre los meses de noviembre y febrero en las 17 comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta, Melilla, Ibiza y Albacete, además de la Diócesis de Barcelona.
Durante su intervención, la secretaria general de Cáritas señaló que el IX Informe FOESSA “llega en un momento histórico de profunda complejidad”. “Tras décadas de transformaciones aceleradas que han reconfigurado su estructura social, económica y territorial, el país se encuentra en una encrucijada que define no solo su presente, sino el horizonte de posibilidades para las próximas décadas. Aspiramos a que este estudio ayude a comprender esta realidad compleja, ofreciendo un análisis riguroso que permita no solo interpretar los procesos en curso, sino identificar las palancas necesarias para una transformación que sitúe la justicia social y el bien común en el centro de nuestro proyecto colectivo”, añadió.
No fallan las personas, falla el sistema
El IX Informe FOESSA señala que pese a las dificultades que afrontan a diario los hogares en exclusión severa, tres de cada cuatro activan estrategias de inclusión, es decir, buscan empleo, se forman, activan redes y ajustan gastos, pero chocan con barreras estructurales, se topan con dispositivos fragmentados, con recursos escasos y muy poco personalizados. La activación en estos hogares pasó del 68% en 2021 al 77% en 2024.
“El mito de la pasividad de las personas en situación de pobreza y exclusión, esa idea de que viven de prestaciones sociales sin buscar soluciones o emprender acciones para su inclusión, es falsa. Esta realidad demuestra que no fallan las personas, falla el sistema”, aseguró Flores.
Vivienda inaccesible y empleo precario, los grandes motores de la exclusión
Los principales motores de la exclusión social en España son la vivienda y el empleo. “La vivienda es hoy el factor que está activamente reconfigurando nuestra estructura social, expulsando a uno de cuatro hogares de una vida digna, y triturando el difícil equilibrio de las clases medias”, aseguró Flores.
Los datos son claros. El 45% de la población que vive en régimen de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, la cifra más alta de la UE. El alquiler se ha convertido en una trampa de pobreza.
Aunque el empleo mejora macroeconómicamente, ha perdido gran parte de su capacidad protectora e integradora. La precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad, afectando a casi la mitad (47,5%) de la población activa. Se trata de 11,5 millones de personas atrapadas en diversas formas de inseguridad laboral. De hecho, más de un tercio de la población excluida moderada o severa trabaja.
Bachillerato y FP, el nuevo cortafuego contra la pobreza
A estos dos grandes motores se suman otros cuatro factores multiplicadores de la exclusión: la educación, el origen familiar, la salud y las relaciones sociales. El informe demuestra que la ESO ya no protege. El «cortafuegos» contra la pobreza y la exclusión se ha desplazado al Bachillerato y a la FP. El dato es rotundo: si una persona no consigue completar estudios superiores a la ESO, su riesgo de caer en exclusión severa se multiplica por 2,7.
El segundo factor multiplicador es el origen familiar. Los hijos de personas con bajo nivel educativo tienen más del doble de probabilidades de caer en situaciones de pobreza que los de progenitores altamente formados.
“La conclusión del informe es un golpe a nuestra promesa de igualdad de oportunidades. La exclusión social se hereda, y es necesario actuar para compensar las desigualdades de origen porque el código postal y la mochila familiar pesan más que la capacidad y que el esfuerzo”, indicó el secretario técnico de la Fundación FOESSA.
La desigualdad se mide en años de vida
El informe FOESSA introduce otro factor determinante: la salud. La desigualdad también se mide en años de vida. Además del deterioro de la salud asociado a la malnutrición, el informe detecta cómo las listas de espera y la dificultad para conseguir cita están minando el acceso a la sanidad.
El dato más grave es que el 6% de las familias más vulnerables que tenían una enfermedad grave no recibió atención médica el año pasado. El doble que en el conjunto de la sociedad. La salud mental también se resiente. Los diagnósticos de depresión, ansiedad o trastorno adaptativo alcanzan al 6% de la sociedad, pero superan el 12% entre quienes viven en exclusión severa. “El informe pone sobre la mesa que cuando el sistema público se atasca, y retrasa la detección precoz de enfermedades, o no cubre completamente puntos fundamentales como la salud mental, la única alternativa es el pago, convirtiendo un derecho fundamental en un privilegio”, apostilló.
Crece el aislamiento entre personas en exclusión severa
La herida más profunda de todas es la ausencia de una red de relaciones. Aunque a nivel general, en España, la soledad absoluta (no tener a nadie a quien acudir) es minoritaria e incluso ha bajado -del 6,2% de hogares en 2007 al 4,7% en 2024-, las personas en exclusión severa sufren una fractura aterradora.
El nivel de aislamiento de las personas en exclusión severa se ha quintuplicado, pasando del 3,2% en 2018 al 16,6% en 2024. “El informe nos alerta sobre cómo nuestro ‘escudo comunitario’, se está debilitando justo donde más se necesita. Donde se tejen vínculos, la exclusión se vuelve reversible; donde se rompen, la dependencia se acelera. Reconstruir esos lazos exige reconocer lo relacional como estratégico: las políticas deben medir y fortalecer el capital social (familia, vecindad, asociaciones) con acciones preventivas y comunitarias”, indicó Flores.
La exclusión grave crece en los hogares encabezados por mujeres
El primer grupo que sufre especialmente esta fractura social son las mujeres. La exclusión sigue creciendo y penalizando a los hogares encabezados por mujeres, pasando del 17% de exclusión en 2007 al 21% en 2024, y especialmente en las familias monoparentales que han pasado del 12% en 2007 al 29% en 2024. De hecho, del total de hogares excluidos graves, casi la mitad están encabezados por mujeres (el 42%, más de 15 puntos porcentuales desde 2007).
“En general, las mujeres asumen una doble e invisible carga: la parcialidad, la precariedad laboral y la brecha salarial fuera de casa, así como el trabajo de cuidados dentro. La falta de corresponsabilidad real es un acelerador directo de la pobreza femenina”, señaló.
La situación administrativa irregular, un multiplicador de la exclusión
La exclusión no es un problema que España haya importado. El 69%, la gran mayoría, de las personas en exclusión son españolas. “Lo que vemos no es un problema inherente al origen, sino el resultado de barreras estructurales y políticas fallidas”, apostilló.
Sin embargo, los datos muestran una brecha persistente y preocupante: casi la mitad (47,4%) de la población de origen inmigrante está en exclusión, una tasa que casi triplica la de la población autóctona (15,3%).
De hecho, un multiplicador directo de esta exclusión es la situación administrativa. El 68% de las personas extracomunitarias en situación irregular sufre exclusión, frente al 43% de quienes tienen permiso. Es una evidencia que esta irregularidad está repuntando, agravada por la lentitud de los trámites que deja a miles de personas en un limbo, el 62% de quienes no tienen papeles afirma estar intentando regularizarse.
La discriminación étnica se ha duplicado desde 2018 y alimenta la exclusión, especialmente entre población africana. “Históricamente, nuestras políticas migratorias se han centrado en el control y la gestión laboral, relegando la integración social a un segundo plano. Esta falta de una política pública de integración ambiciosa y transversal desde el primer momento es una asignatura pendiente que genera y perpetúa la exclusión”, señaló.
La infancia y la juventud, los grandes perdedores
Los grandes perdedores del modelo socioeconómico actual son los jóvenes y los niños. Un tercio de toda la exclusión severa en España corresponde a menores de edad, cuya tasa de pobreza se sitúa en el 29%, la más alta de todos los grupos de edad y de las mayores de Europa. A ellos se suma buena parte de la juventud que vive una situación de bloqueo vital: 2,5 millones de jóvenes están atrapados en una precariedad estructural, enfrentando tasas de temporalidad, parcialidad involuntaria y salarios bajos que duplican la media española.
La desigualdad salarial se enquista, golpeando especialmente a la juventud, que accede a su primer empleo en peores condiciones y con salarios entre un 15% y un 30% inferiores a las generaciones anteriores, rompiendo el equilibrio intergeneracional. Este “efecto cicatriz” que persiste sobre los salarios y la trayectoria laboral, genera pérdidas salariales acumuladas significativas a lo largo de la carrera profesional.
“Esta no es una ‘crisis juvenil’, es una crisis de sociedad que nos hipoteca a todos: fractura la cohesión social, amenaza la sostenibilidad del Estado de Bienestar (pensiones, natalidad) y deteriora nuestra salud democrática”, precisó el coordinador del estudio.
Un modelo que genera desigualdad y fractura
El informe señala que todos estos problemas son síntomas de un modelo de sociedad que genera estructuralmente desigualdad, precariedad y fractura. “Llegamos a la paradoja central que define nuestro tiempo como una sociedad del desasosiego. Coexiste esa bonanza económica aparente con malestares estructurales profundos: vidas bloqueadas, soledad, angustia ecológica, desesperanza. Vivimos en una sociedad ecológicamente vulnerable, anímicamente desasosegada y socialmente desgarrada”, apuntó Flores.
Ecológicamente insostenible
El actual modelo socioeconómico vive de espaldas a los límites del planeta. La huella ecológica de España triplica la capacidad de su territorio. Esto quiere decir que si todo el mundo viviera como lo hace la población en España, necesitaríamos el equivalente a 2,5 planetas.
La crisis social (pobreza, exclusión) y la crisis ecológica (cambio climático, extinción masiva) son dos problemáticas interconectadas en las que emerge la desigualdad como un fenómeno transversal. Los hogares con mayores ingresos consumen hasta 3 veces más energía residencial y hasta 4 veces más en transporte privado que los de menores ingresos, generando emisiones igualmente desproporcionadas. El resultado es una paradoja en la que conviven «élites climáticas» con consumos sobredimensionados, con 1,8 millones de hogares en vulnerabilidad energética que no pueden mantener su vivienda en condiciones térmicas adecuadas.
“Esta crisis climática y ecológica no es un problema aparte; es una «metacrisis», una crisis sistémica y universal que atraviesa y agrava todas las demás dimensiones sociales, económicas y políticas que hemos analizado. Abordarlas por separado o con las lógicas actuales resulta contradictorio e ineficaz”, precisó.
Anímicamente desasosegada
Según el IX Informe FOESSA, la mezcla de precariedad vital, desigualdad creciente y la crisis ecológica alimenta una «sociedad del miedo». Paradójicamente, la conciencia cada vez mayor de los riesgos globales (sociales, climáticos) no se está traduciendo en acción colectiva transformadora, sino en un repliegue individualista, en un «sálvese quien pueda» que resulta ineficaz y peligroso. Este repliegue se manifiesta en una baja confianza generalizada hacia las instituciones y la propia democracia, percibida como ineficaz.
Lo más grave es que esta desconfianza y este miedo se instrumentalizan políticamente. Se construyen identidades excluyentes y «enemigos simbólicos» para desviar la atención de las causas estructurales. “A menudo, se señala a la población migrante, proyectando sobre ella miedos e inseguridades, a pesar de que los datos de este informe, como hemos repetido, demuestran que la exclusión no tiene su origen ni causa en la inmigración, aunque sí algunas de sus peores consecuencias”, advirtió el coordinador del estudio.
El auge del individualismo se refleja también en un cambio paulatino de valores: si hace décadas se priorizaba la igualdad, ahora se antepone a menudo la libertad personal a la igualdad social. Y sobre este individualismo imperante cabalga el persistente mito de la meritocracia, la idea del «hombre hecho a sí mismo», a pesar de que la evidencia demuestra que el origen familiar, la herencia y el capital social son decisivos.
Para los autores del IX Informe FOESSA este relato no es inocente, ya que legitima la desigualdad, las individualiza y oculta las barreras estructurales. “Premia el yo y desintegra el nosotros que fragua la cohesión social, lo que obstaculiza la adopción de políticas redistributivas y predistributivas más audaces que realmente compensen las desigualdades de origen”, apuntó Flores.
Socialmente desgarrada
El resultado humano de este modelo socioeconómico son vidas precarizadas y bloqueadas: jóvenes sin poder emanciparse y familias angustiadas por la vivienda y el empleo precario.
“Vivimos una sociedad fragmentada, donde el individualismo rompe la red comunitaria y nos aísla. Una sociedad herida que se manifiesta con desesperanza, especialmente en las nuevas generaciones, como angustia ecológica. Cuando la conciencia del riesgo no genera acción colectiva, sino repliegue, la esperanza se quiebra, dejando una profunda cicatriz emocional”, alertó el coordinador del estudio.
Esta sociedad insatisfecha y advertida se niega a caer en la indigencia material y moral. A pesar del ruido, la polarización y el miedo, el informe también detecta capacidad de resistencia. “Las vemos en los movimientos sociales, en las redes comunitarias que persisten, en la acción cotidiana de miles de personas. Existe una voluntad de transformar la realidad, una negativa a resignarse que necesita expandirse”, explicó Flores.
Hacia un cambio de paradigma
El informe constata que continuar con los modelos y políticas actuales, es decir, seguir haciendo lo mismo de siempre, conduce al colapso social y ecológico. A lo largo de sus más de 700 páginas, el informe reúne más de 85 propuestas concretas con capacidad para traducirse en políticas sociales, planes o programas de intervención diferenciados por ámbitos y procesos de exclusión —empleo, vivienda, garantía de ingresos, educación, salud, alimentación, familia y cuidados, lucha contra la discriminación, igualdad de género, transición energética, entre otros—.
Aunque la puesta en marcha de estas políticas resulta urgente, el informe advierte de que siguen siendo insuficientes para corregir las desigualdades estructurales y prevenir nuevas formas de exclusión, como las de carácter tecnológico o ambiental.
“Necesitamos un cambio radical de paradigma civilizatorio, un nuevo pacto social basado en valores diferentes que ponga en el centro la interdependencia, la ecodependencia y el cuidado. No somos individuos aislados y autosuficientes. Dependemos los unos de los otros y dependemos de la naturaleza”, insistió el coordinador del IX Informe FOESSA.
Esto supone también girar la mirada del mero bienestar, a menudo reducido al consumo material individual, hacia un concepto más profundo y colectivo: el «biencuidar». “Cuidarnos mutuamente y cuidar nuestro entorno, es decir, avanzar hacia “una democracia del cuidado”, apostilló.
“En definitiva, este informe nos sitúa ante una encrucijada. Podemos seguir por el camino actual, el del individualismo, la desigualdad y la insostenibilidad, que nos lleva a una sociedad del miedo. O podemos elegir un cambio de rumbo valiente, construir un nuevo imaginario social basado en el cuidado mutuo, la justicia y la responsabilidad compartida. Ese es el camino que, desde FOESSA y Cáritas, creemos posible y necesario”, concluyó Flores.
Sobre la Fundación FOESSA
La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) fue creada por Cáritas Española en 1965 con el objetivo de servir a la sociedad a través de la realización de estudios de investigación sobre la realidad social, cultural y económica de España. A lo largo de estas seis décadas se han presentado nueve macrodiagnósticos: 1966, 1970, 1975, 1980-83, 1994, 2008, 2014, 2019 y 2025.
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