Un jurado popular tiene previsto juzgar a partir de este lunes a un hombre, acusado de acabar con la vida de su expareja en la capital malagueña en julio de 2014, propinándole, presuntamente, 12 puñaladas.

La relación de pareja duro cinco años y termino en junio de 2014, teniendo una hija en común. La fiscal sostiene que los informes del Instituto de Medicina Legal apuntan a que la relación sentimental era “asimétrica”, estando ella “condicionada por las imposiciones de él”.

La acusación pública insiste en que la relación afectiva y paterna “derivó en la vulnerabilidad extrema de la mujer y de la menor, propiciadas por el abuso del acusado sobre ellas y la desestructuración de la familia, unido a la carencia de una red de apoyo”. El hombre ejercía “constantes conductas de control” y no presenta ninguna enfermedad psíquica o trastorno.

Las acusaciones señalan en sus escritos provisionales que esa victimización se evidenció en dos ocasiones. Una en octubre de 2009, cuando el acusado la insultó y amenazó de muerte, lo que dio lugar a una denuncia, que fue sobreseída al acogerse la mujer a su derecho a no declarar.

Asimismo, en una segunda ocasión, ocurrida días antes del 29 de julio de 2014, cuando fueron los hechos, el acusado, supuestamente, agredió a la mujer en presencia de la menor provocándole varias heridas.

Según las acusaciones, el día de los hechos, el hombre fue a la casa de los padres de la mujer, donde vivía ella y la hija, para reanudar la relación y “ante la negativa y ya con el inequívoco afán de acabar con su vida”, sacó un cuchillo y “de forma sorpresiva y sin posibilidad de defensa, le produjo 12 heridas”, lo que le provocó la shock hipovolémico e insuficiencia respiratoria, y la muerte.

La Fiscalía como una de las acusaciones le achacan un delito de asesinato, solicitando la fiscal 20 años de prisión y la representación de la madre, 25 años; y también delitos de maltrato y de maltrato familiar habitual, por los que piden ambas partes uno y tres años de prisión, respectivamente.

Además, se solicita la privación de la patria potestad. En cuanto a las indemnizaciones, la Fiscalía pide 200.000 euros para los padres por los daños morales y la misma cantidad para la niña.