PIDEN AL EQUIPO DE GOBIERNO DE MARBELLA, MÁLAGA MÁS RESPETO A LAS PARTES EN LOS INCIDENTES DE EJECUCCIÓN DE SENTENCIA
La sala de lo contencioso Administrativo del TSJA se ha pronunciado en varias ocasiones desestimando las peticiones del Ayuntamiento de Marbella cuando promueve el incidente de imposibilidad legal de ejecución de sentencia, por que entiende la Sala que las modificaciones del planeamiento aprobadas en el PGOU de Marbella, no son por si mismas causas de inejecución de sentencia, ni su aprobación producen una automática legalización
La existencia de un instrumento de planeamiento posterior a la sentencia, que pueda dar cobertura legal a la licencia anulada en su día por la sala, no implica su imposibilidad de ejecución, sino la posibilidad de legalización siguiendo el procedimiento legalmente establecido a tal fin, bajo el debido control judicial y en salvaguarda del interés de todas las partes en litigio.
La Sala critica al Ayuntamiento que en los procesos que esta promoviendo falta la tramitación del procedimiento de legalización de lo indebidamente construido, esto es que no consta solicitud de legalización, ni actuación municipal alguna de índole similar, tramitada conforme a lo previsto en la legislación.
El Ayuntamiento, así lo reconoce en sede judicial, no acredita que haya procedido a cumplimentar el mandato tendente a la legalización de las obras, con el inicio del procedimiento de legalización, que entre otras medidas incluya el requerimiento a la promotora a fin de que en el plazo de dos meses solicitara la licencia con proyecto que incluya la subsanación de los desajustes, para que este tenga la oportunidad de legalización mediante el correspondiente procedimiento previsto en el PGOU, o la impugnación de la misma de los que consideren que ésta lesione sus derechos.
La Sala también le recuerda al Ayuntamiento que todos los acuerdos de legalización han de ser controlados y vigilados en el propio proceso de ejecución por el órgano sentenciador.
Por otro lado, estos acuerdos de normalización llevan aparejados transferencias de aprovechamientos urbanísticos, sin embargo el equipo de gobierno del PP ha votado en contra de la moción presentada por el concejal Javier de Luis para consolidar en el Ayuntamiento el Registro de Transferencias de Aprovechamientos, previsto en el artículo 65 de la Ley de ordenación urbanística de Andalucía, alegando falta de personal.
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