Desde el pasado 3 de Mayo de 2008, está en vigor en España la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que fue aprobada por el Parlamento y publicado en el BOE el 21 de abril de 2008.

Esta Convención supone un cambio trascendental de visión sobre esta realidad humana que afecta al 10% de la población mundial, más de 600 millones de personas. Los nuevos postulados tendrán un fuerte impacto en la legislación y en las políticas sociales relacionadas con las personas con discapacidad.

La nueva concepción de la discapacidad se centra en tres ejes fundamentales: considerarla como una cuestión de desigualdad de oportunidades dentro de un entorno discriminatorio , erradicando así la visión tradicional que centraba su atención en la “enfermedad” de las personas; el cambio de estrategia en el apoyo para las personas que precisan de ayuda para tomar decisiones, de manera que reciban apoyo para tomarlas, en lugar de sustituir su voluntad por la de otras personas; y la obligación de los estados de adoptar políticas que promuevan la vida independiente la vida en comunidad, erradicando así las políticas que desplazan a los ciudadanos a residencias en las que son aisladas de la comunidad.

La Convención también obliga a los Estados y a sus administraciones públicas a que, además de cambiar leyes y políticas, difundan esta novedosa visión de la discapacidad.

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