4.000 agentes reforzaran la plantilla en Cataluña en 24 horas

El Gobierno de España cuenta con un retén de 4.000 agentes con los que podría reforzar en 24 horas el número de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña en el caso de que se precisara su participación para garantizar el mandato del Tribunal Constitucional en contra de la celebración del referéndum del 1 de octubre.

El Ministerio del Interior ha diseñado un plan para prácticamente doblar los casi 6.000 agentes de las fuerzas de seguridad del Estado que forman parte de la plantilla en Cataluña en el caso de que fuera necesario garantizar la seguridad y lo dispuesto desde la Fiscalía y los jueces. Los agentes, pertenecientes en su mayoría a la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y al Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, podrían incrementarse en otro número significativo, aunque ampliando el tiempo de demora por el desplazamiento hasta las 36 horas una vez recibida la orden.

Ante este previsión, desde el fin de semana hay en Cataluña un centenar más de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que han reforzado a la plantilla de entre 150 y 200 ‘antidisturbios’ que se encargan de forma permanente de las labores de vigilancia en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y en los puestos fronterizos.

Bajo el título ‘Ante el referéndum ilegal del 1-O’, los alcaldes socialistas exponen en el documento que han sufrido presiones, insultos y amenazas por su posicionamiento contrario a un referéndum ilegal: «Ante este clima político y social, estimulado desde diversas formaciones y entidades, ni podemos ni queremos callar, ni mucho menos escondernos».

El mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha ordenado a los agentes de la policía de la Generalitat que investiguen y actúen para evitar los preparativos del referéndum del 1 de octubre convocado por el Govern.

Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil deben actuar para evitar la celebración del referéndum suspendido por el TC. Para ello deben incautarse, si son localizadas, las 6.000 urnas de las que dispone el Govern y las papeletas para la votación y cuyo almacén el ejecutivo de Carles Puigdemont aún no ha desvelado.

 

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