La Nueva Rosaleda mira a la empresa privada mientras la UMA se da hasta febrero para decidir sobre los terrenos de Teatinos
Redacción Malagaes.com · Periódico Digital de Málaga y su Provincia · Málaga, 20 de octubre de 2026
El futuro estadio del Málaga CF da un paso más hacia un modelo de gestión privada. El alcalde, Francisco de la Torre, ha planteado sacar a concurso la construcción y explotación de la Nueva Rosaleda para que sea un operador privado quien asuma el proyecto, siempre que exista interés empresarial, algo que, a su juicio, ya se percibe incluso en las condiciones actuales.
La fórmula encaja con la hoja de ruta técnica que se presentó a finales de verano, que contemplaba dos caminos: uno tradicional, impulsado y financiado por las administraciones, y otro basado en una concesión integral al sector privado, el llamado modelo DBFO (diseño, construcción, financiación y explotación). En este segundo escenario, un consorcio se haría cargo de todo el ciclo del estadio durante un periodo prolongado a cambio de asumir buena parte del riesgo.
Un estadio para los 365 días del año
El atractivo para los inversores pasa por convertir el recinto en mucho más que un campo de fútbol. El estudio de viabilidad prevé unos 33.900 metros cuadrados de espacios para usos complementarios —restauración, gimnasio, servicios médicos, oficinas, comercio, aparcamiento e incluso un posible hotel—, además de grandes conciertos. Esos usos podrían generar un resultado bruto de explotación cercano a los 3,6 millones de euros anuales. La capacidad objetivo del estadio es de 45.000 espectadores, con la vista puesta en la candidatura de Málaga como subsede del Mundial 2030.
La Universidad pide tiempo
La pieza que falta es el suelo. La opción que se baraja sitúa el estadio en los terrenos de ampliación del campus de Teatinos, y la Universidad de Málaga quiere conocer todas las consecuencias antes de fijar una postura. Su comisión de expertos, presidida por el catedrático Enrique Navarro, ha celebrado ya su primera reunión y se ha marcado febrero como fecha para tener los dictámenes que trasladará al rectorado. A partir de ahí, según ha explicado, podría empezar la negociación.
El trabajo se organiza en cuatro ejes: movilidad, seguridad y sostenibilidad —con especial atención al tráfico, el transporte público y los planes de evacuación en días de evento—; el ámbito jurídico y patrimonial, que analizará la titularidad y valoración de los terrenos; el económico y financiero, que estudiará las fórmulas de colaboración público-privada y el impacto en las cuentas de la UMA; y la influencia del proyecto en la vida universitaria y la planificación del campus.
La comisión aspira a funcionar como un órgano abierto y participativo, en contacto con el resto de instituciones implicadas. De su dictamen dependerá en buena medida que la Nueva Rosaleda pase de los planos a la licitación.
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