El Congreso tramita la Ley de IA que obligará a etiquetar los contenidos generados por inteligencia artificial en España, mientras el Reglamento europeo ya exige identificar chatbots y deepfakes desde agosto.

Redacción Malagaes.com · Periódico Digital de Málaga y su Provincia · Málaga, 2 de septiembre de 2026

España avanza hacia su propia ley de inteligencia artificial, aunque el calendario conviene mirarlo con lupa: hay obligaciones que ya son de cumplimiento obligatorio y otras que siguen en trámite. El proyecto se presentó en el Congreso el 28 de mayo y se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 12 de junio, y el plazo para presentar enmiendas se ha ampliado hasta hoy mismo, 2 de septiembre, lo que sitúa la tramitación parlamentaria en su recta final antes de pasar a debate y votación.

Antes de que esa ley española culmine su recorrido, el etiquetado de contenidos de IA ya es obligatorio en toda la Unión Europea. El pasado 2 de agosto entró en vigor el artículo 50 del Reglamento europeo de IA, que exige que los chatbots se identifiquen como tales, que el contenido generado por IA quede marcado en formato legible por máquina y que los deepfakes se etiqueten expresamente. Incumplir estas obligaciones de transparencia puede acarrear multas de hasta 15 millones de euros o el 3% de la facturación mundial anual de la empresa, la cifra que sea mayor, y esta norma se aplica con independencia de que la ley española aún no esté aprobada.

Sobre esa base europea, el proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial añade su propio nivel de detalle. Según el borrador del código de buenas prácticas conocido hasta ahora, los textos generados por IA deberán llevar las letras “AI” en un tamaño y posición determinados; los vídeos generados íntegramente con esta tecnología tendrán que mostrar el aviso durante toda la reproducción, mientras que si solo contienen fragmentos sintéticos bastará con advertirlo al inicio; y los audios seguirán un esquema similar, con avisos al principio y a lo largo de la pieza cuando combinan partes reales y generadas.

La futura norma también tipifica una serie de prácticas prohibidas que los ciudadanos podrán denunciar: la manipulación engañosa que anula la voluntad de una persona causándole daño físico o psíquico, el aprovechamiento de la edad o la discapacidad para distorsionar su conducta, la clasificación biométrica o la evaluación de conducta para aplicar tratos desfavorables, el reconocimiento de emociones en el trabajo o en centros educativos, la extracción indiscriminada de imágenes de internet para bases de datos faciales, y el uso de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos, vetado salvo excepciones con autorización judicial.

Para las infracciones más graves de este catálogo, el régimen sancionador previsto alcanza los 35 millones de euros o el 7% de la facturación anual de la empresa infractora, un nivel superior al de las simples faltas de transparencia del reglamento europeo. Aunque estas multas no podrán aplicarse hasta que la ley española se apruebe de forma definitiva, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) ya puede apercibir a quienes incumplan la normativa, y reforzará su papel como punto de contacto único, ganando mayor independencia en un plazo de seis meses desde la aprobación de la ley.

Conviene no confundir las dos capas: España todavía no tiene una ley propia de IA en vigor, y lo que ya obliga a las empresas españolas es el Reglamento europeo, de aplicación directa. La norma nacional, cuando complete su tramitación, no sustituirá al reglamento comunitario sino que añadirá el marco sancionador propio y las autoridades de control a nivel español.

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