LA NUEVA LEY DE PUERTOS UNIFICARÁ LA ACTUAL LEGISLACIÓN PARA PROTEGER EL AMBIENTE DEL LITORAL
Esta normativa también hará frente “a las necesidades del sistema portuario andaluz, cuya oferta de atraques se prevé duplicar en 2015 desde los 12.800 actuales a 25.000”, según manifestó ayer en rueda de prensa la consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez.
El anteproyecto fija también las bases para la planificación del desarrollo portuario en los próximos años, refuerza las medidas para garantizar el dominio público, establece un nuevo régimen sancionador y modifica la estructura administrativa de gestión con la creación de la Agencia del Sistema Portuario de Andalucía, que sustituirá a la actual Empresa Pública de Puertos (EPPA).
Se trata, en palabras de la consejera, de un proyecto “amplio y ambicioso” realizado de acuerdo con los sectores a los que afecta.
El capítulo medioambiental, uno de los siete de los que consta el texto, introduce numerosas novedades.
Entre ellas destacan la aplicación del principio de vertido cero en el dominio portuario, con la prohibición explícita de los vertidos y emisiones contaminantes, la entrega obligatoria de los residuos generados por las embarcaciones y la exigencia de instalaciones para su recepción, especialmente en el caso de sustancias químicas y petroquímicas.
Asimismo, todos los puertos deberán adherirse, en un plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la ley, al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental.
Otros requisitos fijados en el anteproyecto con el fin de garantizar la protección del litoral son la necesidad de autorización de la Administración portuaria para dragados en el dominio público y la determinación de que los nuevos puertos que se construyan se ubiquen exclusivamente en aquellas zonas que presenten importantes carencias de infraestructuras portuarias en volumen o en distancia.
En este sentido, la programación de los nuevos puertos se realizará siguiendo los principios de protección del dominio público marítimo-terrestre, integración en el entorno, racionalidad territorial y ambiental, viabilidad económica y equilibrio de la oferta portuaria en la línea de costa.
En relación con el dominio público portuario, el texto prohíbe los usos hoteleros de nueva implantación (salvo autorización excepcional del Consejo de Gobierno), así como la creación de derechos de usos exclusivos sobre superficie de agua.
El acceso será libre en los puertos deportivos, sin más limitaciones que las requeridas por razones de seguridad o explotación. Por su parte, en los comerciales y pesqueros deberán señalizarse los espacios abiertos al uso general.
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