El proyecto de Real Decreto del contrato territorial tiene por objetivo regular este instrumento de carácter contractual y de aplicación voluntaria tanto para las comunidades autónomas que quieran ponerlo en práctica como para los titulares de explotaciones agrarias que opten por suscribirlo.

Su principal finalidad es la retribución al titular de la explotación por las externalidades positivas que dicha explotación genera, es decir, por todos los efectos positivos que mejoran el estado de bienes, fines o intereses públicos o generales, ya sean sociales, ambientales o económicos, siempre que resulten diferentes de los de la propia explotación.

El contrato territorial también pretende ser un instrumento adaptable a la realidad y potencialidades de cada explotación, diferenciándose de otras líneas de apoyo como las ayudas agroambientales, pero que tienen un diseño más rígido y básicamente las mismas características para todas las explotaciones.

Por tanto se trata un instrumento de apoyo al desarrollo rural sostenible innovador, voluntario, de larga proyección y gran versatilidad, que ha contado con un amplio acuerdo en la mesa.

El Director General también ha informado a los miembros de la Mesa sobre el estado de aplicación del los Planes de Zona que ya tienen preparados y consensuados con el Ministerio las comunidades de Aragón, Navarra y Asturias y ha planteado un análisis sobre los 28 planes de zona presentados por la Junta de Castilla y León.

Sobre estos planes ya se ha alcanzado un principio de acuerdo con el MARM en el seno de la Comisión bilateral de Seguimiento, pendiente de que la Junta complete o mejore determinados aspectos concretos de estos planes, y del sentido del informe de la Mesa de Asociaciones y del Consejo para el Medio Rural.

Las 28 zonas rurales de Castilla y León cuyos proyectos de planes de zona se han presentado están todas ellas calificadas como “a revitalizar”, tienen una población de unos 643.000 habitantes (25% de la población de la comunidad), pero ocupan una superficie de casi 72.560 km2 (el 77% de la Comunidad Autónoma).

La Mesa de Asociaciones es el órgano de información, interlocución y participación de las organizaciones no gubernamentales de ámbito nacional en las iniciativas de la Administración General del Estado dirigidas al medio rural.

En ella están representados, entre otros, las redes de desarrollo rural, organizaciones agrarias, sindicatos, empresas agroalimentarias, cooperativas, grupos conservacionistas, organizaciones de mujeres y personas con discapacidad.

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