La ‘Ley de Nietos’ del Gobierno de Sánchez emerge como uno de los grandes focos de tensión de cara a las próximas elecciones generales
La norma de nacionalización impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha sumado más de 2,4 millones de solicitudes y engorda el censo de españoles en el exterior, lo que ha disparado las sospechas de la oposición sobre su impacto en el reparto de escaños.
La denominada “Ley de Nietos”, una de las disposiciones contenidas en la Ley de Memoria Democrática que el Gobierno de Pedro Sánchez sacó adelante en octubre de 2022, se ha convertido en uno de los asuntos políticos más calientes en la antesala de las próximas elecciones generales. Lo que nació presentado como una medida de reparación hacia los descendientes de los exiliados del franquismo se ha transformado, según denuncia la oposición, en una vía capaz de alterar el peso del voto en el extranjero.
Qué es exactamente la Ley de Nietos
La norma permite acceder a la nacionalidad española de origen a hijos y nietos de españoles que perdieron o renunciaron a ella tras verse forzados al exilio por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación e identidad sexual. También abre la puerta a las hijas de mujeres que perdieron el pasaporte español por casarse con un extranjero antes de la Constitución de 1978, y a los hijos mayores de edad de quienes ya se acogieron a la Ley de Memoria Histórica de Zapatero en 2007.
A diferencia de aquella ley de 2007, el texto vigente eliminó las restricciones de edad y los supuestos de exclusión. El plazo inicial de dos años para presentar la solicitud quedó pequeño ante la avalancha de peticiones, por lo que el propio Ejecutivo lo prorrogó un año más, hasta octubre de 2025.
Una avalancha que ha desbordado los consulados
El volumen de solicitudes ha superado todas las previsiones. Según los últimos datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, más de 2,4 millones de personas han iniciado los trámites para obtener la nacionalidad por esta vía, con cientos de miles de expedientes ya resueltos favorablemente. Países como Argentina, Cuba, Brasil o México concentran el grueso de las peticiones, hasta el punto de colapsar las oficinas consulares, donde los retrasos se cuentan por años.
El censo de españoles residentes en el extranjero ha pasado de unos 2,3 millones de electores antes de la ley a cerca de 2,7 millones en la actualidad, un crecimiento que la oposición vincula directamente con la norma.
Por qué preocupa de cara a las generales
El nudo de la polémica está en el llamado voto CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes). Aunque la participación de los españoles en el exterior ha sido tradicionalmente baja, la reforma electoral de 2022 eliminó el “voto rogado” y ahora estos electores reciben la papeleta de oficio, lo que ha elevado su participación. El detalle decisivo es que ese voto se adscribe a una provincia concreta y se contabiliza tras el escrutinio general, actuando como factor corrector capaz de mover escaños en circunscripciones pequeñas y reñidas.
La oposición recuerda que en recientes comicios autonómicos —como los de Andalucía, Aragón, Castilla y León o Extremadura— el PSOE fue la fuerza más votada entre los residentes en el exterior, pese a perder en el cómputo interior. De ahí el temor a que el nuevo electorado, nacionalizado bajo una ley impulsada por el propio Gobierno socialista, incline la balanza en provincias clave.
El choque político
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha situado la cuestión en el centro del debate, al cuestionar la concesión de nacionalidades a personas que, en sus palabras, no han nacido en España ni necesariamente la conocen. Diversos juristas también han expresado reservas: el catedrático de Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo considera “poco democrático” que decidan unas elecciones quienes no sufren directamente las consecuencias del voto, y reclama distinguir entre conceder la nacionalidad y otorgar el derecho a votar en comicios generales y autonómicos.
El Ejecutivo, por su parte, defiende que la norma cumple una función reparadora hacia las víctimas del exilio y sostiene que ninguna de estas medidas altera de forma inmediata el censo electoral interior. La controversia, sin embargo, está lejos de cerrarse y promete ser uno de los ejes del próximo ciclo electoral, que como muy tarde se celebrará en 2027.
«Malagaes Copyright © 2003-2026 es una marca registrada. Su reproducción, imitación, utilización o inserción sin nuestra debida autorización está prohibida.»
No te pierdas ni un titular de Málaga
Recibe cada mañana las noticias más importantes de la ciudad, directas a tu correo.
Sigue a Malagaes en Google
Añadir Malagaes en Google
