En concreto, según la legislación tanto anterior y actual no cabe derecho de reversión, ya que al cumplirse la implantación de los usos previstos, a los 8 años de la vigencia de los mismos prescribe ese derecho. Los usos previstos para esos terrenos expropiados por el Estado en 1962 se cumplieron con el desarrollo de la actividad de la empresa petrolera durante 20 ó 30 años.

Además, en el PGOU del año 1997 –texto que fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos-, ya se contemplaba el uso residencial de esos terrenos, y sin embargo, en ese momento nadie alegó en contra y tampoco lo hicieron los que ahora reclaman esos terrenos.

Por otra parte, las personas que piden la paralización del convenio no han justificado hasta el momento que sean los herederos de esos terrenos expropiados por el Estado en su día. De hecho esos suelos han estado escriturados a nombre de Repsol –primero-, y a nombre de Comarex en la actualidad.

También hay que indicar que si esos terrenos han estado escriturados a nombre de la empresa petrolera fue porque en su momento cuando el Estado privatizó la empresa incluyó esos terrenos como activos de Repsol. En todo caso, fue esa empresa la que puso a la venta los terrenos, teniéndolos en propiedad, y fue la empresa Comarex la que los adquirió.

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