LA ABOGACÍA DEL ESTADO ACLARA QUE LA LEY MORDAZA NO AMPARA LAS MULTAS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA
El informe de la abogacía del estado, evacuado por la Sra. Doña Consuelo Castro Rey, aclara a las diferentes delegaciones de gobierno que el uso de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana no permite sancionar a los ciudadanos por “desobediencia” de manera genérica, por el incumplimiento del real decreto del estado de alarma.
Así las cosas, diversos despachos de letrados se están preparando para afrontar el aluvión de recursos que se prevén contra estas propuestas de sanción, cuya cuantía oscila en la mayoría de los casos entre los 600 y los 1.500 €.
En este sentido, los letrados de Málaga José I. Francés, Francisco J. Redondo, de IFS ABOGADOS y los miembros de SERGA ABOGADOS, han aunado esfuerzos en la confianza de que tal y como se establece por la propia abogada del estado, gran parte de las sanciones que se están notificando en base a dicha ley no prosperaran tras presentar los oportunos recursos.
En estos despachos se están ocupando de los primeros recursos a estos expedientes, que van desde multas de 1.500 € a un padre por desplazarse desde el Rincón de la Victoria hasta Málaga capital para recoger al hijo menor del que tiene la custodia, sanción que se interpone incluso antes de que se dieran las oportunas instrucciones al respecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, a madres que se alejaron poco más de un kilómetro paseando a sus hijos o el caso de un ciudadano que tiene su domicilio en la sierra y tuvo que desplazarse hasta el pueblo más cercano para comprar bienes, recriminándoles los agentes que, a su juicio, se había desplazado en exceso.
El denominador común de estos casos estriba en que los sancionados jamás desobedecieron a los agentes, al contrario, colaboraron con ellos en todo momento, se identificaron y siguieron sus indicaciones, por lo que la sorpresa ha sido mayúscula al observar como su expediente de denuncia se basa en “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones”.
Los abogados consultados manifiestan que se trata de una actuación incomprensible, más aún en la delicada situación económica en la que se encuentran la mayoría de sancionados, por lo que para estos casos han previsto un procedimiento sencillo online para que los afectados puedan presentar sus recursos con las mayores garantías.
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