JULIÁN MUÑOZ HA QUEDADO ABSUELTO HOY JUNTO A SIETE EX CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO MARBELLI
La sentencia, ha sido dictada por el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Málaga, y se produce justo cuatro días después de ser encarcelado Muñoz en la ‘Operación Malaya’ contra la corrupción en el consistorio marbellí, consta de 39 folios y absuelve al resto de acusados.
En la resolución, se destaca que ‘la actuación de los acusados fue contraria a las normas que regulaban el proceso en materia de urbanismo, pero que no excede del ámbito de la mera ilegalidad y queda lejos de las exigencias objetivas y subjetivas requeridas por el delito de prevaricación administrativa’.
En este sentido, el magistrado entiende que ‘no puede trasladarse al campo del derecho penal toda irregularidad administrativa porque ello nos llevaría a una exacerbación del derecho punitivo’.
El juez subraya que los Juzgados de lo Penal deben sancionar en aquellos casos en los que la actuación administrativa no sólo sea ilegal sino ‘injusta y arbitraria’.
Además destaca que ‘nos hallamos ante un ámbito relevante y socialmente sensible como es el urbanismo’ y que ello ‘encierra, nada más y nada menos, que el equilibrio de las ciudades y de los núcleos de población en general’.
Por todo ello, el magistrado recuerda que el control de la legalidad de los actos de la Administración está atribuido, en principio, a la jurisdicción contencioso-administrativa, limitándose el derecho penal a las resoluciones no sólo ilegales, sino arbitrarias y a sabiendas de la injusticia dictada.
En la sentencia se absuelve además de Muñoz a otros siete ex ediles de Marbella que pertenecieron al GIL, Rafael González, María Luisa Alcalá, Mario Jiménez, Jose Manuel Pomares, Manuel Calle Arcal, el que fuera primer teniente de alcalde Pedro Román y Juan Antonio Yagüe Reyes, hermano de la ex alcaldesa Marisol Yagüe.
En este caso, la licencia otorgada tanto por Julián Muñoz como por los otros siete ex ediles ha sido declarada ilegal y anulada por la jurisdicción contencioso-administrativa y el magistrado reitera que el derecho penal sólo debe sancionar las infracciones más graves.
En la sentencia se reconoce que la actuación de los acusados fue contraria a las normas que regulaban el proceso en materia de urbanismo, pero que el derecho penal sólo debe intervenir ‘cuando la decisión sea insoportable para la armonía del sistema jurídico y contravenga de manera flagrante, disparatada o absurda la normativa reguladora de la actividad administrativa’.
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