La orden dará más facultades a la Intervención para la fiscalización previa del acto de la transferencia y, por primera vez, se establece un cauce de coordinación entre las actuaciones que se realizan en este momento de la fiscalización previa y las que tienen lugar durante el control a posteriori de la actuación de la entidad perceptora. Además, la Intervención podrá paralizar el expediente de gasto de transferencia de financiación a un ente, en caso de que éste haya sido objeto de un informe de actuación.

En comisión parlamentaria, Montero ha defendido la utilidad de las transferencias de financiación como “mecanismo presupuestario necesario para el funcionamiento de los entes instrumentales”, y ha precisado que es un instrumento que “existe en todas las administraciones públicas”, al mismo tiempo que ha destacado que “el 83% del total de estas transferencias se destinan a entes que prestan servicios públicos de carácter básico” y el resto a actividades de interés público en Andalucía, como el desarrollo económico y la innovación y el fomento de la cultura.

La consejera ha explicado que la orden, prevista en el actual presupuesto como medida para fortalecer los mecanismos de control sobre los fondos públicos, se encuentra ya en fase de informe en el Consejo Consultivo, que es el último trámite preceptivo previo a la firma, por lo que podrá aprobarse y publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en breve.

En concreto, la titular de Hacienda ha recordado que el presupuesto para 2014 recoge en una disposición final una regulación más precisa de las transferencias de financiación, que se ha incorporado como un nuevo artículo al texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta, de forma que ha pasado a formar parte estable de la normativa presupuestaria de la comunidad. En la misma línea, habilita a la Consejería de Hacienda para que desarrolle, mediante orden, los mecanismos adicionales de control que permitan verificar la adecuada aplicación de estas transferencias.

Según ha señalado Montero, la orden elaborada por su departamento busca clarificar el proceso de la tramitación de las transferencias de financiación para asegurar que su uso se limita estrictamente a los casos para los que está concebida, al tiempo que refuerza los mecanismos de control y las facultades de la Intervención General, tanto en la fase de fiscalización previa como en la verificación posterior de su uso (fase de control financiero).

La consejera ha informado de que la futura norma se estructura en tres capítulos, uno primero de disposiciones generales en el que se concreta su ámbito de aplicación (todos los entes que integran el sector público andaluz), se concretan los tipos de transferencias de financiación existentes (de explotación y de capital), y se establece la competencia para su concesión y las entidades que podrán ser perceptoras.

En el capítulo segundo se regulan los mecanismos adicionales de control. Así, en la fase de fiscalización previa se establecen reglas generales que deberán cumplir los órganos gestores responsables de la transferencia, así como su separación en distintas fases. Junto a ello, ha explicado que se detallan los elementos que deberá comprobar la Intervención en el momento de la fiscalización, tanto en la fase de compromiso, como en la fase de reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago.

Tal como ha precisado Montero, la orden recoge también un desarrollo reglamentario específico para la fiscalización previa de las modificaciones presupuestarias que incrementen los créditos de las transferencias de financiación.

En lo referente a la fase de control financiero o control a posteriori realizado sobre el sector público, la consejera ha explicado que la Intervención realizará pruebas adicionales de revisión a las entidades sometidas a control financiero permanente, con carácter trimestral sobre ejercicio en curso. Se examinará también la información rendida por la contabilidad oficial de la Junta de Andalucía y el tratamiento contable dado por las entidades instrumentales, la correcta aplicación contable de las transferencias de capital, y un seguimiento específico de control financiero con base en los presupuestos de explotación y capital de las entidades y sus Programas de Actuación, Inversiones y Financiación (PAIF).

Por su parte, el capítulo tercero reitera la obligación de suministrar la información en aquellos modelos y periodicidad que determine la Intervención General.

Por último, la consejera ha destacado que, como novedad, se habilita a la Intervención General para acordar que determinados procedimientos de subvenciones que tengan reglamentariamente atribuidas las agencias públicas empresariales se sometan a un informe previo suspensivo.

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