Hay cifras que incomodan. Y luego hay cifras que deberían provocar una crisis política inmediata. El dato publicado esta semana —un 28,4% de pobreza infantil en España en 2025— pertenece a la segunda categoría. Significa que más de uno de cada cuatro menores en este país crece en un entorno marcado por la privación material, la inestabilidad del hogar o la exclusión social. Significa también que, en el conjunto de los veintisiete socios de la Unión Europea, España ocupa el primer puesto de este ranking que nadie quiere liderar.

Los datos proceden de Eurostat y han sido divulgados por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN-ES). La tasa ha mejorado levemente —apenas 0,8 puntos respecto al año anterior— pero sigue siendo la más alta de toda la UE, con una brecha de 8,8 puntos sobre la media comunitaria. No es una sorpresa estadística: es una constante estructural que acumula años sin solución definitiva.

Un país rico con pobres estructurales

España es la quinta economía de la eurozona. Tiene un sector turístico que bate récords, una industria agroalimentaria exportadora, y ciudades como Málaga que han sido capaces de atraer inversión tecnológica internacional. Y sin embargo, el 25,7% de su población —equivalente a casi 12,6 millones de personas— se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social bajo el indicador AROPE. Esa contradicción no es accidental: es el resultado de un modelo económico que genera riqueza distribuida de forma profundamente desigual.

En el ránking europeo de este indicador, España ocupa el quinto puesto, por detrás de Bulgaria (29%), Grecia (27,5%), Rumanía (27,4%) y Lituania (26,3%). La comparación con las economías del centro y norte de Europa resulta reveladora: la República Checa registra apenas un 11,5%, Polonia un 15%, Eslovenia un 15,5%. Países que históricamente han tenido menor renta per cápita que España presentan hoy niveles de protección social significativamente superiores.

La trampa del empleo precario

Uno de los datos más perturbadores del informe no está en las cifras de desempleo, sino en las del empleo. El 11,2% de la población española que trabaja se encuentra en situación de pobreza: la segunda tasa más alta de toda la UE, solo superada por Bulgaria. Tener un empleo no garantiza en España escapar de la pobreza. Esta realidad —que los economistas llaman “trabajadores pobres”— apunta directamente a la calidad del modelo laboral: contratos temporales, jornadas parciales no deseadas, salarios que no alcanzan el coste de vida real.

Entre quienes están desempleados, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social alcanza el 66,3%. Entre los inactivos, el 44,3%. Son cifras que reflejan la insuficiencia de la red de protección social para amortiguar las situaciones de vulnerabilidad más extremas.

Las mujeres y los jóvenes, más expuestos

El informe confirma lo que los estudios de género llevan señalando desde hace años: las mujeres presentan una tasa de riesgo superior a la de los hombres —21,9% frente a 19,8%—, especialmente aquellas más jóvenes o con menores a cargo. Es la convergencia de dos factores agravantes: la brecha salarial de género y la mayor carga del trabajo de cuidados, que recae de forma desproporcionada sobre las mujeres.

Por grupos de edad, son los jóvenes de 18 a 24 años quienes registran el mayor nivel de riesgo en el conjunto de la UE, con un 26,3%. Les siguen los menores de 18 años, con un 24,3%. La pobreza se concentra, en definitiva, en quienes tienen el futuro por delante: una paradoja que ninguna sociedad que aspire a cohesión puede permitirse ignorar.

La vivienda: la herida que no cierra

El acceso a la vivienda es el nudo gordiano de la pobreza contemporánea en España. El porcentaje de población que dedica más del 30% de sus ingresos al alquiler o hipoteca se sitúa en el 7,2%, cifra similar a la media europea. Pero en el caso de las personas que ya viven en pobreza, esa proporción se dispara hasta el 28,3%: casi tres de cada diez personas en situación vulnerable destinan más de un tercio de lo que ganan a pagar un techo. Un círculo vicioso que expulsa a los hogares más frágiles hacia la periferia o directamente hacia la exclusión habitacional.

En ciudades como Málaga, este fenómeno tiene rostro y nombre propio. El precio del alquiler ha superado los 15 euros el metro cuadrado en 2025, y los barrios históricamente obreros han visto cómo sus vecinos se desplazan progresivamente hacia municipios más alejados del centro ante la imposibilidad de hacer frente a los costes.

Las transferencias sociales: España suspende en redistribución

Quizás el dato más estructural del informe es el que mide la eficacia de las transferencias sociales para reducir la pobreza. En España, estas ayudas —pensiones de supervivencia, subsidios, prestaciones por desempleo, etc.— logran reducir la tasa de pobreza en un 23,2%. Es un porcentaje que, comparado con la media europea del 33,2%, revela un déficit redistributivo notable. Países como Bélgica (52,6%), Irlanda (51,5%), Francia (38,5%) o Alemania (34%) muestran que el Estado puede ser mucho más eficaz cuando la voluntad política y la financiación son suficientes.

Ese margen de mejora no es técnico: es político. Implica decisiones sobre fiscalidad, sobre hacia dónde se destinan los recursos públicos y sobre qué tipo de protección social se considera prioritaria.

Un momento político que no admite evasivas

El informe llega en un momento de especial relevancia institucional: el próximo 6 de mayo se presentará la primera Estrategia Europea contra la Pobreza. EAPN-ES reclama que sea un documento ambicioso, con financiación garantizada y enfocado en los colectivos más vulnerables. Es, según la organización, una oportunidad que no puede desaprovecharse con declaraciones genéricas y compromisos sin fecha.

En el contexto español, el dato del 28,4% de pobreza infantil coincide con una campaña electoral en Andalucía —la comunidad más habitada del país y una de las que históricamente presenta mayores tasas de desigualdad regional— en la que todos los candidatos invocan el bienestar social sin que ninguno haya puesto sobre la mesa un plan concreto, con partidas presupuestarias y plazos, para reducir este indicador de forma sostenida.

La pobreza infantil no es un accidente estadístico. Es el resultado acumulado de decisiones —sobre salarios, sobre vivienda, sobre educación, sobre protección social— que se toman o se evitan año tras año. Y los datos de 2025 indican que, hasta ahora, esas decisiones no han sido suficientes.

Análisis editorial de Malagaes.com elaborado a partir de datos de Eurostat publicados por EAPN-ES (mayo 2026). Las posiciones expresadas son de carácter informativo y de opinión.