El concejal de Vivienda, Francisco Pomares, ha avanzado esta mañana los principales asuntos que el equipo de gobierno propondrá para su aprobación en el Consejo Rector del Instituto Municipal de la Vivienda que se celebrará la próxima semana.

Por un lado, impulsará una partida de 750.000 euros para la adquisición de viviendas y destinarlas a familias en riesgo de exclusión social dentro del Plan FRES y a alojamientos transitorios para familias desahuciadas.

Esta nueva convocatoria del 3º Plan de Compra de Viviendas, que está prevista que se apruebe en dicha sesión, contempla la adquisición de inmuebles que deberán tener un mínimo de dos dormitorios, cocina, baño y salón, así como ser accesibles. Tanto las viviendas como las zonas comunes del edificio tendrán que estar en buen estado de conservación, habitabilidad y accesibilidad. Podrán ser de segunda mano o de nueva construcción y la antigüedad del edificio no podrá ser superior a 50 años. Además, cada una de ellas no podrá superar los 60.000 euros de coste.

Con esta nueva edición el Ayuntamiento de Málaga habrá invertido un total de 2,3 millones de euros a esta novedosa iniciativa, 500.000 euros en el año 2014, 1.080.000 euros en 2015 (750.000 euros correspondientes al segundo plan y 330.000 para las viviendas adquiridas a ADIF), y los 750.000 euros previstos en el ejercicio 2016.

Con el primer y segundo plan se adquirieron 32 viviendas, una acción que permite aumentar el parque inmobiliario municipal y destinarlo a familias con necesidades urgentes.

Para la gestión de este plan, está prevista la creación de una Mesa de Contratación específica y la apertura de una oferta pública de adquisición de vivienda a través de un concurso. Se abrirá un plazo de presentación de ofertas y posteriormente dicho órgano valorará las ofertas presentadas. Las propuestas de viviendas recibidas serán revisadas para comprobar su estado y el cumplimiento de los requisitos establecidos. Una vez que se adquieran los inmuebles, se destinarán al Plan FRES, que posibilita que familias en riesgo de exclusión social accedan a una casa. En concreto, se ofrecerán en régimen de alquiler social, con una mensualidad entre 75 y 150 euros.

También parte de estas adquisiciones se dedicarán a viviendas o Alojamientos Transitorios, que gestionará el área de Derechos Sociales y las ONGs a través de Puerta Única.

2 MILLONES DE EUROS PARA LA LICITACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ASCENSORES

El Consejo Rector también abordará el pliego de condiciones por el que las empresas constructoras y de elevadores podrán presentar sus ofertas a la licitación del contrato de servicio de obras para la instalación de ascensores. Estos ascensores se ubicarán en aquellos edificios de viviendas que hayan sido beneficiarios de la convocatoria pública de subvenciones para implantar este tipo de medidas de accesibilidad; convocatoria que puso en marcha el IMV el pasado mes de octubre y que aún se encuentra en fase de valoración de las solicitudes.

El pliego contempla una licitación por dos millones de euros IVA incluido, y la oferta más ventajosa será aquella que proponga un porcentaje más económico a la base de precios unitarios que se incluye en la oferta pública y ofrezca un mayor periodo de garantía de la obra y del mantenimiento posterior de los elevadores.

Cabe recordar que las ayudas previstas en la convocatoria en marcha se destinarán a garantizar la accesibilidad a las viviendas a las personas mayores o con movilidad reducida que vivan en comunidades de propietarios.

CONVENIO CON LA SAREB

Por otra parte, se llevará a aprobación un convenio a firmar con la Sociedad  de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A, SAREB, para destinar durante un tiempo determinado parte de las viviendas propiedad de la SAREB situadas en el municipio Málaga a afrontar la situación de emergencia social de personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social.

Málaga se convierte en la tercera ciudad de España, tras Madrid y Barcelona, en suscribir un convenio de este tipo con la SAREB.

El Ayuntamiento abonará a la SAREB por las viviendas cedidas en usufructo una contraprestación por dicha cesión, concretamente una cantidad fija mensual, por cada una de las unidades, y que ascenderá a 125 €/mes.

Se cifra en 7.500 euros el coste máximo de reparación y adecuación de estas viviendas antes de entregarlas a sus adjudicatarios, coste que será sufragado entre la SAREB y el Ayuntamiento  al 50 %.

El convenio tendrá una vigencia de 8 años, controlándose su funcionamiento a través de una Comisión de Seguimiento integrada por representantes de ambas partes firmantes.

El número de viviendas que se pondrán a disposición rondan las 11 unidades, cuya localización no se dará a conocer hasta el momento de adjudicación a sus legítimos inquilinos.

REFUERZO DE LA OFICINA DE DERECHO A LA VIVIENDA

También el Consejo Rector va a proponer la ampliación de la Oficina de Derecho a la Vivienda con la incorporación de 2 nuevos empleados: un Trabajador Social y un Licenciado en Derecho.

Ambas contrataciones se realizarán a través del Servicio Andaluz de Empleo y se formará un tribunal en el que estarán representados técnicos del IMV y del Comité de Empresa.

A través de la ODV se está garantizando el derecho a la vivienda, atendiendo, de un lado, a las personas que se han inscrito en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, y, de otro, se atiende especialmente a familias con riesgo de exclusión social. Familias con necesidad urgente de vivienda, incursas en procedimientos de desalojo, desahucio o lanzamientos, pero no solo derivados del fenómeno hipotecario, sino de cualquier otro supuesto que pudiera implicar que una familia quedara sin una vivienda en la que alojarse.

ADHESIÓN AL CONVENIO CON CGPJ  Y CONVENIO CON LA FAMP

El Ayuntamiento de Málaga se va a adherir al convenio suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, FAMP y la Junta de Andalucía sobre la cesión de datos en los procedimientos de desahucios y ejecución hipotecaria.

El principal objetivo de este acuerdo, cuyo texto se abordará también en el Consejo, es la detección rápida de supuestos de vulnerabilidad con ocasión de lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social y sobre cesión de datos en los procedimientos de desahucios y ejecución hipotecaria.

Para ello se implementarán las medidas oportunas para que, informada la autoridad judicial de los recursos disponibles y de conformidad con las leyes procesales, pueda adoptar las medidas que considere oportunas en orden a la suspensión del lanzamiento. En el convenio se recoge la creación de un procedimiento de comunicación entre la Autoridad Judicial y, en nuestro caso, el Ayuntamiento de Málaga (a través de la Oficina del Derecho a la Vivienda) para aquellos casos en que se detecte, por el órgano judicial correspondiente, un supuesto de desahucio de personas en situación de especial vulnerabilidad.

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