El Sindicato de Periodistas de Andalucía pide al Gobierno andaluz que mantenga el espíritu de participación en el proceso de alegaciones a la Ley Audiovisual

El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) considera muy positiva la apuesta decidida del gobierno de la Junta de Andalucía por la defensa de la gestión directa del servicio público audiovisual ante la amenaza de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local con especial protección de los servicios informativos, impidiendo su privatización y la externalización de su producción o gestión.

La inclusión de los indicadores de rentabilidad social en el sistema de concesión de licencias y publicidad institucional y la creación de un Registro de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual suponen importantes avances, así como el reconocimiento a las radios y televisiones comunitarias y la defensa por la accesibilidad a personas con diversidad funcional en el audiovisual andaluz, tal y como se ha defendido desde esta organización profesional.

El Sindicato de Periodistas de Andalucía considera que esta ley da un gran paso de gigante en la regulación del audiovisual en nuestro país, poniendo orden en la orgía de compraventa de licencias a través de un adecuado régimen sancionador. Sin embargo, será necesaria la dotación de recursos económicos y humanos a la Dirección General de Comunicación Social para la ardua e ingente tarea que le espera sin dejar caer en saco roto las expectativas generadas con este anteproyecto de ley.

De la misma forma, aplaudimos la consideración de la participación de la sociedad civil en el audiovisual, que en la presente ley se plasma a través de un Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía. Sin embargo, consideramos que la creación de otro organismo no garantiza la toma de decisiones por parte de la ciudadanía en el audiovisual andaluz. Así, reivindicamos que las concesiones de licencias pasen a manos del Consejo Audiovisual y que éste modifique su reglamento para dar entrada a la sociedad civil, como ocurre con el Consejo de Televisión alemán Fernsehrat.

El SPA echa en falta medidas de impulso concretas para la protección de los profesionales de la información y la comunicación como las aportadas por este sindicato en la MOISA, así como para la creación de empleo estable y de calidad.

Este sindicato acoge de forma positiva la búsqueda del equilibrio entre sectores y las medidas en contra de la concentración de la propiedad de medios pero considera discriminatorio y contradictorio que la Administración solo favorezca la existencia de medios comunitarios en áreas donde no exista interés comercial, como aparece en el anteproyecto de ley, ya que pone por encima del derecho a la comunicación de la ciudadanía el ánimo de lucro de las empresas, lo cual va en contra de los principios inspiradores de la propia norma.

El SPA quiere subrayar el impulso de esta Ley al Derecho de Acceso, que como novedad obliga a los medios comunitarios, y apunta a la necesidad de dotarlos de recursos económicos y humanos para hacer posible el cumplimiento de dicha norma. De la misma forma, el SPA quiere señalar la limitación en las formas de ejercicio de este derecho que señala la ley, cuando debería desarrollarse en su máxima amplitud, no solo dando espacio en la programación sino permitiendo el acceso a los servicios informativos y a los medios de producción públicos para la realización de contenidos.

Por último el SPA se muestra preocupado por la falta de consideración que las normas deontológicas tienen en su articulado, que deberían tener un papel central en la producción de cualquier tipo de contenido como elevamos en nuestra propuesta, en especial en lo que respecta a dotar de mecanismos de rendición de cuentas a través de la co-regulación de la actividad de los medios.
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