El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Pascual Pozo, han firmado un convenio para volver a poner en marcha el servicio de orientación jurídica penitenciaria en Andalucía, del que se podrá beneficiar la población reclusa de las 13 cárceles de esta comunidad.

En el convenio participa también el Ministerio del Interior, administración competente en materia penitenciaria y que se sumará próximamente a su firma para la inminente puesta en marcha de un servicio que había sido suspendido en 2012 por la falta de renovación del citado convenio.

En virtud de este acuerdo, la población reclusa en Andalucía recibirá asistencia sobre cuestiones propias del ordenamiento jurídico penitenciario, permisos, traslados de centros, reclamaciones administrativas, procesos judiciales o asesoramiento sobre los requisitos de acceso a la justicia gratuita.

De Llera, que ha mostrado su “satisfacción” por la reanudación de este servicio, ha destacado que la orientación jurídica será realizada por abogados especialistas en materia penitenciaria y en dependencias de las prisiones en horas y días fijados por la dirección de cada centro. “Todo esto va a redundar, además, en beneficio del buen gobierno de los centros penitenciarios andaluces”, ha precisado el consejero.

Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha resaltado que se trata de un “convenio importante para la abogacía y para la población penitenciaria”, fruto de una “gran colaboración” con la Consejería de Justicia e Interior para conseguir reanudar el servicio.

Mayor control del gasto

El convenio tiene una vigencia de tres años prorrogables, financiado al completo por la Consejería de Justicia e Interior, con una dotación inicial de 140.000 euros anuales que será abonada en periodos trimestrales al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, previa justificación de los servicios efectuados.

Según ha explicado el consejero, este convenio establece un mayor control del gasto que hacen los colegios de abogados de los fondos públicos destinados a este servicio, la elaboración de un plan de calidad y la regulación de la participación de Instituciones Penitenciarias, del Ministerio del Interior, en la certificación de las asistencias o el control de los horarios y días de prestación.

“La Junta siempre ha considerado imprescindible para reanudar esta actividad jurídica en las prisiones la firma de un convenio tripartito con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, como máximo representantes de los letrados, y el Ministerio del Interior, como competente en materia penitenciaria, para conferir la garantía y seguridad legal necesarias, como venía realizándose en los últimos años”, ha señalado De Llera.

No obstante, el consejero ha reiterado que el convenio no considera las asistencias de este servicio como guardias, ya que éstas forman parte de la prestación de asistencia jurídica gratuita que ya se encuentra garantizada por la Junta a la ciudadanía que cumpla los requisitos necesarios para ser beneficiaria.