En primer lugar los socialistas han manifestado su intención de votar a favor del documento, una vez que se llevo a pleno, para favorecer el desarrollo de la ciudad, pero introduciendo una enmienda al documento que solicita la suspensión de aquellas modificaciones que han generado alarma vecinal, como son las relativas a las promociones Jardines de la Costa, Jardines del Príncipe, Plaza de Toros y Conservatorio municipal, entre otras.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Susana Radío, ha mostrado el “rechazo más absoluto a los cambios que lamentablemente ha introducido el PP ya que favorecen los intereses de los promotores y perjudican los intereses de los ciudadanos”. Por esta razón el GMS votará a favor del Plan, “evaluando los beneficios que supone en su conjunto”, pero presentará una enmienda reclamando que se suspendan los cambios que contemplan la sustitución de uso público por comercial, residencial y hotelero. Además el GMS presentará alegaciones en la nueva fase de exposición pública del documento para defender los intereses de los ciudadanos.

El concejal Javier de Luis ha explicado que hay cambios en el Plan que son positivos ya que responden a las alegaciones de los vecinos y a los informes sectoriales, como la protección del alcornocal de La Mina; pero los introducidos por el Partido Popular “no solucionan los problemas de los vecinos, sino que crispan y enfadan”. Añade el edil que “la alcaldesa sólo se reúne con los promotores para negociar la legalización de sus promociones, pero niega ese derecho a los vecinos afectados que han denunciando esas promociones desde antes de que se construyeran”.

Por otra parte la portavoz socialista ha calificado de “ejercicio de demagogia” que la alcaldesa asegure que los terceros de buena fe quedan eximidos de las cargas urbanísticas. Aclara Radío que “no queda cubierta la situación de estos compradores y que el Ayuntamiento debe hacer un mayor esfuerzo por salvaguardar sus intereses”. En esta misma línea se ha manifestado De Luis quien considera que la alcaldesa ha hecho “una simple declaración de intenciones vacía, sin base legal”. Cómo única solución para vincular las cargas urbanísticas al promotor, el concejal indica que el Ayuntamiento debe proceder a la revisión de licencias. De esta forma el promotor está atado a regularizar sus viviendas y a compensar con las cargas que se establecen.

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