La entrega de este documento para su aprobación provisional por el Pleno del Ayuntamiento de Marbella, con las modificaciones surgidas de las alegaciones y con los cambios que ha introducido el equipo de gobierno, supone también la confirmación de que la alcaldesa no ha dado ningún tipo de participación al conjunto de los vecinos del municipio en la elaboración y gestión de estos cambios. Repitiendo de esta forma su actitud prepotente de evitar la participación ciudadana y de los partidos de la oposición, como ya ha ocurrido con los presupuestos de 2009.

A pesar de que el artículo 6 de la LOUA garantiza el derecho de los ciudadanos a participar en los procesos de elaboración, tramitación y aprobación de los planes generales de ordenación urbanística, el PP ha hurtado este derecho a los ciudadanos desde que tomó el poder. Ángeles Muñoz repite los errores de los 15 años de Gilismo no fomentado, ni asegurado esta participación, y convirtiendo el urbanismo en un coto cerrado del poder al que los ciudadanos no tienen acceso.

La negativa a convocar la Mesa de Urbanismo, la no participación de los vecinos en la elaboración de los presupuestos, el bloqueo del reglamento de participación ciudadana y de sus consejos de participación, son la confirmación mas evidente.

Los socialistas consideramos que la alcaldesa está obligada a que, inmediatamente después de la entrega del documento modificado de la aprobación inicial de la revisión del PGOU, fomente su difusión y garantice la participación de los ciudadanos. Esperamos que no se apropie del documento para posteriormente, informar de forma sesgada y partidista a los medios de comunicación.

La alcaldesa hace una utilización partidista de los asuntos capitales que afectan al conjunto de la ciudadanía, como por ejemplo los presupuestos, que son presentados antes en rueda de prensa que a los partidos de la oposición, a los que se les informa así incluso de las respuestas a las alegaciones que presentan.

Con estos gestos autoritarios la alcaldesa confirma que no busca ni el consenso, ni una gestión más democrática de su cargo, sino más bien la constante rentabilidad política del mismo.

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