El concejal socialista Rafael Granados destaca la importancia de tener un marco regulador de esta actividad, que en muchos de los casos “atenta no sólo contra la persona que la ejerce sino a los que conviven en su entorno, como en la Alameda de Colón, Puerta de Málaga y los distintos polígonos industriales, entre otros lugares”.



Granados asegura que hasta que no se cree la ordenanza “no se conocerá de forma detallada los recursos necesarios para hacer frente de forma acertada a los problemas derivados del ejercicio de esta actividad”.



En este sentido, denuncia el retraso en la elaboración de la normativa por parte del equipo de gobierno del PP, que lleva en redacción desde abril de 2008, a la vez que acusa al regidor malagueño, Francisco de la Torre, de “dejar pasar el tiempo sin establecer los mecanismos necesarios para afrontar una problemática que afecta a tantos ciudadanos”.



Además, resalta que “otras ciudades españolas ya cuentan con ordenanzas cuyos resultados han sido óptimos después de su entrada en vigor, por lo que insta a la colaboración institucional con el resto de administraciones”.



En este punto, el edil socialista recuerda que el Gobierno central aprobó el pasado 12 de diciembre el Plan Integral de Lucha Contra la Trata de seres humanos con fines de explotación sexual.



“El Plan de Trata incluye medidas que suponen nuevos derechos garantizados a las víctimas de trata, y pone en marcha nuevos protocolos e instrumentos de control y coordinación”, explica.



Además, señala que desde el Ejecutivo central “se llevarán a cabo estudios para conocer con más detalle la dimensión del problema e iniciar los trabajos de formación con los profesionales”.



Por último, indica que este plan “está destinado a proteger a las víctimas de la trata, a luchar contra las redes mafiosas y a intentar alcanzar una mayor sensibilización social sobre el problema”.



“Por lo que ahora llega el turno de las corporaciones locales de poner su granito de arena para lograr la regulación de esta actividad en la que la mayoría de las personas que la ejercen lo hacen en contra de su voluntad”, concluye.

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