Del mismo modo, el edifico carece de licencia de obra, las frecuencias del servicio no son las adecuadas y la empresa “ejerce presión sobre los trabajadores” cuando estos reclaman que los vehículos se revisen o se limpien, entre otras cuestiones.

Martín señaló que en estos momentos hay tres trabajadores de baja, uno de ellos suspendido de empleo y sueldo durante un mes, “sin una justificación que establezca que este hecho es objetivo”.

El edil calificó la renovación de la concesión como “ilegal y completamente leonina para el propio Ayuntamiento”, y recordó que en el año 2005 en el contrato para la renovación se reconocía una deuda de dos millones de euros en favor de Portillo.

En base a esto, se le concedieron a la empresa unos terrenos de 7.000 metros cuadrados para la construcción de unos talleres “que todavía no han arrancado”, otra parcela de 3.000 metros, así como un edificio valorado en 500.000 euros.

Antonio Martín acusó a la alcaldesa de haber incumplido la promesa electoral de mejorar el servicio o en caso contrario, recuperar la concesión. “El equipo de Gobierno del PP hace oídos sordos a lo que le pedimos”, señaló.

En este sentido, puso de manifiesto que el Grupo Municipal Socialista ya presentó una moción a pleno en septiembre del pasado año en la que se solicitaba la anulación de la concesión; y manifestó que puede llevar a cabo dicha anulación ya que existe un informe del interventor del 15 de julio de 2005 en el que se pone en entredicho que sea legal.

También recordó que dos altos directivos de Portillo están imputados en el caso Malaya, porque la concesión se hizo de manera “irregular”, ya que el entonces concejal de Transportes del GIL exigió una cantidad de dinero a cambio de que la empresa accediera directamente.

A juicio de Antonio Martín, la alcaldesa ha pasado de la crítica a Portillo a ser “su protectora y colaboradora” y señaló que Ángeles Muñoz se dedica últimamente a “hacerse fotos en autobuses tuneados en los que aparecen los colores que el PP usa en su propaganda”.

También abordó la situación de la estación de autobuses de San Pedro, que debido a las obras de soterramiento ha tenido que trasladarse a la calle Salamanca, en una intersección de la variante sur, en la que “prácticamente no cabe un autobús, no tiene luz, ni teléfono, ni servicios”. “La imagen que estamos dando no es la imagen de la Copa Davis”, concluyó Martín.

Por su parte, el edil Javier de Luis puso de manifiesto que además de que el edificio no tiene licencia de obra, el terreno estaba contemplado como equipamiento socio-cultural, aunque con la revisión del PGOU en el año 2008 “la alcaldesa recogió un uso privativo del suelo”, que corresponde al hotel.

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