El PSOE tiene en su poder varios decretos de Alcaldía y Juntas de Gobierno Local en los que se hace referencia al pago de al menos 2.394 euros por mes, en concepto de alquiler de la Sala Marbella, a nombre de Alicia Jiménez y de Hermanos Jiménez Gómez, Comunidad de Propietarios. El contrato de alquiler firmado entre el Ayuntamiento y los hermanos Jiménez, que vence en diciembre de este año, recoge que se pagaría una cantidad mensual de 250.000 pesetas mensuales.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Susana Radío, recuerda que, la Ley de Contratos del Sector Público prohíbe a las administraciones locales la posibilidad de contratar con aquellas sociedades en las que participe un concejal por cuantía superior al 10%. Radío insiste en que no es el primer caso. El PSOE ya denunció la misma situación de incompatibilidad en el caso de los también ediles Antonio Maíz, con el conservatorio municipal, y Antonio Espada, con la empresa Materiales de Construcción La Juanita.

“Aunque los hechos están más que probados, en este caso, el PP no puede negar, tal y como hizo con Maíz, que la edil no está percibiendo estas cantidades, porque sí lo está haciendo”, aclara la portavoz. La respuesta de la concejala de que no esta al tanto de asunto y de que es su hermano el que lo gestiona, confirman que esta percibiendo estas cantidades y que la cuenta bancaria de la edil debe ser bastante holgada para no percatarse de los ingresos que percibe mensualmente del Ayuntamiento.

Para Radío, “el PP, con Ángeles Muñoz a la cabeza, están demostrando día a día que sólo gobiernan en busca del beneficio propio; manteniendo el alquiler de propiedades de una edil; contratando suministro de material con una empresa de uno de sus ediles; echando a la calle a más de 500 alumnos del Conservatorio y modificando la calificación del suelo tanto de la nave de La Juanita, como del inmueble del Conservatorio, para ambos concejales obtengan beneficios urbanísticos”.

“Para el PP resulta muy rentable gobernar el Ayuntamiento de Marbella ya que, lejos de defender los intereses generales de los ciudadanos, se hacen prevalecer los privilegios de los miembros del equipo de gobierno”, concluye la portavoz.

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