El GMS ha solicitado un informe al secretario municipal sobre la compatibilidad de la situación del Concejal Antonio Espada en la empresa La Juanita y las contrataciones de suministros al Ayuntamiento. La portavoz ha aclarado que la Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor en mayo de este año, recoge que es incompatible la condición de concejal con la de accionista del 50% de una empresa contratada.

Radío afirma que la alcaldesa mintió ayer al asegurar que Espada renunció a todos los cargos al acceder al equipo de gobierno, “pues sigue siendo apoderado y propietario de la empresa”.

A esta situación se suma el hecho de que el acta de la Junta de Gobierno Local del 3 de junio de 2008 en la que se produce la adjudicación es la única que no aparece colgada en la página web del Ayuntamiento. Tampoco se dio difusión en la rueda de prensa posterior a dicha Junta, pese a que es una práctica habitual dar detalles de los más mínimos contratos.

Susana Radío ha advertido que no es el único caso de incompatibilidad que se ha planteado en el equipo de gobierno. Recuerda que el concejal de Sanidad, Antonio Maiz percibe 6.000 euros al mes por el alquiler del inmueble en el que se ubica el Conservatorio Municipal de Música y Danza a través de una empresa familiar. Y que el Ayuntamiento efectuó una inversión millonaria en la adecuación del edificio. Por todo ello desde el GMS también se ha solicitado informes al secretario municipal sobre la incompatibilidad de este edil, sobre los términos económicos en los que se firmó el acuerdo de alquiler y sobre las condiciones ante una posible rescisión del contrato.

Por su parte el concejal Javier de Luis ha puesto en duda la situación urbanística de la parcela donde se ubica la empresa La Juanita. El edil recuerda que la aprobación provisional del PGOU contempla para dicha parcela un equipamiento público. Además sobre la nave industrial pesa una orden de demolición que fue suspendida temporalmente a petición de la Comisión Gestora. “Esas obras por lo tanto no son normalizables en el nuevo PGOU, pero dudamos de lo qué va a hacer el PP con ellas, una vez que se han resuelto el 85% de las alegaciones”.

El GMS va a solicitar la revisión de esta licencia para reclamar su normalización, ya que se ajusta a los requisitos del acuerdo firmado por la alcaldesa y la Junta de Andalucía de que sean edificaciones o construcciones no habitadas. “En este caso se trata de una nave de uso comercial, que no está habitada”, matiza De Luis. También se solicitará la revisión de una licencia concedida a Antonio Espada para su residencia habitual por no ajustarse a planeamiento y por exceso de edificabilidad.

Para concluir Susana Radío ha reclamado a la alcaldesa que “no confunda los intereses particulares de sus concejales con los intereses del municipio y que si el informe del secretario sobre la incompatibilidad de estos ediles es afirmativo, que se produzca el cese inmediato y la exigencia de responsabilidades”.

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