En un auto dictado este lunes, el magistrado concluye que las pesquisas efectuadas hasta el momento “no han permitido concretar en qué medida resulta ofendido o perjudicado de infracción penal alguna” el vicepresidente segundo del Gobierno y denuncia que a lo largo del procedimiento se han descubierto “contradicciones” incompatibles con su supuesta posición de damnificado.

La petición, que han confirmado a Europa Press en fuentes fiscales, se produce unos días después de la declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la exdirigente de Podemos Dina Bousselham, que da nombre a la pieza número 10 de ‘Tándem’ en la que se investiga el destino del contenido del móvil que le fue sustraído que pasó por manos del comisario jubilado ahora en prisión.

Según dijo Bousselham al juez, Iglesias le devolvió la tarjeta de su móvil después de que el contenido de la misma fuera publicado, esto es, en el verano de 2016, a pesar de que el propio secretario general de Podemos declaró ante el magistrado que el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, se la había entregado en enero de ese año. Esta versión fue corroborada por el propio Asensio.

Las actuaciones sobre este asunto se iniciaron tras el hallazgo entre el ingente material intervenido a Villarejo tras su detención de un clonado del móvil de Bousselham, quien a finales de 2015 había denunciado la sustracción.

El terminal contenía información personal tanto de ella como de Iglesias y su entorno, así como información sobre el partido, parte de la cual acabó publicado en prensa aquel mismo año.

Ante este hallazgo, tanto la exasesora de Podemos como el propio Iglesias, en su caso como testigo, acudieron a declarar a la Audiencia Nacional hace algo más de un año. Iglesias contó al juez que tenía conocimiento de que el material había pasado por la redacción de Interviú, si bien no llegó a publicarse, extremo que confirmó Asensio. Los dos afirmaron que en aquel momento la tarjeta estaba en perfectas condiciones y era legible.

El pasado lunes, Boulsselham amplió su declaración inicial al afirmar que cuando el líder de Podemos le devolvió la tarjeta meses después de recuperarla, ésta era ilegible y por ello acudió a una empresa especializada, si bien le comunicaron que no podían recuperar el contenido. El instructor le ha requerido los correos electrónicos cruzados con la empresa para comprobarlo.

Durante dicha declaración, tanto el instructor como los fiscales intervinieron en numerosas ocasiones para advertir de las contradicciones que apreciaban en las manifestaciones de la testigo.

Le preguntaron por ejemplo por qué cuando amplió la denuncia por el robo del teléfono no mencionó si ya había recuperado el contenido, y por qué tampoco lo comentó cuando fue citada por Asuntos Internos de la Policía Nacional en diciembre de 2018. Unos días después, Anticorrupción solicita que se prive a Iglesias de su condición de perjudicado, lo que según fuentes de este departamento no quiere decir que haya intención de imputarle ninguna conducta delictiva relacionada con los hechos.