El Gobierno culmina este lunes la asunción del control del Govern catalán en el primer día laborable después de la aplicación del artículo 155 y de la destitución de Carles Puigdemont y de sus consellers con el convencimiento de que los funcionarios autonómicos serán leales y de que estarán “al lado de la ley”.

Algunos cargos del Govern cesado, como Josep Rull, exconseller de Territorio, han anunciado que acudirán este lunes a sus despachos como “ministros” de la nueva “república catalana”. Se desconoce si a él se unirán el que fuera vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, o el president cesado, Carles Puigdemont.

En una carta publicada el domingo en el diario El Punt Avui, Junqueras afirmaba que Puigdemont “seguirá siendo” el presidente de la Generalitat y Carme Forcadell, la presidenta del Parlament. “No tenemos ninguna otra opción que seguir hacia adelante, que acumular fuerzas (…), de saber encajar los golpes para volvernos a levantar, sin renunciar nunca a las urnas para validar la república, y preparando a la vez unos futuros comicios municipales que deben ser claves en el asentamiento de esta república”, añadía.

Puigdemont ha guardado silencio en las últimas horas y se ha limitado a colgar una fotografía en Instagram de un grupo de “castellers” con la frase “la fuerza del pueblo” y la etiqueta “#CatalanRepublic”.

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado tiene previsto poner en marcha este lunes la maquinaria legal contra los responsables de la declaración de independencia aprobada por el Parlamento catalán, incluido el expresidente de la Generalitat. En principio, la intención del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, es actuar contra los miembros del Govern y contra los integrantes de la Mesa que el pasado viernes 27 permitieron que se tramitara la declaración de independencia pero se rumorea que no pida cárcel para los implicados.

La Fiscalía había mostrado su voluntad de que la querella afectase a “todos” los que participaran de los hechos presuntamente delictivos, pero la votación secreta y en urna hace imposible identificar a los parlamentarios que votaron “sí” a la independencia.