El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado una partida extraordinaria de 25 millones de euros para atender a los menores extranjeros no acompañados que permanecen en Ceuta tras la reciente crisis migratoria en la frontera del Tarajal.

La medida, presentada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, eleva a 30,5 millones el gasto extraordinario destinado a la ciudad autónoma y ha reabierto el pulso político con el PP y Vox, además de generar una intensa reacción de rechazo en redes sociales.

Una partida que se suma a los 5,5 millones ya aprobados

Según ha explicado Saiz, los 25 millones anunciados este martes se añaden a los 5,5 millones ya aprobados el pasado mes de julio en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. El dinero se canalizará desde el Ministerio de Hacienda hacia el Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, que será el encargado de transferir los fondos a Ceuta para sufragar la atención de los menores. La ministra defendió la medida como una muestra del compromiso del Gobierno con la ciudad autónoma y con los colectivos más vulnerables.

Centros de acogida desbordados

La decisión llega en un momento crítico para Ceuta, cuya red de acogida se encuentra completamente saturada. La capacidad ordinaria del sistema de protección de menores en la ciudad autónoma es de apenas 29 plazas, mientras que el propio Gobierno ceutí calcula que la cifra de menores no acompañados podría superar el millar, lo que se traduce, según cifras difundidas por Euronews, en una sobreocupación de en torno al 2.872% de la capacidad logística disponible. Varios menores continúan durmiendo a la intemperie sin haber sido registrados por los servicios sociales, en un contexto marcado por la llegada irregular de más de 70.000 personas a la frontera en las últimas semanas, la mayoría ya retornadas a Marruecos.

El PP y Vox rechazan el reparto

El anuncio ha reavivado el conflicto entre el Gobierno central y las comunidades autónomas gobernadas por el PP, varias de ellas en coalición con Vox —Aragón, Castilla y León, Andalucía y Extremadura—, que se niegan a asumir el reparto solidario de menores. Desde estos territorios se sostiene que la situación responde a una crisis de seguridad nacional cuya gestión y coste deben recaer íntegramente en el Ejecutivo de Sánchez, mientras el Partido Popular evita comprometerse públicamente a acoger a los menores en las regiones donde gobierna. En el tablero político también pesa Junts, cuyos siete escaños resultan clave para la mayoría parlamentaria del Gobierno, en un momento de creciente presión del independentismo catalán más duro.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha reclamado una estrategia europea de control fronterizo y más recursos estructurales, ante lo que considera una respuesta insuficiente frente a la magnitud de la crisis. Una próxima visita de la ministra Sira Rego a la ciudad autónoma se perfila como determinante para desbloquear el reparto de menores entre comunidades.

La polémica se traslada a las redes sociales

El anuncio de los 25 millones ha generado una fuerte reacción de indignación en redes sociales, donde numerosos usuarios han cuestionado las prioridades del Gobierno. Entre los argumentos más repetidos figura la comparación con la situación de los afectados por la erupción volcánica de La Palma en 2021, de quienes se denuncia que varios años después continúan viviendo en viviendas temporales o de emergencia sin haber recibido una solución definitiva. También ha circulado el dato de que entre el 28% y el 33% de los menores en España se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social —la tasa más alta de la Unión Europea, unos 2,6 millones de niños—, una cifra que numerosos internautas han contrapuesto a la nueva partida destinada a los menores extranjeros no acompañados.

La oposición, por su parte, reprocha al Ejecutivo una reacción tardía ante la crisis migratoria y sostiene que la falta de control fronterizo previo es la que ha obligado ahora a movilizar decenas de millones de euros para gestionar sus consecuencias.

Qué puede pasar ahora

Con los centros de acogida al límite y el reparto de menores todavía bloqueado, el pulso entre el Gobierno central y las comunidades del PP se perfila como el siguiente gran frente de esta crisis. La visita anunciada de Sira Rego a Ceuta y la evolución de la presión migratoria en la frontera marcarán las próximas semanas, en un contexto en el que el debate sobre el coste económico de la gestión migratoria ha pasado a ocupar un lugar central en la agenda política nacional.