Con este traspaso, aprobado tras el acuerdo alcanzado por la Comisión Mixta Paritaria Gobierno-Junta de Andalucía en Sevilla el pasado 20 de septiembre en Sevilla, la Comunidad Autónoma asume, entre otras funciones, la concesión, gestión y protección de los recursos hídricos, asignados y reservados por la planificación hidrológica; el registro de aguas; el otorgamiento de autorizaciones de vertido y de uso o aprovechamiento del dominio público hidráulico; la participación en la planificación hidrológica y la explotación, conservación y régimen de desembalses de los aprovechamientos hidráulicos.

El Estado se reserva la normativa básica; la fijación del ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir; la elaboración, aprobación, seguimiento y revisión del Plan Hidrológico de Demarcación del Guadalquivir; la programación, aprobación y ejecución de obras hidráulicas que sean de interés general del Estado o cuya realización afecte a otra Comunidad Autónoma; el registro de zonas protegidas y otras funciones en concurrencia con la Comunidad Autónoma.

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