El Gobierno andaluz tramita en lo que va de año 46 autorizaciones ambientales a proyectos y actividades económicas

Respecto a las actividades que precisan de la Autorización Ambiental Unificada, el 32% se relaciona con la explotación a cielo abierto de yacimientos minerales; el 25%, con las instalaciones para la fabricación y elaboración de aceite, y el resto con las instalaciones de fabricación de aglomerados asfálticos, carreteras, residuos, complejos deportivos y campamentos permanentes en suelo no urbanizable, instalaciones industriales de productos petroquímicos y químicos y vertederos de residuos. Por provincias destaca Almería, con 12 proyectos, seguida de Córdoba (10), Sevilla (7) y Cádiz (2).

La concesión de esta autorización tiene, entre otros objetivos, garantizar el cumplimiento de los límites de contaminación fijados en la normativa, evitar y reducir en origen la producción de residuos y las emisiones y vertidos, y evaluar las repercusiones de las actividades autorizadas sobre la fauna y flora silvestre y sus hábitats naturales.

La AAU, prevista en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, se caracteriza por simplificar en un permiso único los distintos procedimientos administrativos de prevención y control ambiental que actualmente se exigen para determinados proyectos y actividades económicas. La AAU fija unos plazos máximos de resolución de ocho meses para el procedimiento normal y de seis para el abreviado.

Autorizaciones Ambientales Integradas

En relación con las Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI), la Consejería de Medio Ambiente ha tramitado, durante este mismo periodo, 15 expedientes, de los cuales siete corresponden a la provincia de Cádiz, cinco a Huelva, dos a Sevilla y uno a Córdoba. La mayoría de éstos, el 60%, se refiere a modificaciones no sustanciales del documento inicial, el 27% a la transmisión de titularidad, el 7% a renovaciones y el 7% restante a nuevas autorizaciones.

La Autorización Ambiental Integrada, cuyo objetivo final es la protección del entorno ambiental en su conjunto, supone para las empresas una simplificación de los trámites administrativos, al integrar en una misma autorización -ventanilla única- los permisos de carácter medioambiental. Para la concesión de esta autorización se tienen en cuenta todas las mejoras técnicas que realizan las empresas en sus instalaciones para evitar o minimizar las emisiones. De esta manera, las industrias que presentan algún tipo de deficiencia deben aplicar medidas correctoras para subsanarlas y poder obtener así la autorización.

Este permiso, previsto en la Directiva europea de prevención y control de la contaminación (IPPC), lo conceden las comunidades autónomas a las empresas implicadas por esta norma comunitaria, una vez realizada la evaluación de sus instalaciones y de las emisiones que realizan a la atmósfera, al suelo o al agua. Las industrias que requieren esta autorización son del sector energético, minero, químico y petroquímico, textil, agroalimentario o transformación y producción de metales, entre otras. Se incluyen también las explotaciones ganaderas, los vertidos de aguas residuales urbanas de competencia municipal y las instalaciones de tratamiento y gestión de residuos.

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