El Consejo de Gobierno ha aprobado una Declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre, en la que manifiesta, según ha expresado portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel Vázquez, su “absoluto rechazo contra la violencia ejercida contra las mujeres y hacia la vulneración de los derechos humanos que representa cualquier agresión o maltrato”.

[su_audio url=”http://www.malagaes.com/wp-content/uploads/2016/11/2016_11_22_PG_DEC_INST_VIOLENCIA_GENERO.mp3″]

El documento, ha continuado Vázquez, también “quiere hacer llegar su solidaridad y apoyo a las familias de las víctimas, especialmente a las hijas e hijos, y su más firme condena a aquellos que, abusando de su situación de superioridad o poder, agreden o maltratan a las mujeres”.

Texto íntegro de la declaración institucional:

La violencia contra las mujeres sigue siendo una pandemia global y una gravísima violación de los derechos humanos. En el año 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el día 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con objeto de sensibilizar a la población, a los estados y a la comunidad internacional en su conjunto, sobre la necesidad de eliminar cualquier forma de violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Desde entonces y, a pesar de los esfuerzos en todos los ámbitos, la realidad es que sigue dejando cifras escalofriantes de agresiones y muerte.

Quizá, el mayor avance de los últimos veinte años en materia de violencia ha sido precisamente conseguir que se visibilice y manifieste en la opinión pública como una lacra inadmisible, porque hasta finales del siglo pasado permanecía en al ámbito privado, como una herida oculta y silenciosa. Hoy ha pasado al ámbito público y ya no hay duda de que la violencia contra las mujeres afecta a toda la sociedad y que es necesario un esfuerzo compartido a todos los niveles y desde todos los frentes para su erradicación.

En pleno siglo XXI, a pesar del tenaz compromiso político del Gobierno de Andalucía en esta lucha contra la violencia y del aumento de los recursos en materia de prevención y atención a las víctimas, la violencia de género supone uno de los más graves déficits democráticos que asola nuestra sociedad y que, por su carácter estructural y su origen en patrones de desigualdad, requiere cada día más, una estrategia conjunta y efectiva de los poderes públicos para su definitiva erradicación.

Queda mucho camino por delante para conseguir que la discriminación, la violencia psicológica, económica, física o sexual, en sus variadas manifestaciones, sea un mero recuerdo. Nuestra obligación y compromiso como Gobierno, es seguir la senda iniciada y redoblar esfuerzos para que no sigan produciéndose más agresiones, humillaciones y muertes.

En este sentido, este Gobierno va a dar un paso muy importante con una próxima modificación de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género.

La principal novedad que introduce este anteproyecto es la ampliación del concepto de violencia de género más allá del ámbito de la pareja o ex pareja. De este modo, la definición incluye el feminicidio (homicidios o asesinatos cometidos contra las mujeres o contra sus hijas e hijos como instrumento para dañar a las mujeres); el acoso y las agresiones sexuales; la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; la trata de mujeres y niñas; la explotación sexual; la mutilación genital femenina; el matrimonio precoz o forzado; las violencias originadas por patrones educativos y culturales que atentan contra los derechos de las mujeres; la ‘ciberviolencia’, y cualquier otra forma que sea susceptible de lesionar la dignidad, integridad o la libertad de las víctimas.

Con el fin de reforzar la garantía de protección a la infancia y adolescencia, el anteproyecto extiende el concepto normativo de víctima a los hijos e hijas expuestos a la violencia que sufren sus madres y a los que sean agredidos. También incluye en el término ‘mujeres víctimas’ a las menores de edad, con el fin de que estas reciban la misma asistencia específica que se presta a las mayores.

Con ser muy importantes, los cambios legislativos no son determinantes. No podremos avanzar hacia una sociedad democrática donde mujeres y hombres convivan en igualdad si nos quedamos en posicionamientos políticos o normativas cambiantes en función del partido que gobierne. Es necesario un pacto institucional y social, un compromiso de todas y todos para hacer frente a aquello que amenaza los derechos más fundamentales de las personas, en este caso de las mujeres.

Por ello, en noviembre de 2015, el Gobierno de Andalucía aprobó una propuesta andaluza de Pacto de Estado para la erradicación de la violencia contra las mujeres, que fue remitida al Gobierno de la nación y donde, asimismo, se instaba a las asociaciones de mujeres, colectivos y agentes sociales a la adhesión al Pacto, con el claro objetivo de aunar posturas y esfuerzos y consciente de la necesidad de instar a la sociedad en su conjunto para unir voluntades en un amplio consenso político y social contra la violencia sobre las mujeres.

Es muy alentador que desde el Congreso de los Diputados hayan dado pasos en el mismo sentido que el Gobierno andaluz viene reclamando y se haya propiciado el debate entre los grupos parlamentarios para alcanzar definitivamente un consenso imprescindible para trabajar conjuntamente y conseguir una sociedad sin violencia contra las mujeres.

Esto significa también para Andalucía dar un paso firme, pues es un gran acuerdo colectivo que concita voluntades para que miles de mujeres víctimas de la violencia machista recuperen la fe en las instituciones y en la posibilidad de una sociedad libre de violencia.

Por ello el Consejo de Gobierno:

Manifiesta su absoluto rechazo contra la violencia ejercida contra las mujeres y hacia la vulneración de los derechos humanos que representa cualquier agresión o maltrato.

Quiere hacer llegar su solidaridad y apoyo a las familias de las víctimas, especialmente a las hijas e hijos, y su más firme condena a aquellos que, abusando de su situación de superioridad o poder, agreden o maltratan a las mujeres.

Manifiesta la necesidad de continuar en la promoción de actitudes de concienciación y rechazo social que impulsen un definitivo cambio de mentalidad sin ambages. La lucha contra la violencia concierne a toda la sociedad.

Manifiesta su satisfacción por el consenso obtenido en el Congreso de los Diputados y por el acuerdo obtenido que es el germen de un Pacto de Estado contra la violencia de Género, que coincide con el decidido compromiso de este Gobierno.

Manifiesta que está dispuesto a continuar en este camino y a redoblar esfuerzos para la definitiva erradicación de la violencia sobre las mujeres.