Para los socialistas no es suficiente que la revisión se limite a 11 de los convenios, tal y como anunció el portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, sino que la comprobación de la efectividad de las obligaciones económicas se debe extender a la totalidad de los 650 convenios suscritos.

El PP ha manifestado que llevará a cabo la revisión de esos 11 convenios por indicación del Tribunal de Cuentas. Pero los datos facilitados por dicho tribunal revelan que los perjuicios ocasionados a las arcas municipales por determinar de forma arbitraria el precio de los bienes transmitidos en la totalidad de los convenios superan los 189 millones de euros, por lo que no hay que limitarse a los 11 citados.

Las plusvalías en algunas transmisiones a favor de los compradores van desde el 123 % en el mismo día de la enajenación del Ayuntamiento hasta casi el 1000 % generada en 4 años. Entre otras irregularidades detectadas, ha habido transmisiones de suelo realizadas por el Alcalde que implicaban recalificaciones urbanísticas, sin ratificación posterior por el Pleno municipal, por tanto realizadas por un órgano manifiestamente incompetente y prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, por lo que, de conformidad con la legislación administrativa, serían nulas de pleno derecho.

El propio Tribunal de Cuentas, recomienda que “El Ayuntamiento debería llevar a cabo la revisión de los actos nulos por aquellas transmisiones realizadas por el Alcalde o por la Comisión de Gobierno siendo órganos manifiestamente incompetentes”. Igualmente recomienda que “la Corporación debería adoptar las medidas que considere necesarias para resarcir a la Entidad de los posibles perjuicios y exigir las responsabilidades correspondientes”.

Desde el Partido Socialista también se reclama una mayor comunicación y coordinación entre los servicios urbanísticos, económicos y jurídicos municipales. Las carencias organizativas y la falta de procedimientos reguladores del funcionamiento entre los diferentes departamentos municipales han sido un caldo de cultivo de las actividades ilícitas cometidas en el Ayuntamiento. La falta de control por los servicios económicos ha impedido que se exigieran adecuadamente todas las cantidades pactadas en los convenios.

También resulta necesario revisar la situación jurídica de estos convenios que en numerosas ocasiones se han realizado con graves perjuicios para la ciudadanía de Marbella, tanto por la cuantía económica que era muy inferior a la de mercado, como por la privación de suelo para equipamientos sanitarios, deportivos, educativos, etc.

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