Estos expedientes sancionadores son del todo necesarios para depurar las responsabilidades legales y patrimoniales, a que hubiera lugar en cada caso, de todas aquellas personas que participaron de la concesión de licencias de obras contrarias al planeamiento vigente en los años de gilismo. La instrucción de estos expedientes sancionadores permite al Ayuntamiento desviar y reclamar sobre estos las responsabilidades patrimoniales que se pretendieran vincular al Ayuntamiento.

En definitiva, proceder, como venimos insistiendo desde este grupo, a la revisión de las licencias ilegales pues, al contrario de lo manifestado por el portavoz del PP, Félix Romero, la revisión no es sinónimo de demolición. Estas es la excusa que el Partido Popular utiliza para oponerse a la revisión de las licencias que, como ya hemos manifestado, sólo reportaría beneficios para el Ayuntamiento. Pues, o bien se reconocería que la licencia no es nula, o en caso contrario se obligaría al promotor a compensar por lo expoliado vía sanción.

Hasta hoy el proceder del equipo de gobierno del PP ha ido en sentido contrario a la revisión del urbanismo salvaje del gilismo. Primero rechazaron en Pleno la propuesta del GMS de revisar las licencias de obras ilegales. Después se negaron a crear una oficina para la defensa de los intereses de los compradores de buena fe. Y por último, el equipo de gobierno ha dado instrucciones al Servicio Jurídico del Ayuntamiento para que solicite al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la suspensión de la ejecución del fallo de sentencias que ordenaban al Ayuntamiento la revisión de licencias de obras ilegales.

Para el GMS es revelador que en los 15 años de gilismo el PP nunca vio ni denunció ninguna ilegalidad urbanística de las cientos que se produjeron en Marbella; y hoy, cuando el TSJA ordena al Ayuntamiento revisar las licencias ilegales, el equipo de gobierno del PP da instrucciones para solicitar su aplazamiento hasta la aprobación del PGOU. Y todo esto mientras vuelve a acusar a la Junta de Andalucía de mirar para otro lado y de no hacer nada contra el urbanismo salvaje en Marbella. Los requerimientos del alto tribunal son un indicador más del control ejercido durante años por la Junta, pese a las acusaciones demagógicas del PP.

Los populares, lejos de continuar ese control y revisión del urbanismo ejercido por la Junta y posteriormente por la Comisión Gestora, decide hoy dar ventaja a los propietarios de las licencias de obras dadas en la época gilista que los tribunales solicitan revisar, dándoles así apariencia de legalidad y colocando al promotor en situación de ventaja en una eventual negociación sobre compensaciones, de manera que dificulta o impide la recuperación de los espacios y equipamientos usurpados.

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